La Municipalidad de Córdoba espera que el Concejo Deliberante apruebe en julio el nuevo marco regulatorio para el servicio público de transporte urbano de pasajeros.
El objetivo del Ejecutivo municipal es concretar este paso clave después del receso invernal del Legislativo, para lanzar luego el proceso de licitación y adjudicar el nuevo sistema antes de fin de año.
Con ese cronograma, el servicio comenzaría a operar bajo las nuevas condiciones a partir de marzo de 2026.
Así lo confirmaron a La Voz altas fuentes del gabinete del intendente Daniel Passerini, que siguen de cerca tanto el tratamiento legislativo como las negociaciones técnicas con las prestatarias actuales.
El proyecto fue enviado al Concejo en abril y su análisis se desarrolla en comisiones. Si los tiempos se cumplen, el oficialismo apunta a lograr la aprobación durante julio.
Desde el Ejecutivo remarcan que el nuevo marco normativo no solo ordena el sistema, sino que introduce mejoras estructurales en materia de frecuencias, condiciones técnicas de las unidades, derechos de los usuarios, clasificación de servicios y régimen tarifario.
Por eso, una vez aprobado, será la base legal para definir los pliegos licitatorios, que se espera lanzar entre agosto y septiembre. La adjudicación, según los plazos proyectados, se concretaría en octubre.
La ordenanza establece que las nuevas concesiones tendrán una duración de 10 años y deberán adjudicarse mediante licitación pública nacional e internacional.
El objetivo es atraer la mayor cantidad de oferentes posible, bajo un esquema de reglas claras, exigencias técnicas y garantías contractuales.
En paralelo al debate legislativo, la Municipalidad mantiene conversaciones con las empresas que hoy operan el sistema: FAM, Coniferal y Sibus.
Si bien la continuidad de estas firmas no está asegurada, se descuenta que participarán del nuevo proceso. Las autoridades evalúan su desempeño, capacidad operativa y proyección, en un contexto de transición que ya presenta desafíos.
FAM sigue en la mira
Cada empresa atraviesa una situación distinta. FAM, que se encuentra en proceso de reestructuración, incorporó hasta el momento 111 unidades.
No se trata de colectivos nuevos, sino usados, similares a los que ya estaban en funcionamiento. Esto le permitió salir de una situación crítica y retomar parte de sus servicios, aunque aún no alcanza los niveles prometidos en el plan operativo presentado ante el municipio.
Según el Ejecutivo, a este ritmo deberían haberse incorporado entre 150 y 160 unidades.
Coniferal todavía mantiene la operación de las líneas 30 y 34, además de los corredores 1, 4 y 6. Desde la Municipalidad destacan que la empresa cumple con lo comprometido, aunque no está en condiciones de expandirse.
“No hace más de lo que puede, pero cumple con lo que se compromete”, sintetizó una fuente oficial.
En el caso de Sibus, el principal problema es la flota. Aunque ya tiene asignadas las líneas 30 y 34 por convenio precario, aún no logró hacerse cargo de ellas por falta de colectivos suficientes.
El Ejecutivo aún analiza una posible reconfiguración, que incluiría transferencias de recorridos entre empresas. Una de las opciones es que Coniferal absorba algunas líneas de FAM que hoy no se prestan con eficiencia, y que Sibus termine de asumir las que tiene asignadas una vez que cuente con la flota necesaria.
Siguen faltando coches
Uno de los obstáculos que enfrenta el proceso es la incorporación de unidades. Desde el Ejecutivo señalan que no se trata de una cuestión financiera, ya que existen fondos disponibles y acuerdos firmados con proveedores.
El problema es la disponibilidad de vehículos. “No hay colectivos. No es un tema de plata. Es un cuello de botella del mercado. Aunque en Buenos Aires sobran, no están listos para venir. Y los que hay disponibles son usados, con límites legales”, explicó un funcionario que participa de las negociaciones.
El marco regulatorio
El nuevo marco establece parámetros técnicos precisos para las unidades. Las convencionales (a diésel o nafta) deberán tener una antigüedad máxima de ocho años al ingresar, y una vida útil no superior a 12 años.
En el caso de las sustentables (eléctricas, híbridas o a gas), podrán tener hasta 10 años al momento de sumarse y seguir operativas hasta los 15 años. Todas las unidades deberán contar con piso bajo, rampas, espacios reservados, GPS y botón antipánico conectado al Observatorio de la Movilidad.
El proyecto también redefine la prestación del servicio. Se distinguen recorridos troncales, de enlace y barriales, con servicios ordinarios, expresos, diferenciales y especiales.
El cumplimiento de las frecuencias será obligatorio y auditado. Incluso en contextos de conflicto gremial, los servicios esenciales deberán sostener al menos el 30% de la frecuencia habitual. Esa exigencia, según remarcaron desde el Ejecutivo, busca evitar que se paralice completamente el sistema durante las medidas de fuerza.
En cuanto al régimen tarifario, la ordenanza fija una fórmula polinómica para calcular el valor del boleto, que incluirá costos operativos, extensión de recorridos, cantidad de boletos vendidos, subsidios e inversiones en tecnología.
El Concejo Deliberante deberá aprobar un mecanismo de actualización, que no podrá superar una periodicidad de tres meses. Los ingresos serán administrados a través de un fideicomiso específico, y la Municipalidad podrá subsidiar la demanda con aportes al sistema.
Habrá además beneficios tarifarios para estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables. También se garantizará la gratuidad para menores de cuatro años, policías e inspectores municipales en servicio, y autoridades electorales durante los comicios.
Otro punto central será la obligatoriedad del pago electrónico. Todas las unidades deberán contar con dispositivos para acreditar viajes con tarjetas o plataformas digitales.
La interoperabilidad será un principio rector, para facilitar el uso del sistema sin depender de un único proveedor o aplicación.
