La Municipalidad de la ciudad de Córdoba encara 2026 con una agenda cargada de definiciones estructurales y con la mirada puesta en el calendario electoral de 2027. En el Palacio 6 de Julio anticipan que la gestión de Daniel Passerini volverá a insistir con su objetivo más ambicioso en materia de movilidad: la aprobación del marco regulatorio del transporte urbano.
El proyecto ingresó al Concejo Deliberante en abril de 2025, pero no logró avances significativos. Ahora, el Ejecutivo resolvió convertirlo en uno de los ejes del período parlamentario que comenzará en marzo, con la expectativa de saldar una discusión que viene demorada y encarar luego una licitación que consolide el reordenamiento del sistema.
En el entorno del intendente, admiten que el esquema actual logró salir de la “terapia intensiva”, aunque reconocen que el servicio todavía está lejos del estándar que reclaman los usuarios.
También subrayan que Grupo Fam —la prestataria que acumulaba mayores conflictos— normalizó su funcionamiento y abrió un período de calma relativa en la prestación diaria.
Según la lectura oficial, el ingreso de capitales privados permitió que el Estado municipal empezara a retirarse de manera paulatina del sostenimiento total del esquema financiero. Esa estabilidad es considerada apenas un piso mínimo para avanzar con transformaciones de fondo.
Cambio de paradigma
El objetivo central de 2026 será aprobar el marco regulatorio y enfrentar una licitación que termine de consolidar el reordenamiento.
En esa hoja de ruta, la visión del Ejecutivo apunta a un cambio de paradigma económico: migrar de un esquema de subsidio a la oferta hacia un subsidio directo a la demanda.
En esa etapa, la tarjeta Sube y las billeteras virtuales ocuparán un lugar clave para integrar atributos sociales nacionales, provinciales y municipales. El sistema contempla beneficios específicos, como el boleto obrero, con el argumento de garantizar el acceso al transporte para sectores trabajadores.
El texto que el oficialismo buscará reactivar en el Concejo establece nuevas exigencias de calidad e introduce una categorización del servicio en “masivo”, “diferencial” y “servicios especiales”.
En ese marco, también se discutirá la obligación de que las unidades incorporen GPS, cámaras de seguridad y rampas para personas con discapacidad.
Otra exigencia relevante es el tope de antigüedad de la flota: el proyecto fija un máximo de 10 años para los vehículos de las concesionarias, con el objetivo declarado de sostener estándares mínimos de confort para los pasajeros.
En materia tarifaria, la iniciativa plantea una fórmula polinómica para el cálculo del boleto, que contemple costos operativos, personal e inversiones, con revisiones semestrales.
“Servicios esenciales” en emergencias
Entre los puntos más novedosos, aparece la creación de la figura de los “servicios esenciales de emergencia”, prevista para escenarios de conflicto gremial. La propuesta establece que el sistema deberá garantizar una prestación mínima del 30% en horas pico, ante paros o medidas de fuerza de los choferes.
Mientras se discute la licitación del transporte urbano, el municipio endurecerá su postura frente a la movilidad por aplicaciones. En el Palacio 6 de Julio aseguran que 2026 será el año del control estricto, tras el período de empadronamiento que finaliza en febrero.
En ese marco, los inspectores municipales saldrán a fiscalizar con mayor intensidad desde marzo. La directiva es sancionar a conductores que no estén en regla: quienes no figuren inscriptos en el registro municipal y operen mediante una app recibirán las multas correspondientes.
La gestión de Passerini también ratificó una “línea roja” respecto del transporte de pasajeros en motocicletas. La postura oficial se mantiene tajante ante la proliferación de aplicaciones que ofrecen ese servicio en la ciudad: el Ejecutivo sostiene que no permitirá su funcionamiento bajo ninguna marca o modalidad. Esa negativa se alinea, además, con la idea provincial de restringir el desplazamiento en moto a una sola persona como herramienta para combatir la inseguridad.
El contrato de la basura
La higiene urbana aparece como la otra gran prioridad de 2026, si el municipio logra encauzar el debate del transporte. El contrato vigente de recolección de residuos se adjudicó en 2018 y vence a fines de 2026.
El Ejecutivo cuenta con la posibilidad técnica de aplicar una prórroga, pero la señal política es otra: revisar el sistema completo y avanzar hacia una nueva licitación internacional que responda a necesidades ambientales y operativas actuales.
En el municipio sostienen que la estabilización del servicio habilita ahora una discusión de fondo, que incluya intervención judicial para combatir basurales a cielo abierto mediante denuncias penales.
La futura licitación involucrará un presupuesto “blindado” de miles de millones de pesos para asegurar la prestación. Los pliegos buscarán incorporar conceptos de economía circular y valorización de materiales, con una mirada metropolitana sobre la gestión de residuos.
El objetivo es diseñar un “pliego ambiental” que, según el enfoque oficial, supere la lógica tradicional del enterramiento sanitario. La nueva orientación fomentaría el reciclado y la creación de corredores ambientales, para reducir el impacto ecológico dentro del ejido urbano.
En paralelo, el ente municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys) continuaría con un rol activo en el mantenimiento de la limpieza de calles, mientras el municipio enfatiza que la coordinación con localidades vecinas será clave, dado que una porción relevante de residuos ingresa desde el área metropolitana.
Obras y economía
En infraestructura, la perspectiva para 2026 será pragmática y se alejará de anuncios de obras de gran escala. La gestión buscará enfocarse en el “metro cuadrado” del vecino: bacheo, luminarias, desagües y recuperación de plazas.
El municipio dispone de un paquete de inversiones superior a 26 mil millones de pesos, que se ejecutará junto con el Gobierno provincial.
El esquema implica que el 70% de los fondos los aporta el Centro Cívico y el 30% restante la Municipalidad. Con ese financiamiento compartido, el objetivo es avanzar en la pavimentación de 800 cuadras en distintos barrios y ejecutar obras de cloacas en diversos polígonos, para mejorar la situación sanitaria.
También se plantea finalizar obras emblemáticas como el edificio del ente BioCórdoba, sobre avenida Sabattini, para densificar funciones administrativas.
La agenda del año no ignora el contexto económico nacional. En la Municipalidad admiten que las expectativas de mejora no se reflejaron aún en lo concreto y que la preocupación central pasa por el impacto social y sanitario de la crisis en los sectores más vulnerables.
Según el diagnóstico oficial, el municipio absorbió casi toda la demanda social ante la falta de envío de fondos desde la Nación. En salud, reportan un aumento del 40% en el uso del sistema público municipal, por la pérdida de obras sociales, mientras los costos de insumos obligaron a reasignar partidas para sostener la atención en dispensarios y hospitales.
En ese marco, la gestión buscará una reactivación impulsada localmente, para contrarrestar el parate económico. Entre las medidas previstas, figura una baja del 30% en las tasas para unos 20 mil comercios que estén al día con sus obligaciones tributarias.
Para Passerini, 2026 aparece como un año bisagra. En su entorno sostienen que la administración necesita mostrar resultados concretos en los próximos 12 meses, para llegar competitiva al turno electoral de 2027.
