La muerte de dos mujeres que ejercían el trabajo sexual en el último mes deja en evidencia una vez más la desprotección de las personas que viven o complementan sus ingresos con esta actividad.
Desde las organizaciones de trabajadoras sexuales denuncian que mientras el Estado no reconozca la actividad como un trabajo, esta seguirá siendo una clandestina e irregular y seguirá funcionando sin ningún tipo de control y protección para sus trabajadoras.
A su vez, indicaron que la actividad se amplió y se diversificó en los últimos años. Por un lado, la crisis económica conlleva la incorporación de entradas económicas y por otro lado, muchas personas que trabajan a través de páginas web y redes sociales, que no implican una exposición en la calle.
Sofía Agustina Bravo, una joven trans de 26 años oriunda de La Carlota desapareció el 6 de enero y su cuerpo fue hallado este sábado 14 en cercanías a la zona de la ruta donde ejercía el trabajo sexual. Por el asesinato hay un camionero detenido imputado por femicidio.
Anahí Bulnes, 36 de años, desapareció el 5 de diciembre de 2022 y la semana pasada la fiscalía que investiga su asesinato determinó que las pruebas de ADN del departamento del imputado, Santiago Campos Matos (37), son de la mujer. Con ello la carátula y su imputación cambiaron de homicidio a femicidio, ya que se presume que el contexto en el que sucedió era el del trabajo sexual. Además la querella de la familia de Bulnes hace hincapié en los antecedentes de violencia sexual de Campos Matos contra una niña.
Una violencia específica contra las mujeres
Más allá de si es una elección voluntaria o dada por la necesidad económica, lo cierto es que en una sociedad regida por un sistema social y cultural patriarcal, las mujeres sufren distintos tipos de violencia por su género y en algunos contextos, como el del trabajo sexual, esta vulnerabilidad se intensifica.
“En la calle nos roban, nos amenazan, estamos expuestas a que nos maten. Y esto no solo pasa en Córdoba, sino en todo el país y en todos los países de la región. Seguimos trabajando en la clandestinidad”, dijo en diálogo con La Voz Blanca Mendoza, secretaria gremial de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, de Córdoba.
Entre las trabajadoras sexuales suelen avisarse a qué lugares van, pero no en todos los casos, ni en forma constante. Desde Ammar dicen que también hay -al menos en Córdoba- buena relación con la Policía y que ya no hay persecución como décadas atrás. Las estrategias para garantizar una cierta seguridad se multiplican en el rubro, pero no son suficientes frente a hombres violentos que no las reconocen como mujeres ni como trabajadoras y les arrebatan su vida en un instante, considerándolas objetos de su propiedad.
En un comunicado de Ammar Córdoba habían expresado a raíz del caso de Bulnes: “Debemos ocultarnos porque se nos estigmatiza y condena con base en moralismos odiantes. Insistimos en que nuestras vidas importan, que la sociedad y las instituciones del estado deben respetarnos y representarnos”.
A raíz del asesinato de Sofía Bravo dijeron: “Otro travesticidio, otra compañera sin vida, otra historia truncada, otra familia destrozada y la gran comunidad que somos llora, pero también saca fuerzas de flaquezas para continuar con nuestra lucha. Lucha a la que se nos empuja solo porque elegimos un modo de vida que algunos pocos no aprueban, esos que viven del odio abstracto sustentando el engranaje de una sociedad intolerante y feroz”.
Blanca Mendoza recordó que las trabajadoras sexuales son “un tipo de trabajador más de la sociedad”, que aportan impuestos como todos, que también son madres, tías, amigas, pero que no tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores como una obra social, una jubilación, ya que la actividad no está registrada.
Posiciones
En contraposición a estos pedidos del sector, otra parte de la sociedad y del movimiento feminista defienden la abolición de la actividad, es decir que desalentar el sexo pago pero no sancionar el ejercicio. Esta corriente considera que las mujeres que ejercen la prostitución son explotadas de alguna manera, aunque lo hagan voluntariamente. Para esta perspectiva, la mujer que se dedica a esta actividad es una víctima de la sociedad machista y desigual, un mero “objeto sexual de los hombres” que pagan por sus servicios.
El reglamentarismo en cambio considera que la prostitución es un trabajo, que las mujeres y hombres son libres de elegir en qué desempeñarse laboralmente, incluso vendiendo servicios sexuales.
“Más allá de la discusión de si es o no trabajo, lo cierto es que en esta sociedad hay una falta de inclusión y queda en evidencia las compañeras grandes que necesitan laburar a través de emprendimientos o quieren hacer otras actividades y no hay apoyo institucional”, dijo Eugenia Aravena, representante de la Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, quien indicó que desde la organización se viene denunciando “hace mucho tiempo la falta de políticas públicas”.
A su vez, Mendoza dijo respecto al abolicionismo: “No queremos que hablen por nosotras. Tenemos voz propia y elegimos ser trabajadoras sexuales, sabemos lo que hacemos. Todos los trabajadores de la actividad que sea lo hacen por necesidad, a veces llegamos a ciertos trabajos por necesidad o en forma voluntaria. Con el trabajo sexual es lo mismo”.
Reclamo al Estado
Desde las organizaciones de trabajadoras sexuales reclaman que se trate una ley de trabajo sexual que reglamente la actividad, al igual que formar parte de las políticas públicas que tienen que ver con el sector.
“Desde que se intentó registrar la actividad en registro del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se bajó a los pocos días, no se hizo más nada. Hemos presentado notas en todos los ministerios, hemos tenido diálogo con muchísimos funcionarios y funcionarias que se comprometen a tener en cuenta nuestras necesidades y luego no hacen nada. La mesa de diálogo que iban a realizar nunca se hizo”, explicó.
Por su parte, Aravena mencionó que desde la Red realizaron relevamientos de las necesidades de las trabajadoras sexuales de todo el país pero que no han conseguido que se las incluya en programas como el Producir o Incluir, entre otros. “Hay una clara decisión de no atender las necesidades del sector”, dijo Aravena.
Luego concluyó: “Estoy en contacto con compañeras de todo el país y la sensación de desprotección es general. Necesitamos mejorar la calidad de vida del sector en forma urgente”.
