La Justicia cumplió la orden de desalojo que pesaba sobre las 30 personas, incluido 15 niños, del complejo ubicado barrio Villa Rivera Indarte de Córdoba capital. Y las personas que fueron estafadas tienen que abandonar el lugar.
Luego de la suspensión por la lluvia, el miércoles pasado, la medida se hizo efectiva a través de una oficial de Justicia. Y las familias deben abandonar el predio Quicharizcas, donde compraron los terrenos de buena fe a Juan Carlos Ordóñez, entre 2013 y 2022, con un derecho posesorio, y resultaron estafados por el vendedor.
“Nos arruinaron la vida. Acá quedaron todos los sueños. No sabemos a dónde vamos a ir. Tengo mis cosas en diferentes casas de amigos”, dijo Paula, una de las damnificadas.
Las personas desmantelaron sus viviendas construidas a lo largo de los años que estuvieron en el predio. Franca Viñaraz, otra vecinas damnificadas, relató que el martes desarmaron las viviendas, lo único que quedaron fueron los pisos y las paredes. “Fue un espanto”, contó.
Y agregó que es inhumano el modo en que se manejó el procedimiento de la Justicia.
Las familias pedían seguir ocupando el predio hasta el 20 de enero porque las casas están en pie. Las viviendas tienen agua y luz en el predio, pero quedaron desmanteladas. Ese plazo se cumplió y los vecinos podrán retirar lo último que les quede en pie, pero antes deben pedir permiso para ingresar.
Solicitaron “ayuda del Gobernador y al Intendente de Córdoba. Ellos pueden negociar con el privado”. Y Viñaraz agregó que sufren de daño psicológico, y agotamiento físico, por defender los terrenos que compraron de buena fe.
Muchas de las personas sacaron créditos hipotecarios, y con las tarjetas de crédito, y hoy tienen que seguir pagando las deudas, pero se quedaron sin sus hogares.
Una compleja situación para las familias
La abogada de las familias, Julia Irazoqui, afirmó que jurídicamente es una situación extremadamente compleja. Es un predio de 9.000 metros que tiene más de 30 años de litigio, cuyo propietario es Quicharizcas S.A.
Además, dijo que las familias denunciaron penalmente a Ordoñez, junto a Luis Vanni como participe de las estafas ya que hacía los planos y les vendía. Ambos fueron condenados, pagaron una fianza y tienen prisión domiciliaria.
“Ordoñez aprovechó que había una quiebra, ocupó el terreno y comenzó a vender, pero luego Quicharizcas levanta esa quiebra y le revocaron el poder a Ordoñez”, contó la abogada.
A la vez, agregó que todas las demandas de la Justicia que les llegaban a las familias las recibía Ordoñez y nunca les avisaba. Recién se enteraron en noviembre de 2022 al ser notificados de que iban a ser desalojadas. Y lograron frenar el desalojo.
En esta oportunidad, “desde el punto de vista jurídico la jueza es determinante y la orden de desalojo la tiene que ejecutar. Se desaloja al demandado y a las personas a las que les vendió los terrenos”.
Y dijo que las personas llegaron muy tarde para defenderse y es imposible remediar una resolución judicial cuando la sentencia está firme. “En Córdoba hay muchos casos similares a este con estafadores presos”, indicó.
A la vez, reconoció que la secretaria de Derechos Humanos y la Municipalidad de Córdoba intentaron tomar participación en el juicio de desalojo pero fueron rechazados por la Justicia.
Lo mismo sucedió con el pedido de intervención por parte del Defensor del Pueblo, Mario Decara, por carecer de legitimación procesal.
Una de las opciones que presentó Irazoqui a la contraparte era la posibilidad de que los damnificados volvieran a pagar por los terrenos pero fue rechazado en todas las instancias de mediación.
Otro reclamo por estafa
Por otra parte, otro vecino declaró que hace casi 20 años compró a Quicharizcas dos hectáreas, en concurso de acreedores, y ahora reclama esa parte.
“El arreglo era que ellos escrituraban a mi nombre y yo pagaba las deudas. Pagué y pidieron la quiebra. Me desapoderaron de la escrituración”, afirmó Jorge Salman.
Y agregó: “Me estafaron. Me quedo acá porque se está por cumplir la fecha por usucapión que son 20 años”.
Salman dijo que tiene los planos hechos por agrimensura en 2021, cuando no había tantas construcciones. Y que la jueza Asrin lo desconoce como poseedor. “Ahora me entero de este desalojo a un empleado (Ordoñez) y que me quitan la posesión. Tengo los boletos que me dieron los dueños” apuntó.
Qué dicen los dueños
Juan Martín Aliaga Gollan, abogado de Quicharizcas S.A, que reclama hacer la posesión de los terrenos donde construyeron las familias, manifestó que desde que la sentencia quedó firme, en 2019, las construcciones siguieron sucediéndose.
Incluso algunas posesiones están en una calle publica, con juicio de desalojo y sentencia firme. “Ordoñez tiene una causa penal por estafar a la gente y Quicharizcas también es perjudicada”, admitió.
Además, se refirió a la situación por la que están pasando las familias y dijo que es lamentable. “Nos accede porque también somos perjudicados. Llevamos como 15 años sin poder tener los derechos sobre nuestras”, afirmó.
Y aclaró: “No tenemos más nada para hacer salvo tomar la posesión, eso depende de la Justicia”.
