El problema de los subsidios a los servicios públicos en Argentina adquirió tal dimensión en los últimos años que se ha convertido en un verdadero nudo gordiano, que nadie se anima a desatar.
Los gobiernos kirchneristas se negaron sistemáticamente a tocar el esquema plano y universal instaurado tras la crisis de 2001, que sin dudas permitió contener el impacto de las tarifas sobre el poder adquisitivo de la población, pero que a todas luces fue inequitativo toda vez que terminaba beneficiando en mayor medida a los segmentos poblacionales con mayor consumo y capacidad de pago.
Luego, la gestión macrista avanzó parcialmente sobre dicho modelo, pero lo hizo aplicando recortes tan gruesos e intempestivos, y sin considerar situaciones especiales de las familias de menores recursos, que terminaron complicando sobremanera los presupuestos domésticos de amplias franjas de los sectores medios-bajos y bajos, al punto que muchos hogares no pudieron en aquellos años pagar las boletas del gas y de la luz.
Ahora, empujado por el acuerdo con el FMI y no sin generar fuertes “ruidos” políticos al interior de la coalición gobernante, la administración de Alberto Fernández se plantea un esquema intermedio que permita contener la enorme sangría fiscal que genera el actual esquema. El desafío es el mismo: reducir los subsidios con un criterio progresivo y afectando lo menos posible el bolsillo de los sectores más desprotegidos.
Según un informe técnico de abril pasado de la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Nación, la estructura de utilización de electricidad y gas natural por segmento de población muestra que, si bien el consumo es creciente en función de los deciles, el gasto en energía en relación con el ingreso es sustancialmente más alto para los hogares más humildes.
Por caso, en gas natural, el decil 1 (el más pobre) destina el 18,5 por ciento de sus ingresos al pago de la tarifa, mientras que el decil 10 (el más rico) emplea apenas el 2,2 por ciento. En energía eléctrica, la brecha es igual de amplia: el decil 1 gasta el 8,9 por ciento de sus ingresos en el pago de la boleta, y el decil 10, sólo el 0,9 por ciento.
Al mismo tiempo, la actual distribución de los subsidios es mayor para los segmentos de mejores ingresos: el decil 10 se queda con el 13 por ciento de los subsidios eléctricos y con el 17 por ciento de los destinados al gas, mientras que el decil 1 sólo demanda el ocho por ciento del gasto total en subsidios que hace el Estado nacional en ambas tarifas.
Todo ello redunda en una suerte de paradoja: aunque las familias más pobres reciben individualmente mayores subsidios que las más ricas, lo que hablaría de un criterio progresivo, lo cierto es que los hogares de mayores ingresos terminan quedándose con la porción más grande del gasto en subsidios que realiza el Estado, lo que supone a la vez un sesgo global “prorrico”, según lo define el mismo informe oficial.
Conceptualmente, los subsidios a los servicios públicos son una buena herramienta de política económica, que permiten en épocas de crisis garantizar el acceso a ellos a toda la población. El problema es que hoy su aplicación se ha desvirtuado, generando injusticias que deben ser resueltas resguardando criterios de inclusión, pero también estableciendo que quienes puedan pagar más, efectivamente lo hagan.
La disponibilidad de estos recursos no es infinita, y la cuenta fiscal que financia los subsidios tampoco. Hay que desatar el nudo gordiano, con inteligencia y equidad social, antes que todos quedemos atrapados en su interior.
