El tribunal conformado en la Cámara Séptima del Crimen consideró por mayoría que Brenda Agüero fue responsable de cinco asesinatos de bebés recién nacidos y de otros ocho ataques criminales que no llegaron a ese trágico resultado. Todos los casos ocurrieron en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio de 2022.
Este es del dato saliente 1. En el Código Penal argentino no existe la figura de asesinatos en serie, sino la de homicidios calificados y reiterados. Esta es la primera vez en la historia judicial cordobesa que se condena a alguien por una saga de muertes como la que fue atribuida a la enfermera Agüero
Sólo hay una persona detenida en los penales de Córdoba con más muertes atribuidas: Rodolfo de Luca, preso en Río Cuarto, condenado por un doble crimen en los años 1980, un triple crimen una década más tarde y un asesinato en una pelea carcelaria casi dos décadas atrás. La Voz lo entrevistó para el especial multimedia El purgatorio de los perpetuos.
Con cinco asesinatos, Brenda se ubicaría todavía por encima del preso más peligroso en Córdoba: Roberto Carmona. En su historial criminal, este acumula cuatro homicidios. Uno menos que los que este miércoles se atribuyeron en la condena a la enfermera.
2. Presos, en libertad
El juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal dejó una prisión perpetua para Brenda Agüero y la absolución para el exministro de Salud Diego Cardozo, según lo resuelto por los jueces técnicos y los ocho jurados populares que intervinieron. También hubo absoluciones para el exsecretario de Coordinación ministerial Alejandro Gauto y para las exjefas de Enfermería, Alicia Ariza, y de Tocoginecología, Claudia Ringelheim, así como para la médica de guardia María Alejandra Luján.
Se decidieron, además, condenas de prisión para el exsecretario de Salud Pablo Carvajal -el único exfuncionario del área central del Ministerio no absuelto- y para la exdirectora del Neonatal Liliana Asís.
La cúpula del hospital fue condenada. Junto a Asís, recibieron penas de prisión el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Neonatología Marta Gómez Flores, y una médica que estaba a cargo del Comité de Seguridad del Paciente, Adriana Moralez. Para Carvajal, pena de cuatro años; para el resto, de cinco.
Se trata de penas de prisión efectiva, aunque su ejecución queda en suspenso hasta que la condena quede firme, luego de que se resuelvan las casaciones y hasta eventuales recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El tribunal les impuso a los condenados una caución con garantías dinerarias y una serie de compromisos como no cambiar de domicilio sin dar aviso, no viajar al exterior y asistir a cada citación judicial que se les haga.
3. Una pista sobre cómo se armaron las mayorías
Recién el 23 de julio se conocerán los fundamentos del veredicto y allí se podrá saber cómo se conformaron las mayorías en cada condena y cada absolución dispuesta. Pero hay un indicio para adivinar cómo votaron los jueces técnicos en la mayoría de los casos, los vocales José Daniel Cesano y Laura Huberman. En las tres absoluciones unánimes, no hay dudas.
En el caso de Brenda Agüero –condenada a una única pena posible, la perpetua– no se puede hacer el ejercicio, pero sí en el resto de los casos donde hubo penas que estuvieron por encima de lo que había pedido el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno.
La inferencia de que votaron por las condenas se deduce del hecho de que la fijación del monto de pena es exclusivo del tribunal técnico, integrado además por la presidenta del juicio, Patricia Soria. Que hayan salido condenas por más años que los solicitados por la acusación pública advierte que había voluntad en los jueces profesionales de imponer sentencias de culpabilidad.
Va a ser clave para eventuales apelaciones de las querellas dilucidar cómo se conformó la mayoría para la absolución de Diego Cardozo, si es que en ese caso hubo un criterio diferente de los vocales técnicos en comparación, por ejemplo, con la situación de Pablo Carvajal.
4. El precio que paga la Provincia
El fallo admitió demandas civiles contra la Provincia en los 13 casos integrados en la serie. La responsabilidad penal atribuida a una empleada pública provincial, la enfermera Brenda Agüero, por hechos ocurridos en un establecimiento público como el hospital Neonatal, y la definición de que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia institucional se adivinan como las razones detrás de estos reconocimientos para las familias querellantes.
Ahora bien, el monto reconocido se distancia bastante de las pretensiones por más de 3.300 millones de pesos que se habían planteado, de acuerdo a lo que refirió el abogado que representó al Gobierno de Córdoba en el juicio, Pedro Saccone. En total, y por todos los conceptos, se debe pagar 507.761.836 pesos, con los montos más altos en cada caso asignados para las familias que perdieron hijos y, en los otros casos, directamente orientados a los niños sobrevivientes.
Los conceptos que lo justifican en esos casos son pérdida de chances futuras y gastos por tratamientos terapéuticos. En los casos con muertes, se determinó el pago de 35 millones de pesos a cada uno de los padres por “daño extrapatrimonial”.
Se rechazaron en el fallo todas las acciones civiles dirigidas a los exfuncionarios, exdirectivos del hospital y personal de salud.
Además se reconocieron pagos de honorarios a abogados y a peritos, también por montos que están por debajo de lo solicitado en las demandas.
5. Investigaciones cerradas
El fallo rechazó “por no corresponder” la petición de girar antecedentes para investigar a otras personas en esta causa. El fiscal de la Cámara Séptima del Crimen, Sergio Ruiz Moreno, pidió que se investigue a la médica Valeria Quiroga, al médico Sergio Lynch y a la funcionaria de Legales del Ministerio de Salud provincial Mariana Figueroa.
A su vez, el abogado Carlos Nayi, quien representa a tres madres que perdieron hijos en el hospital, solicitó que se investigue a estas tres personas y también al jefe de Ginecología, Obdulio Paredes; a la exdirectora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, Marcela Yanover, y al exdirector de hospitales de Capital, Esteban Ruffin.
Yanover y Ruffin estuvieron a cargo de la intervención del hospital dispuesta por el exministro de Salud Diego Cardozo tras los episodios del 6 y 7 de junio de 2022. En la etapa de instrucción, fueron investigados como sospechosos no imputados, pero la acción penal luego fue desestimada por el fiscal Raúl Garzón.
Nayi pidió también que se investigue a la enfermera Zulma Matilde Pereyra por presunto falso testimonio. Y agregó a la exjefa de Enfermería del Ministerio, Genoveva Ávila, en su solicitud. Ávila, junto a Yanover, fueron las primeras enviadas por el Ministerio tras las denuncias de la guardia fatídica de junio en la que murieron dos recién nacidas y otras dos fueron salvadas in extremis en terapia intensiva.
Ninguno será investigado.
6. La pata judicial
El fallo ordena investigar al Ministerio Público Fiscal “la situación referida por la testigo Marcela Beatriz Quaglia, según la cual el 7 de junio de 2022 personal de la Unidad Judicial N° 18 no habría querido tomar su denuncia”. En la declaración que hizo en el juicio, Quaglia relató los malos modos, el destrato y la larga espera que sufrieron las médicas que fueron a hacer esas primeras denuncias por las muertes en el hospital.
Esta situación también puede abrir una derivación: el rol que tuvo la primera fiscalía a la que llegaron estas primeras dos denuncias, que ordenó las autopsias, recibió los resultados y no hizo ningún otro avance significativo.
Tal vez más relevante es la segunda indicación a la Fiscalía General para que se investigue “la situación referida por la testigo Mariana Figueroa, según la cual el acusado Pablo Miguel Carvajal le habría expresado que aún no había presentado la denuncia, por ella proyectada, porque ‘estaba articulando con un fiscal’”.
¿Puede ser esta la puerta para reabrir la investigación que la Justicia cerró sobre qué pasó en una reunión entre el fiscal Guillermo González, Escudero Salama y el jefe de los forenses, Moisés David Dib, el 16 de mayo de 2022? ¿Se sugiere avanzar en la búsqueda de otros contactos de máximo nivel dentro del Ministerio Público Fiscal?
