La atención de las personas con discapacidad podría peligrar en las próximas semanas si el Estado Nacional no resuelve la crisis del financiamiento en la que se encuentra el sector.
En las últimas semanas en Córdoba algunas instituciones han tenido que tomar medidas extremas para no cerrar sus puertas: reducir sesiones, solicitar aportes mensuales a las familias para poder sostener a los profesionales, achicar planteles, dejar de ofrecer alimentación en los servicios de doble jornada, entre otras.
Estas son solo las primeras consecuencias de un contexto marcado por denuncias de recortes, desprotección y abandono en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por tal motivo desde distintas organizaciones de personas con discapacidad o que trabajan con ellas solicitaron que se declare la “emergencia en discapacidad”.
La misma obtuvo dictamen en comisión por el apoyo de diputados opositores pero desde la Libertad Avanza podrían vetarla por el impacto fiscal que supondría.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya manifestó su enérgico rechazo al proyecto de ley “por tratarse de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
Mientras el Congreso no resuelve una problemática que alcanza a 200 mil personas, cada día que pasa se resiente el acceso a servicios esenciales garantizados por ley.
Derechos vulnerados
La ley 22.431 establece un sistema ejemplo en Latinoamérica y el mundo que incluye atención médica, educación, seguridad social y beneficios para neutralizar las desventajas causadas por la discapacidad.
Hoy con la situación económica del país y la falta de respuesta del Gobierno nacional las familias que no pueden afrontar el pago del servicio de forma privada tienen complicaciones para sostener la atención.
Según informaron las instituciones prestadoras desde el año pasado los aranceles correspondientes al sistema de prestaciones por discapacidad —es decir los montos que reciben a través de las obras sociales regulados por el nomenclador nacional— están por debajo de lo mínimamente aceptable.
“En 2024, los aumentos fueron irrisorios: septiembre +1%, octubre +1%, noviembre +0,8%, diciembre +0,5%. Y en lo que va de 2025, los aumentos han sido cero. Todo esto, mientras los costos de funcionamiento de nuestras instituciones se han duplicado”, advirtieron.
La psicóloga y miembro de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba, Belén Frías, explicó que buena parte del conflicto podría encaminarse si las autoridades del Ministerio de Salud, Andis y la Superintendencia de Salud articulan una solución desde el “Fondo Solidario de Redistribución” (FSR), creado para financiar prestaciones médicas y de apoyo a personas con discapacidad.
Algunas voces del sector indican que en el FSR “no hay plata”, otras que sí pero que se prevé utilizar ese dinero con otros fines.
Además denuncian que desde hace cinco meses el Estado nacional no convoca al Consejo Federal de Discapacidad, espacio de diálogo y de planificación de políticas públicas del que forman parte organizaciones de la sociedad civil de o para personas con discapacidad de las regiones Patagónica, NEA, Cuyo, NOA y Centro.
La magnitud de la crisis también involucra la precarización de la tarea de los profesionales y auxiliares que trabajan en discapacidad quienes prestan un servicio de excelencia por una retribución insignificante.
“En junio algunos centros no abrirán”
Carolina Armeloni tiene un centro de rehabilitación e inclusión escolar para personas con discapacidad y es una de las referentes de esta lucha para proteger un sistema que otorga herramientas fundamentales para que puedan desarrollar una vida autónoma e independiente.
Junto a su equipo atiende a 140 familias en dos sedes en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Hace tres semanas les habló con lágrimas en los ojos de la dificultad de sostener la institución en este contexto y les pidió, a quienes pudiesen, que realicen una colaboración económica para poder cumplir el pago a los profesionales. “Este desfinanciamiento provoca que algunos centros no puedan abrir el mes que viene“, dijo.
Desde las instituciones prestadores explicaron que si este sistema colapsa las consecuencias serán devastadoras. “Tal como están las cosas hoy la realidad que se impone es que solo podrán acceder a estas prestaciones quienes puedan pagarlas. Quienes no, quedarán excluidos”, indicaron.
Finalmente Armeloni insistió que el sistema actual posibilita una atención de calidad sin importar la clase social. “La atención se convierte en una red de apoyo que cambia trayectorias de vida, sin la misma muchos niños, jóvenes y adultos estaría marginados de la sociedad”, advirtió.
Apross incrementa aranceles
Este jueves el Gobierno de Córdoba anunció que Apross actualizó los valores de las prestaciones incluidas en el nomenclador SAID (Sistema de Atención Integral de Discapacitados), alineándolos con los establecidos por la Andis con vigencia desde el 1 de mayo.
La decisión, impulsada por el Directorio del Seguro de Salud, responde a un reclamo histórico de personas afiliadas, familias y organizaciones del sector.
Según el Gobierno, la Provincia se convierte en la primera jurisdicción en equiparar aranceles con fondos propios del seguro de salud en beneficio directo de sus afiliados.
“Esta adecuación de aranceles no sólo representa una mejora para los prestadores sino que implica también una evolución en los procesos internos del organismo, que se orientan a consolidar un modelo más moderno, transparente y accesible”, aseguraron desde la entidad estatal.
