Los ataques de perros potencialmente peligros siguen ocurriendo en la ciudad de Córdoba y en el interior de la provincia. De acuerdo con el informe policial, este fin de semana largo hubo un total de cuatro personas atacadas.
Uno sucedió en la Capital, cuando una mujer de 61 años fue atacada en la calle Altautina al 3400, de barrio Bialet Massé. La víctima terminó con lesiones en los brazos y fue asistida en el hospital Misericordia.
Los otros casos sucedieron en la localidad de Tanti, departamento Punilla. Allí, una mujer de 46 años y su hija de 15, oriundas de Buenos Aires, y su sobrino de 11 años, de localidad ciudad cordobesa, fueron atacados por dos dogos de Burdeos que pertenecen a los propietarios de un albergue.
Durante el ataque, la mujer y su hija sufrieron heridas en brazos y piernas, pero no de consideración. En el caso del niño, se encontraba internado en el Sanatorio Allende, de Córdoba, por una infección y una pequeña fractura en un brazo. Los tres están fuera de peligro.
Si bien en Tanti está vigente la ordenanza 1.329, en adhesión a la ley provincial 9.685 sobre la “circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos”, el intendente local, Emiliano Paredes, indicó a La Voz que los casos de ataques se reiteran y necesitan de la potestad de la Justicia para secuestrar a los animales.
“El municipio toma conocimiento del hecho, labra el acta correspondiente. Le damos participación a la Policía, hacemos las denuncias pertinentes, pero el problema es que estamos totalmente limitados a la hora de actuar jurídicamente”, dijo el intendente.
A la vez, amplió que la normativa también incluye multas dinerarias, además de contar con una libreta sanitaria del animal, el control de vacunación antirrábica y el control de seguridad en el hogar para que los perros de “razas peligrosas” no salgan a la vía pública.
Desde que sucedió el caso de Trinidad, la adolescente muerta en Córdoba por dos dogos, en la localidad se realizaron 15 intervenciones sobre la base de la ordenanza con medidas preventivas. Además, realizan campaña de vacunación y castraciones gratuitas para identificar a los perros potencialmente peligrosos y aquellos que no lo son.
Concientizar para prevenir
En Córdoba capital existe la aplicación Huella Animal que, a través de la normativa N° 13.321, tiene por función el registro voluntario de animales de todo tipo y de razas consideradas potencialmente peligrosas. Desde julio de 2023 hasta febrero de 2024, se registraron 624 denuncias sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Y se espera que para fines de abril comience a regir la ley Trinidad, que prevé penas más duras para los tenedores de perros potencialmente peligrosos.
Además de multar, se podrá secuestrar a los animales. También incluye una licencia para paseadores, contratación de un seguro de responsabilidad civil, que cubra eventuales daños a terceros, capacitaciones sobre tenencia responsable, castraciones, entre otras. Puntos sobre los que el Ente BioCórdoba, principal órgano de control, está trabajando para ponerla en marcha.
Sobre los casos recientes, Gastón Citati, gerente de Conservación y Bienestar Animal del Ente, afirmó que las normas son para el tenedor y no para el animal.
“Buscamos concientizar al tenedor, que salga de la zona de confianza que normalmente se tiene con respecto a estos perros. Lo primero que dicen es ‘no hace nada, es buenito’ o que lo tienen por la inseguridad. Podemos tener un perro amigable que, sin embargo, en una situación de estrés, el daño que puede producir es enorme”, expresó.
Por ello, insistió en la necesidad de conocer el tipo de animal y la legislación vigente. Y remarcó que si la persona atacada en barrio Bialet Massé hizo la denuncia, seguramente la Unidad Judicial a cargo solicitará información sobre el registro y si ya tenía denuncias previas. “Si estaba suelto, tendría que haber tenido un bozal para evitar el ataque”, expresó.
Y agregó que llevará tiempo concientizar a los tenedores de perros potencialmente peligrosos “porque Córdoba es una provincia perrera y hay un arraigo cultural con ciertas razas, como la de dogos”.
Buscan prohibir las razas peligrosas
Con una medida más extrema, el legislador Rodrigo Agrelo, del partido Encuentro Vecinal, presentó en febrero un proyecto de ley para prohibir la cría, la reproducción, el tráfico y la tenencia de perros potencialmente peligrosos en toda la provincia.
El documento establece que aquellos que críen, reproduzcan, trafiquen o tengan perros potencialmente peligrosos serán sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, una multa de hasta 12 unidades de multa (UM) o con arresto de hasta seis días.
Las personas que ya tienen estas razas pueden conservarlas con tres condiciones, indicó el legislador: que sean castrados (hembras y machos), que los inscriban en un registro provincial y que cumplan con las estrictas medidas de seguridad que establece la ley.
Actualmente, el proyecto se encuentra en estado parlamentario y se están constituyendo las comisiones para tratarlo. “Esta semana, voy a solicitar su tratamiento”, contó Agrelo en diálogo con La Voz.
Y agregó: “Si nosotros como sociedad, y especialmente el Gobierno, no tomamos el toro por las astas, las tragedias van a seguir. Tiene que ser una decisión política, que tiene un costo económico, pero el costo humano es el más grave, y no lo podemos pagar”.
El proyecto de Agrelo propone reducir drásticamente la población de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino, doberman, pampa argentino, pitbull terrier, entre otras, mediante dos medidas: previsión de la cría para evitar la multiplicación y la castración masiva de machos y de hembras.
“Con estas dos medidas, vamos a bajar la población, y esta quedará reservada exclusivamente para las fuerzas de seguridad. Porque las razas no necesariamente van a desaparecer, sino que se van a autorizar solamente si las fuerzas de seguridad lo requiriesen”, manifestó.
Al, respecto, Citati, del Ente BioCórdoba, opinó que el proyecto del legislador “tiene una base muy grande de las ordenanzas vigentes”. La única diferencia es que este tiende a la extinción de las razas, y eso es algo que el Ente no lo ve como positivo porque entiende que la cría de estas razas en manos adecuadas reduce la peligrosidad.
“Apuntamos a una cría responsable. Por eso, la ordenanza Trinidad indica que los criaderos tienen que enviarnos periódicamente sus registros de movimientos, cuántos nacieron, cuántos se entregaron. Con eso, vamos a saber a quién se entregó y verificar si el animal está registrado”, apuntó.
