Este martes se cumplen dos meses desde que se presentara un amparo en la Justicia de Córdoba para solicitar la muerte digna en un paciente internado en el hospital de Urgencias. Los familiares de J.S. (el hombre de 64 años que se encuentra en estado vegetativo) solicitan el retiro de la alimentación y la hidratación artificial.
Diva Ibargüengoytía, abogada patrocinante de la familia, aseguró que “es delicado” el estado del paciente. “Todos los días sigue empeorando. Hace unas semanas, empezó con convulsiones y comenzó a recibir medicación para eso. Se siguen agravando las escaras que tiene en el cuerpo”.
El amparo fue presentado por la hermana, una de las hijas y la cónyuge del paciente, que pidieron reserva de identidad. La abogada informó que ningún familiar se opuso al retiro del soporte vital.
El hombre se encuentra internado desde el 12 de marzo en el hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Permaneció en terapia intensiva hasta el 5 de mayo, cuando fue derivado a sala común. Ese día –por sugerencia del comité de bioética del hospital–, la familia firmó un consentimiento para habilitar la adecuación del esfuerzo terapéutico. Autorizó al equipo de salud a no reanimarlo frente a un paro cardio-respiratorio y al retiro del soporte vital.
El 10 de junio se concretó la adecuación del esfuerzo terapéutico y al paciente se le retiró el soporte vital. Cuatro días más tarde fue reconectado ya que el equipo médico que lo trata sostuvo que no estaban dadas las condiciones para asegurar que el estado vegetativo del paciente sea permanente.
En este caso intervino el Comité de Bioética conformado por ley para resolver situaciones dilemáticas. La entidad recomendó que se respete la voluntad del paciente “sin dilaciones”. Sin embargo, el caso recayó en la Justicia.
El 29 de junio, los familiares presentaron un amparo contra la Municipalidad de Córdoba y el hospital de Urgencias. Solicitaron que se respete la voluntad del paciente y el retiro del soporte vital. El trámite recayó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación, integrado por María Soledad Puigdellibol, Daniela Susana Sosa y María Inés Ortiz.
Dos meses más tarde, el caso sigue sin resolverse.
Pedidos de intervención
Las camaristas citaron a las partes involucradas, incluido el experto Carlos Soriano, y escucharon el dictamen del comité de bioética que preside el exvocal del Tribunal Superior de Justicia, Armando Andruet.
El asesor letrado Carlos Mauricio Romagnoli intervino en la defensa de los derechos del paciente. Su figura se manifiesta cuando una de las partes involucradas no puede defenderse por sí misma, por encontrarse J.S. en estado vegetativo.
Ibargüengoytía informó que el dictamen del asesor fue favorable: “Habló de la dignidad de la persona y apoyó el pedido de la familia. Hizo referencia a que este tipo de cuestiones no deben judicializarse y solicitó a las juezas un fallo ejemplar”.
La semana pasada, las abogadas patrocinantes presentaron un escrito pidiendo que la cuestión se resuelva lo antes posible, dado que la salud del paciente se está deteriorando.
El lunes pasado, la jueza María Inés Ortiz solicitó la intervención de peritos del Poder judicial. Firmó un decreto pidiendo que el “cuerpo integrante del comité consultivo y operativo en prácticas médicas y sanitarias de bioética” de la Justicia de Córdoba realice una junta médica para informar sobre las características de las lesiones y de las secuelas del paciente.
Hace unas semanas, tanto el asesor como algunas juezas visitaron al paciente en el hospital.
Según relató la abogada patrocinante, Ortiz también solicitó la opinión de cinco instituciones (entre ellas, el Ministerio de Salud provincial, el Colegio de Abogados y el hospital de Clínicas) para que fundamenten algunos conceptos, como por ejemplo qué significa un estado vegetativo persistente o permanente. Las partes tienen siete días para contestar los oficios.
