La crisis en salud es terminal. El 7% de las clínicas privadas del país -1670 centros de atención- está en riesgo de cierre y hay ya unas cuantas en convocatoria de acreedores.
En la administración actual vencieron dos de los pulmotores artificiales con los que funcionaba el sector de la salud privada: la emergencia sanitaria, que le impedía a la Afip ejecutar deudas tributarias tanto de las obras sociales como de los prestadores y el famoso decreto 300/2020, que las aliviaba en el pago de las contribuciones patronales, del impuesto al cheque y les otorgaba a quien lo pidiese una ayuda salarial (Repro) de 150 mil pesos al mes por empleado.
La emergencia cayó en diciembre pasado y la vigencia del decreto termina ahora en abril.
Según entienden en el sector, las medidas paliativas no serán prorrogadas: esto implica un aumento del 18% directo sobre los costos salariales del sistema, sin incluir un peso de aumento a los trabajadores de sanidad. Si se abonara el 9% que se reclama en paritaria, la suba a afrontar llega al 27% para el sector empresario.
La Afip tiene un listado de cinco mil Cuits de centros asistenciales en condiciones de ser ejecutados a partir del 30 de junio. Hay en la Argentina 25.264 prestadores privados: ninguno en condiciones óptimas.
A esto se agrega una caída drástica del financiamiento. Hoy el sistema se costea con una tasa obligatoria sobre los ingresos de los trabajadores, que son los aportes a las obras sociales que hace el empleado y su empleador y una cuota voluntaria que se abona a los seguros de salud, que son las prepagas.
Hay acá seis millones de afiliados: dos millones “puros” y el resto deriva su aporte de la obra social y paga (de su bolsillo o lo hace el empleador) una diferencia. En las obras sociales hay 15 millones de personas.
Los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y además, muchos gremios han logrado negociar aumentos no remunerativos, no sujetos a aportes; por ende, no llegan a las obras sociales sindicales.
Las prepagas tuvieron entre diciembre de 2019 y el 2023, según indica el economista Esteban Domecq, aumentos del 588% frente a una inflación general del 890%.
Desde la asunción de Javier Milei hasta marzo subieron 129%: bastante por encima del 90% de la inflación pero no muy lejos de otros aumentos, como los servicios públicos (123%), los combustibles (166%) o el transporte público (191%).
Sin profundizar en las razones de lo que pasó ahí (si se cartelizaron, si la culpa es del Gobierno que liberó por completo los precios del sector, si encontró Luis Caputo un enemigo perfecto, si el atraso ya era insostenible, etcétera) lo cierto es que los prestadores tendrán menos ingresos dado que esperaban una recomposición de aranceles que ya no ocurrirá.
¿Y entonces? Los especialistas en políticas de salud advierten sobre la urgencia de abordar el problema, si no es por las buenas, al menos por el miedo a las malas: quien pierda la cobertura en el sistema privado agregará presión al sistema público de salud, ya desbordado, desfinanciado y sin plata.
“Hay que tener una política a 20 años, el tema es que por no tener esa política de acá a 20 años hagamos una macana ahora, porque lo que se rompe no se arregla más”, advierte Carlos Regazzoni, médico y especialista en salud pública.
“Si no ponemos paños fríos ya, estamos cerca de que se rompa, sobre todo los prestadores: si cierran será un problema muy serio”, agrega el también ex titular del Pami durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Estamos acostumbrados a tener un acceso a salud de nivel internacional sin ningún tipo de restricciones y cuando hay alguna restricción, la Justicia concede un amparo. Pero eso no es real: el costo de la salud en el mundo sigue avanzando y la Argentina está atravesando un momento muy difícil”, sostiene Marcos Lozada, titular de la Cámara de Empresas de Salud de Córdoba (Caescor).
El prestador tiene un ciclo de 100 a 120 días entre que ofrece el servicio y cobra. Ergo, la inflación creciente y la devaluación de diciembre fueron letales: “En siete meses se les confiscó el capital de trabajo a las clínicas”, dice Lozada. “El sistema está en modo supervivencia”, subraya. “Esto es insostenible, la situación es terminal”, coincide Ignacio Escuti de Aclisa, la otra entidad que agrupa a las clínicas de Córdoba.
¿Y entonces? “Hay que aliviar los costos del sistema”, sintetiza Regazzoni.
Todas opciones difíciles
Casi todas las opciones que se evalúan en el sector para frenar la caída pasar por reducir las prestaciones a los pacientes. Estas son las que se mencionan:
Reducir el gasto en medicamentos. Los financiadores de la salud advierten una suba desmesurada de este rubro. El Apross provincial, que presta servicios a 610 mil afiliados, pasó de gastar un promedio histórico del 33% en este rubro al 50% actual. A todos los financiadores les ha pasado lo mismo.
Ahí suceden varias cosas: abuso de las prescripciones, incorporación progresiva de coberturas al 100% e ingreso de innovaciones tecnológicas que son de altísimo costo en el mundo, como las drogas monoclonales o biológicas. Por ejemplo, una medicación biológica para la artritris reumatoidea cuesta $3 millones mensuales cuando el afiliado promedio de todo el sistema paga $90 mil al mes. Una sesión de quimioterapia tradicional cuesta $200 mil y una monoclonal, $1,5 millón.
No hay chances de que un seguro de salud pueda afrontar medicaciones de un millón de dólares al mes, más las que ingresan vía amparo judicial. “Hay que hacer como Uruguay, un seguro de salud universal y que esas innovaciones sean costeadas por fuera del sistema”, dice Regazzoni. Torres sugiere también la creación de una Agencia Nacional de Tecnología que evalúe qué se incorpora y qué no.
Además de todas esas razones lógicas, hay un dato del que se habla poco en la Argentina: la presión de la industria farmacéutica. Hay en el país 354 laboratorios pero los primeros 10 facturan el 51% del total. Un simple ejemplo de sobrecostos: se resisten a la monodosis. Así, un medicamento que se debe tomar 10 días viene de seis o de 12: o comprás menos o comprás más.
“Definir una política de medicamentos es un tema que está pendiente y es un problema propio del sistema”, señala Rubén Torres, experto en políticas de salud. Y apunta a los genéricos: “Argentina no tiene un mercado de genérico, en América Latina entre el 10 y el 20% del consumo es de genéricos y eso en Argentina está por debajo del 2%”, señala. “Un genérico no es discutible, pasó por las pruebas de bioequivalencia y de biodisponibilidad, no hay genéricos en el país, hay medicamentos de marca”, advierte.
Rediscutir el Plan Médico Obligatorio (PMO). “En los últimos años hubo más de 70 leyes que incorporaron coberturas al PMO y que no indicaron cómo se iban a financiar”, advierte Torres. “Hoy el PMO no cumple ninguna de las condiciones que debe tener un conjunto de prestaciones mínimas”, agrega.
Regazzoni coincide: sugiere hacer un PMO de emergencia, básico, y que los financiadores puedan ir agregando “niveles” de cobertura, como los seguros, de modo que los afiliados puedan elegir según precio.
Excluir la consulta médica del PMO. La iniciativa es polémica, aunque algunos especialistas la consideran racional: Regazzoni sostiene que la consulta al médico (no la urgencia) debe ser abonada de manera particular por el afiliado.
El extitular del Pami sostiene que hoy, al ser “gratis”, hay un sobreuso de la consulta, que invariablemente termina en una receta que indica un medicamento o una práctica específica. Pasan dos cosas: el paciente se siente “bien atendido” cuando le indican algo y también hay temor a la litigiosidad, por lo que el profesional se cubre pidiendo de todo.
“No existe país desarrollado que pueda subsistir si no se hace un uso racional de los medicamentos o de cualquier tecnología médica, la cantidad de hemogramas que se hacen en la Argentina es feroz, el hemograma de control no sirve en la mayoría de los casos”, dice Regazzoni.
Un seguro para la discapacidad. “Las restricciones por discapacidad son tan onerosas que están excediendo la capacidad de pago de las obras sociales y las prepagas, hay que tener un seguro que financie eso”, señala Regazzoni. Torres tiene números: del Fondo Solidario de Redistribución, el 90% se aplicó en discapacidad en el 2023 y de eso, casi la mitad son gastos de transporte y educación.
“Es legítimo que estén, pero en la discusión debiéramos preguntarnos si ese tratamiento no debiera sostenerlo un fondo específico que trabaje el tema del transporte y educación para que el resto pueda ser aplicado a innovación”, dice Torres.
Limitar las prestaciones médicas. “Hay que proteger al sistema de los abusos, a una enfermedad que se puede resolver con dos análisis de laboratorio se le piden ocho y nadie dice nada”, cuestiona Regazzoni. “Además, como hay mucha litigiosidad, los médicos sobreactúan y el sistema termina pagando”, agrega.
Hay otro punto más: como no hay historia clínica digital y universal, es probable que un paciente que acude a dos médicos deba hacerse dos estudios idénticos en dos centros diferentes. Total, el sistema lo permite y muchas veces, como el arancel de una prestación es bajo, se busca compensar con otra que puede estar mejor paga. “Hay prácticas que no agregan salud, remedios que no tienen sentido, análisis, se hace un uso abusivo de las tirillas reactivas de diabetes”, remarca Ragazzoni.
Depurar las obras sociales. Según Torres, de las 290 obras sociales que hay en el país, 130 tienen menos de 10 mil afiliados, una cantidad inviable a la hora de poder ofrecer una mínima cobertura, que se logra sólo con una mayor escala. “Una entidad que tenga trabajadores de salarios medios o bajos, con menos de 10 mil afiliados y con independencia de sus costos, no puede dar prestaciones de calidad”, dice. Por ley, el gasto administrativo no puede exceder el 8%, aunque hay muchas dudas de la que Superintendencia de Salud, siempre ligada a los gremios, analice ese cumplimiento.
