En Salta ocurrió un fallo sin precedentes. Tatiana Dip, la jueza de primera instancia del Juzgado Penal Juvenil N° 1 de Salta, resolvió declarar inconstitucional la norma que excluía a adolescentes procesados del uso de tobilleras electrónicas, un dispositivo hasta ahora reservado solo para adultos.
La jueza Dip explicó que esta resolución “sienta un precedente clave” al priorizar medidas alternativas a la detención en centros especializados, promoviendo la resocialización y evitando la estigmatización de los jóvenes.
El fallo se dictó en el marco de una causa en la que un joven de 17 años cumplía prisión preventiva bajo custodia policial en su domicilio. A pedido de la defensa, se ordenó reemplazar esa modalidad por un dispositivo de monitoreo electrónico.
Dip señaló que esta medida busca evitar la estigmatización de los adolescentes. “La presencia de un personal policial, aunque sea de manera civil, estigmatiza al joven en el ámbito donde se desenvuelve”, subrayó.
La magistrada destacó que el uso de tobilleras electrónicas fomenta la reinserción social al mantener a los jóvenes en entornos controlados sin interrumpir su derecho a la educación.
“El objetivo del régimen penal juvenil es resocializar. Medidas como estas permiten que los adolescentes, mayores de 16 años, continúen su educación y eviten el impacto negativo de la privación de libertad en su desarrollo", señaló Dip.
La decisión responde a un planteo conjunto del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Pupilar y habilita la colocación de estos dispositivos de monitoreo electrónico a menores en conflicto con la ley penal.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Salta será el encargado de realizar un relevamiento para garantizar la disponibilidad de tobilleras electrónicas.
Además, se evaluarán otras alternativas a la detención preventiva, en línea con la legislación nacional, para ofrecer soluciones que equilibren el control judicial con el bienestar de los adolescentes.
Esta resolución no solo amplía el acceso a herramientas de monitoreo, sino que refuerza el rol de la Justicia salteña con un enfoque más humano y educativo en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley.
