Una mujer residente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles acusada de haber mantenido esclavizada durante 22 años a una adolsecente de 14 años para que cuidara a su madre en la ciudad de Rosario fue imputada por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Terrible caso
La víctima fue captada en Corrientes en 2003, cuando tenía 14 años, y trasladada a Rosario, donde habría sido explotada durante 22 años en una casa del barrio Martin.
La imputación fue presentada por las fiscales Adriana Saccone, María Virginia Sosa y Soledad García ante el juez de Garantías Román Lanzón. La acusada, identificada como E.S.S., participó de la audiencia por videoconferencia desde Estados Unidos.
El MPF sostiene que, desde 2022 hasta octubre de 2025, la mujer continuó la explotación iniciada por su madre —también investigada— mediante control remoto a través de 16 cámaras de seguridad y un teléfono con el que impartía órdenes.
Según la acusación, la víctima trabajó sin descanso, sin salario, sin aportes previsionales ni cobertura de salud, y sin posibilidad de mantener vínculos sociales. El MPF calificó el caso como un “delito de ejecución continuada”.
La investigación señala que la adolescente había sido llevada a Rosario con la promesa de estudiar y mejorar su calidad de vida, pero nunca fue escolarizada y quedó sometida a tareas domésticas y de asistencia personal.
La continuidad de la explotación habría persistido hasta el 2 de octubre de este año, cuando la Policía Federal realizó un allanamiento que permitió cesar la situación.
La prueba reunida incluye testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Organismos como Arca y Anses confirmaron que la mujer nunca tuvo actividad registrada ni acceso a ingresos propios.
Tras evaluar el caso, el juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dio por formalizada la investigación.
Aunque la fiscalía había solicitado la detención de la imputada, el magistrado impuso medidas cautelares no privativas de la libertad por un año, entre ellas fijación de domicilio, firma mensual en un consulado argentino y prohibición de contacto con la víctima y su entorno.
