El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de cinco docentes e investigadores vinculados a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y al Conicet. Están acusados de haber utilizado instalaciones, insumos y equipamiento científico de la universidad para realizar actividades privadas con fines de lucro.
Los procesados son Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato, Analía Llanes, Julia Iparaguirre y Judith Reynaga. Todos están acusados de peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública y defraudación en perjuicio de la administración pública
El juez Ochoa también dictó el procesamiento de Gabriel Aguilar Mansilla, un técnico ajeno a la UNRC imputado por presunto encubrimiento. Además, ordenó trabar un embargo de 20 millones sobre los bienes de cada uno de los investigadores y de cinco millones sobre los bienes de Mansilla, quien se supone habría sido convocado para ocultar información de celulares y de computadoras.
La investigación judicial llevada a cabo por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas comenzó a fines de 2024, tras una denuncia pública y de posteriores presentaciones formales de una docente de la UNRC.
Según la acusación, los investigadores utilizaban laboratorios y equipamiento de la UNRC para prestar servicios desde una estructura paralela, por momentos bajo el nombre de fantasía “A&B Agrobiotech Diagnóstica” y luego, posiblemente a título propio.
Habrían ofrecido servicios de análisis biotecnológicos, microbiológicos y asesoramiento especializado a distintas empresas privadas de todo el país.
Las maniobras habrían tenido lugar entre enero de 2022 y abril de 2025, en laboratorios del Departamento de Fisiología Vegetal y de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC.
Allí, se sospecha que los imputados habrían sustraído insumos tales como placas de Petri, solventes, alcohol, tubos Eppendorf y otros materiales de uso científico, además de emplear equipos sofisticados como cromatógrafos y cámaras de flujo laminar.
El funcionamiento de esta supuesta “empresa paralela” habría involucrado tanto el uso de los laboratorios universitarios en horarios laborales como los fines de semana.
Entre las firmas contratantes figurarían al menos siete.
Parte de los trabajos se habría facturado directamente a través de los investigadores, mientras que en otros casos se habrían combinado convenios oficiales con facturación particular, lo que podría haber generado un perjuicio económico directo para la Universidad.
“Administración infiel”
Según la investigación, Masciarelli y Gallarato se habrían ocupado de coordinar trabajos, gestionar clientes y cobros. En tanto, Llanes, habría sido responsable de las tareas de laboratorio junto a Iparaguirre y Reynaga, que cumplían roles técnicos y científicos para la prestación de servicios.
Por esos trabajos, habrían recibido pagos adicionales en efectivo o mediante facturación indirecta, lo que es considerado “un esquema organizado y sostenido de administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública”.
Los imputados realizaban sus tareas en el marco de institutos de doble dependencia UNRC-Conicet, en espacios físicos de los departamentos de Ciencias Naturales y de Biología Molecular de la Facultad de Exactas.
Inicialmente estuvieron detenidos y la fiscalía federal solicitó que se les dictara la prisión preventiva, por presuntos intentos de destrucción y ocultamiento de pruebas.
Luego, el juez Ochoa los liberó, y ahora decidió avanzar con el procesamiento sin prisión preventiva. Todas las partes pueden apelar esta última decisión. El caso generó conmoción en la comunidad universitaria de Río Cuarto, dado que involucra a investigadores con trayectoria en la UNRC y en el Conicet.
La Justicia federal rechazó la pretensión de la UNRC de constituirse como querellante en la causa
