El ente municipal BioCórdoba revocó este jueves el permiso precario de concesión al local Rakú. Se trata del bar enclavado en el Parque Sarmiento cuyo funcionamiento había sido prohibido la semana pasada por el IPA. Entre los motivos que originó el ahora cierre definitivo se destacó la preservación del medio ambiente.
El local comercial está ubicado sobre Deodoro Roca al 1.000, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, a la vera de la icónica laguna del mencionado parque.
En un operativo realizado el pasado 7 de febrero, la Municipalidad aseguró que se hallaron “conexiones clandestinas por las que se volcaban efluentes que llegaban hasta el lago del parque”, situación que fue desmentida por los propietarios del restaurant.
El permiso precario para el funcionamiento del negocio había sido otorgado, también de acuerdo a la información brindada por el municipio, en septiembre de 2019.
“La decisión fue adoptada por el organismo que administra el parque Sarmiento luego del procedimiento realizado este martes, en el que se realizaron excavaciones que dejaron expuestas conexiones subterráneas clandestinas destinadas a disponer de manera ilegal los efluentes que surgían de la grasera del local gastronómico”, explicaron desde el Palacio 6 de Julio.
En sus fundamentos, el ente señaló “la degradación ambiental y el menosprecio por la fauna, la flora y la vida humana que vive y disfruta de espacio público”. A su vez, alegó que “la situación se agrava por encontrarse el establecimiento comercial sobre senderos de alto valor patrimonial que los ha invadido sin calidad estética o constructiva, generando que no exista zona de amortiguamiento necesaria para ese tipo de espacios patrimoniales”.
Tras conocerse la resolución de BioCórdoba, se agravó aún más la relación entre la dueña del bar y la Municipalidad. La propietaria ahora asegura, a través de su abogado, que es víctima de una “persecución”.
Desde el local comercial aseguran que se encuentran en regla
El conflicto tuvo su inicio el pasado miércoles 8 de febrero, cuando una patrulla ambiental informó que desde las instalaciones de Rakú se vertían efluentes contaminantes hacia el espejo de agua. Aquel día, el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) del municipio ejecutó una clausura provisoria y preventiva.
Pero desde el local subrayan que las verificaciones y el personal que participó del operativo desmintieron esa situación.
Por su parte, la directora de Fiscalización Ambiental Y Sostenibilidad del IPA, Guadalupe Trillo, informó que durante las inspecciones sí se constató la existencia de un caño que provenía de una “grasera” (adonde van a parar los líquidos de las bachas para limpiar vajilla) y numerosos rastros de grasa y detergente en dirección hacia la laguna. Ese caño, dijo, provenía del local.
Y si bien el abogado que representa a la propietaria de Rakú, Fernando Fraire, sostiene que su cliente desconocía la existencia de ese conducto, Trillo refutó ese argumento planteando que para tramitar la habilitación precaria se debieron presentar planos.
“Ese conducto no viene del local comercial. Ahí había un pozo negro viejo, que data de unos 20 años atrás, que quedó en desuso. La conexión de mi clienta de la ‘grasera’ está en perfecto estado y sin alteraciones”, aseguró Fraire y dijo que el pozo que cuestiona el municipio es de un permisionario anterior.
“No estábamos informados de los argumentos que se esgrimen en la resolución para la clausura. El ente BioCórdoba le debe a mi cliente una factura de 250 mil pesos de funcionarios que fueron a comer al bar”, cuestionó el letrado.
También dijo que el municipio busca quedarse con “la concesión del bar” y que su cliente se descompensó durante la mañana, cuando recibió la resolución.
“En la resolución hablan de un movimiento del bar, porque no debía estar ahí, porque tapa la visión de la laguna. De manera automática ordenan sacar la autorización para funcionar y mi clienta no fue notificada de un proyecto de ordenamiento. Se está desayunando ahora con la información”, reprochó.
Vale aclarar que La Voz adelantó en el mes de junio del 2022 la realización de una subasta online para dar curso al plan de puesta en valor de 11,5 hectáreas del parque Sarmiento. En el mencionado informe se detalló la existencia de la disposición de una demolición de un local gastronómico ubicado en ese sector.
