En la semana que pasó, se dio por concluida la extensísima audiencia pública virtual que se concretó para analizar la megaobra de la autovía Punilla, con la que el Gobierno provincial pretende reemplazar la actual ruta 38.
Tras casi 700 exposiciones, se concretó el ida y vuelta de preguntas y respuestas entre expositores y quienes tuvieron a su cargo el proyecto.
Las aguas están divididas en torno a la obra que ya tuvo su primer traspié en 2018, cuando, tras una maratónica asamblea pública en la que vecinos de la zona y ambientalistas plantearon sus fuertes objeciones a la obra, el Gobierno decidió dar marcha atrás. En aquel caso, se proyectó una ruta sobre el pie de montaña de las Sierras Chicas.
El Gobierno provincial reformuló el proyecto con técnicos de Caminos de las Sierras y puso en discusión un nuevo trazado desplazándose hacia el oeste del río Cosquín, con una autovía de cuatro carriles que contempla dos puentes de gran envergadura y que conectaría la variante Costa Azul con La Cumbre.
Una vez más, grupos de vecinos organizados en asambleas junto con organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo a la obra, mientras que intendentes del valle y otros habitantes de la zona plantearon su adhesión al proyecto de la Provincia.
La abogada Marcela Fernández, referente de la Asociación de Amigos del Río San Antonio, afirmó que el 90 por ciento de los expositores de la audiencia manifestaron su rechazo a la alternativa planteada por el Gobierno.
Entre las razones, están la afectación de las cuencas hídricas, el desmonte, la necesidad de expropiar tierras y viviendas con el correlato social que ello implica y las falencias del estudio de impacto ambiental.
La letrada manifestó que se planteó que la obra está “sujeta a realización de futuros impactos para ver la consecuencia en lo urbanístico”.
Y aseveró: “Todo eso no puede estar diferido en el tiempo porque es contrario a lo que dice la ley, ya que es algo cerrado que valora el impacto que va a tener”.
Afirmó, a su vez, que desde las asambleas se elaboraron dos análisis del proyecto con observaciones generales, legales, del estudio de impacto, y otro grupo trabajó sobre las matrices, que son las valoraciones que se hacen sobre los impactos.
“En el estudio de impacto ambiental le dieron más valor a una reforestación que a un desmonte. Se manipulan los números para que sea favorable al proyecto”, afirmó Fernández.
Por su parte, Sofía Echenique, integrante de las asambleas, insistió en el alto porcentaje de expositores que se manifestaron en contra de la iniciativa.
Apuntó, además, que las respuestas enviadas por la Secretaría de Ambiente a las preguntas de los expositores son “evasivas” y “sin fundamentos claros”.
“El Gobierno se lavó las manos en todos los casos respondiendo con evasivas todos los argumentos que presentaron los vecinos. Hay una falta de voluntad clara de abrir el campo para una participación ciudadana real y verdadera”, indicó.
Para Echenique, el balance de la audiencia es que “fue ilegal e ilegítima”. “El Gobierno, ante esta participación voluntaria, responde de manera autoritaria y en la misma línea porque no contempla las objeciones”, enfatizó.
A favor
Los intendentes y otros vecinos de Punilla fueron los que se manifestaron a favor en la audiencia.
Una de las particularidades de lo sucedido en el último mes en que se concretó esta instancia es la aprobación por parte del Gobierno nacional del aval para que la Provincia contrajera un endeudamiento de 100 millones de dólares para la concreción del proyecto.
La mayor parte de los fondos, unos 75 millones de dólares, llegarían desde la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya que el objetivo final del proyecto es incluir esta autovía dentro del esquema del anhelado corredor biocéanico, una iniciativa que tiene más de 20 años. La pretensión es unir el puerto de Coquimbo (Chile) con el río Paraná.
Lo que sigue
A partir de la culminación del proceso de la audiencia pública, ahora la próxima instancia es la evaluación que realizará el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente de todo lo vertido en esta instancia.
A partir de allí, el proyecto puede contar con la aprobación para seguir adelante o volver a foja cero, como ocurrió en 2018.
Fueron 877 las preguntas que respondieron los técnicos de la Secretaría de Ambiente y entre ellas hubo algunas referidas a la integración de este proyecto a la ruta biocéanica.
“Es la traza prevista como parte de uno de los ejes de integración regional del Programa de Infraestructura para la Integración Regional de Sudamérica, acordado por todos los presidentes de las naciones de la región”, fue la respuesta a uno de esos interrogantes.
Estas son algunas de las otras preguntas que respondieron desde Ambiente:
–¿Qué harán con las familias que no quieren abandonar sus tierras?
–La obra cuenta con Ley de Declaración de Utilidad Pública, en la que se declaran sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto en un todo de acuerdo con lo establecido por la ley 6.394 de Régimen de Expropiaciones.
0¿Cómo se protege el patrimonio arqueológico?
–El Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico incluido como Anexo IX plantea las condiciones para realizar la obra. A su vez, por resolución Nº 029/21 y 051/21, se encuentran autorizados los estudios de impacto arqueológico y paleontológico que establecen la modalidad de relevamiento a campo previo a la realización de la obra, para verificar que no hubiera ningún patrimonio afectado. Dentro del plan de gestión ambiental, se incluyem en MIT 14 plan de control y gestión de hallazgos arqueológicos y paleontológicos.
–¿Cómo se protegen las cuencas hídricas?
–Los estudios hidrológicos e hidráulicos tienen entre sus objetivos dimensionar y verificar las unidades hidráulicas necesarias a los fines de garantizar que los escurrimientos pluviales naturales sean preservados y de evitar impactos en el sistema hídrico natural.
