Murió un bebé sano, de mamá sana, el 18 de marzo en el Hospital Materno Neonatal. Otra, con síntomas con algún parentesco, fue salvada, en esa misma guardia. Primera alerta.
El 23 de abril, murió un segundo bebé, también nacido sano, con buen peso. En la misma guardia, que se extendió al 24, hubo otros dos casos sospechosos de bebas que se complicaron sin explicación clínica y fueron salvadas en terapia intensiva. Una de ellas tenía un pinchazo con un hematoma.
El 26 de abril se dio otro caso de una recién nacida con una complicación severa sin causa aparente que fue rescatada de emergencia. También se le observó una lesión sangrante en una piernita.
El 1° de mayo otro bebé terminó en terapia intensiva y se salvó, luego de ocho días de cuidados intensivos. Tenía un pinchazo extraño en el muslo derecho. El 11 de mayo, otro caso más: un bebé ingresó a terapia intensiva con un alto valor de insulina.
Todo eso -dos muertes sin explicación clínica y cinco casos sospechosos de recién nacidos sanos que sobrevivieron en terapia intensiva- ya había ocurrido antes del 16 de mayo, la fecha en la que se habría producido la reunión entre el ahora exsubdirector del Neonatal, el abogado que estaba a cargo del sumario interno para investigar estos casos, Alejandro Escudero Salama, el fiscal Guillermo González y el director del Instituto de Medicina Forense (la morgue judicial), Moisés David Dib.
Dib le relató al fiscal Raúl Garzón que en ese encuentro Escudero Salama mencionó que se habían detectado “pinchazos extraños” en algunos bebés -sin mencionar muertes ni complicaciones que llevaron a procedimientos críticos en UTI- y pidió opinión judicial y técnica sobre qué hacer. Ese es el relato que elevó Garzón en su denuncia a González y que abrió una nueva investigación, a cargo del fiscal Iván Rodríguez.
¿Es verosímil este relato? ¿Escudero Salama se reunió con un experimentado fiscal, con quien tiene confianza luego de un trabajo codo a codo en el caso de Azul Montoro -que se califica como femicidio con aportes de quien era, entonces, subdirector de Derechos Humanos y Diversidades de la Provincia- y le retaceó no un detalle sino datos claves para formar una opinión y dar un consejo? ¿Tuvo enfrente al más experimentado forense legal de Córdoba y le habló de pinchazos y no de muertes ni de cuadros con síntomas comunes como bradicardias, exceso de potasio o de glucemia, como ya tenía documentados?
La sola reunión es una muestra de la capilaridad que existe entre el poder político y el judicial. El relato naif no puede esconder esa verdad autoevidente.
Según la narración de Dib -que también será investigado por Rodríguez por ser funcionario judicial, al igual que el fiscal Rodríguez-, el consejo que recibió Escudero Salama, sólo por las dudas por los “pinchazos”, fue judicializar cuanto antes los casos.
Y Escudero Salama no lo hizo. Ni siquiera cuando una semana más tarde, el 23 de mayo, se dio una tercera muerte de un bebé que nació sano.
Incluso no fue a la Justicia, como encargado de la investigación en el Neonatal, cuando en la guardia del 6 de junio murieron dos bebas más y otras dos fueron rescatadas con procedimientos de emergencia.
La intención, cuentan ahora, era llevar “un paquete armado” a la Justicia, con el sumario cerrado sobre la culpable de los asesinatos en serie y un relato que contara que fue el propio hospital el que investigó y descubrió el caso. Para usar una comparación: como lo hace la Policía cuando presenta un caso contra un agente corrupto investigado por el Tribunal de Conducta.
Esa era la operación discursiva que se habría estado tramando y que se desbarató cuando se filtró, casi dos meses después de que llegaran las primeras presentaciones a la Justicia de dos médicas del Neonatal, que existían muertes sospechosas de bebés en el Neonatal.
Hay, en todo este hilo narrativo, cosas que no cierran. Y no terminan acá. Vanesa Cáceres, la mamá de Francisco, el primer bebé muerto en la serie, asegura que fue desalentada a pedir la autopsia de su hijo. Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, muerto el 23 de abril, cuenta lo mismo. Y también la madre del bebé que murió el 23 de mayo, IG, que no quiere ser identificada. En el sumario interno que remitió Escudero Salama a la Justicia, afirma, en los tres casos, que “se solicita la realización de autopsia a los padres, que no fue autorizada”. ¿Por qué mentiría el sumario en algo así?
-¿Qué harías si te enterás de que una persona que tenés a tu cargo puede estar complicada con un delito? -pregunté a un funcionario provincial de segunda línea de un área diferente a Salud.
-Apenas me entero, con cargo de hora, voy a la Justicia para dejar salvada mi responsabilidad funcional -contestó, pensando en que podría ser citado. En off, lo dice como lo piensa (con disculpas por la grosería): “Me cuido el culo”.
Es una de las cosas que más sorprenden en toda la historia del Neonatal: cuántos funcionarios políticos, médicos y, ahora también, judiciales que no podrían alegar que no sabían qué tenían que hacer -denunciar, sin demoras- se mostraron muy bien dispuestos a no cuidar su traste (y sus cuantiosos salarios públicos) para mantener en secreto las muertes de cinco bebés pobres en un hospital provincial.
