Unas 900 motos y 38 autos están a punto de ser enviados a convertirse en chatarra compactada porque sus titulares llevan, en algunos casos, unos 10 años sin reclamarlos.
Son apenas un lote de los miles de vehículos secuestrados en operativos de control de la Municipalidad de Villa María, que hoy se amontonan bajo el sol, la lluvia y el frío, en uno de los predios, o que se apilan en los entrepisos construidos en el inmenso galpón de la guardia de Tránsito.
Da pena ver cómo se fueron deteriorando con el paso del tiempo, especialmente los que están a la intemperie. Herrumbrados, con piezas que les faltan.
Motos y autos que podrían estar funcionando, circulando por las calles, prestando alguna utilidad, pronto irán a convertirse en cubos aprisionados de metal y plástico.
Un edicto reciente publicado avisando a titulares de los vehículos que, si no los retiran previo pago de multa, serían sometidos a compactación, no tuvo respuestas. Fue el último aviso, según lo establece la ordenanza 7.269.
La normativa local fija que vehículos secuestrados por infracciones de tránsito que pasan más de seis meses sin ser reclamados, pueden pasar a compactación.
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En este lote de 900 motos y 38 autos hay algunas unidades que tienen hasta 10 años de estadía en los predios municipales. Hay otras 1100 motos sobre las que también se inició el trámite para convertirlas en chatarra.
Antes de su destrucción, se hace el proceso de verificación del vehículo y se pide un informe al Registro Nacional de Propiedad del Automotor para confirmar que no cuenten con gravámenes, embargos o alguna otra medida cautelar dispuesta por algún juzgado o fiscalía.
Si surge que hay alteración del vehículo o medida cautelar, se pone a disposición de la justicia.
Cuando finalmente las motos y autos están en condiciones de compactarse, porque su condición jurídica lo permite, se intima a través de la publicación de edictos a los titulares para que en un plazo de 15 días, pagando la multa de la infracción por la que fue retenido, vayan a retirar su vehículo.
Cumplidos esos pasos, y ante la ausencia de reclamo del titular, queda la moto en condiciones de compactarse.
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La tarea de transformar una moto o un auto en un cubo de chatarra no lo hace el estado local, sino que se canaliza a través de un programa nacional en el que está inscriptas empresas que asumen todos los costos de traslado y compactación, y le dejan al Municipio un monto de dinero equivalente al 10 por ciento de lo que el volumen compactado se vendería en el mercado, explicaron desde la Secretaría de Gobierno.
El municipio cuenta con dos predios que están casi desbordados de vehículos, en los que hay cuatro o cinco veces más de la cantidad de motos que están a punto de enviarse a su destrucción.
Uno de los espacios está en la guardia de Tránsito y se trata de un galpón en el que se construyeron entrepisos para sumar metros de superficie para acumular motos. El otro es un predio a cielo abierto en el que la intemperie es implacable con vehículos que llevan años en esas condiciones.
Su destino está casi sellado, y pronto pasarán a quedar reducidos a un montón de nada.
