El 3 de noviembre se cumplirán 28 años de la voladura de los polvorines de la Fábrica de Militar de Río Tercero. Desde un par de días antes, un grupo de vecinos armará carpas, en la céntrica plaza San Martín, para visibilizar una protesta.
La movilización estará a cargo de la Comisión de Damnificados, que lidera el abogado cordobés Mario Ponce, y que gestiona ante el Estado el pago de indemnizaciones a miles de vecinos, que fueron acordadas mediante una ley que se aprobó en el Congreso en 2015.
En contacto con este diario, Ponce anticipó que seguirá accionando legalmente en contra de algunas autoridades nacionales por las indemnizaciones aún pendientes de pago, por el reclamo de daño moral de sus patrocinados.
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Con una ley se acordó paralizar los juicios de este grupo, para unos ocho mil vecinos, que adhirieron a la norma y desistieron de seguir la vía judicial. Pero esa ley, aprobada casi por unanimidad a fines de 2015, nunca se cumplió.
Hasta el propio Juzgado Federal de Río Cuarto ordenó que el Estado pague una multa por cada día de incumplimiento de esa ley sancionada. Esa multa tampoco se saldó, según Ponce, porque el Gobierno nacional apeló esa decisión.
Una fuente ligada a esa Comisión confió que desde el Gobierno se ofreció pagar en las últimas semanas “menos del 10 por ciento de lo que prevé la ley sancionada en 2015″. Eso era algo más de 300 mil pesos por vecino, cuando ya se definió que actualizados no serían menos de $ 4 millones por demandante.
Desde el grupo que reclama se advierte que funcionarios nacionales podrían ser imputados por el incumplimiento de la orden judicial de hacer efectivos los pagos.
Los cálculos que se hacen en el entorno de Ponce ubican la cifra a pagar, actualizada, en unos 24 mil millones de pesos en total.
Lo judicial
La Justicia cerró la causa penal, considerando que fue un atentado organizado, y condenó en 2014 a cuatro exmilitares por el caso. Pero los reclamos civiles de indemnizaciones por daños siguen, en parte, abiertas.
El Gobierno nacional indemnizó a la población por daños materiales, heridos y por las siete muertes por vía administrativa entre 1996 y 1999. Pero luego se iniciaron más de 12 mil demandas judiciales para reclamar por mayores pagos, o por nuevos rubros no considerados. Hoy, quedan unos ocho mil, que renunciaron a los juicios y accionaron vía administrativa, en el marco de la ley de 2015.
Esa normativa establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge la cifra final hoy estimada por el letrado Mario Ponce en $ 4 millones por damnificado.
Al mismo tiempo, unos 800 riotercerenses que iniciaron demandas por otras vías han cobrado en los últimos años, según estimaron algunos letrados que presentaron reclamos similares.
Por otro carril, Ponce acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que “ha asignado como caso número 13.525 la denuncia de los damnificados y se ha pedido que presente el caso ante la Corte Interamericana contra el Estado argentino por violación a los derechos humanos”.
Además, semanas atrás, la Comisión de Damnificados presentó ante el Gobierno nacional, en la propia Casa Rosada, un petitorio con siete mil firmas que pedían el pronto desembolso de lo adeudado.
En esa oportunidad, autoridades del Ministerio de Defensa prometieron -según señalaron voceros de la comisión- que pagarían pronto y que no sería en bonos sino en efectivo.
Este viernes 3 de noviembre, a las 18,30, se realizará un acto en la plaza San Martín con este reclamo. “Nuestro plan es que hay que seguir luchando”, expresó un vecino de la comisión de damnificados.
