Un grupo de vecinos de Río Tercero, enrolados en la Comisión de Damnificados que reclaman resarcimientos al Estado nacional por daño moral por las explosiones de la Fábrica Militar en noviembre de 1995, presentaron este miércoles ante el Gobierno nacional un petitorio con 8.500 firmas. Previamente se movilizaron con carteles frente a la Casa Rosada.
El abogado Mario Ponce, que patrocina al grupo de unas ocho mil personas que aguardan ese pago, contó a La Voz desde Buenos Aires que entregaron el petitorio en los ministerios de Defensa y de Economía, además de en Presidencia de la Nación.
También precisó que fueron recibidos por el jefe de gabinete de Defensa, Héctor Mazzei. A juzgar de Ponce, la reunión “fue positiva”. Mencionó que Mazzei aseguró que están “trabajando en la elaboración de una resolución para que en los próximos días comiencen los pagos a los damnificados”.
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Ponce comentó que, en ese caso, hasta darían un paso atrás para que el Estado no pague la multa por incumplimiento que estableció la Justicia federal, porque no se aplica la ley que el Congreso nacional sancionó casi por unanimidad a fines de 2015 y que fijó este sistema de pagos, que nunca se cumplió.
Un dato nuevo es que no se descarta la posibilidad de que el pago pueda ser en efectivo y no en bonos, como lo contempla esa ley. Eso trascendió al culminar la reunión, aunque por ahora es sólo una chance en evaluación.
Uno de los integrantes de la Comisión contó a este diario que una vez que entraron al despacho de Mazzei, el funcionario se dirigió a los vecinos y dijo: “Pido disculpas en nombre del Estado por la falta de pago, queremos terminar con este tema antes de que culmine esta gestión de gobierno”.
Resarcimientos
Los cálculos de Ponce indican que el Estado debería pagar unos $24 mil millones de pesos a los ocho mil demandantes que representa por daño moral y psicológico. Eso, lo calcula a razón de tres millones de pesos por cada reclamante.
Se trata de un solo pedido colectivo de resarcimiento: un solo expediente con los ocho mil reclamos. El Congreso aprobó en 2015 una ley, que hasta ahora no se cumplió, para abonar ese resarcimiento y estableció que quienes adherían a esa reglamentación abandonaban el reclamo judicial contra el Estado que años antes habían iniciado.
Luego, la Justicia intimó al Gobierno a que cumpla la ley aprobada hace ocho años y hasta fijó que abone una multa por cada día de incumplimiento. Ese dictamen de multa aún no está firme por las oposiciones que presentaron los letrados del Gobierno Nacional a esa medida.
Ponce también aseguró que el caso, por la mora, está siendo estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ha pedido la intervención de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por violación a los derechos humanos.
En Plaza de Mayo
En Buenos Aires, el reclamo fue acompañado por la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Evolución) quien dijo en un acto improvisado frente a la Casa Rosada que estaba presente en su doble rol, como legisladora y como riotercerense.
“También fui víctima. Río Tercero se merece una reparación por todo lo padecido”, acotó, tras recordar que en los últimos días estuvo mediando para concretar una reunión entre este grupo y representantes del Gobierno nacional.
“Estamos reclamando a este gobierno como lo hicimos con los anteriores”, proclamó en Plaza de Mayo una de las vecinas presentes y que viajó desde Río Tercero. “Nos quisieron borrar del mapa, fue un atentado, queremos que cumplan la ley”, citó otro. “Basta de excusas”, pedía una de las pancartas que portaban los vecinos en la movilización.
28 años después
El 3 de noviembre próximo se cumplirán 28 años de la voladura de la Fábrica Militar. La Justicia cerró la causa penal, considerando que fue un atentado organizado y condenó a cuatro exmilitares por el caso. Pero las causas civiles, de reclamos por indemnizaciones, siguen abiertas.
El Gobierno Nacional indemnizó a la población por daños materiales, heridos y por las siete muertes por vía administrativa entre 1996 y 1999. Pero luego se iniciaron más de 12 mil demandas judiciales para reclamar por mayores pagos, o por nuevos rubros no considerados. De esas causas, ocho mil están incluidas dentro de la ley de 2015 y no siguieron la vía del juicio.
