A casi 29 años del atentado que sufrió Fábrica Militar Río Tercero, que dejó siete muertos y cuantiosos heridos, aún no se logra cerrar el trámite planteado por unos ocho mil riotercerenses que reclaman indemnizaciones por daño moral al Estado.
La audiencia en la Justicia que tenía fecha para el 20 de marzo con las dos salas penales de la Cámara Federal de Córdoba, se postergó ahora para el 18 de abril.
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Debían estar presentes representantes del Gobierno nacional por un lado y por el otro Mario Ponce, el abogado que representa a los demandantes. Ese encuentro se pospuso a pedido del Gobierno nacional.
La Cámara había citado a Ponce y a representantes del Ministerio de Defensa de la Nación, de Fábrica Militar de Río Tercero y el Ministerio de Economía de la Nación.
La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres, al igual que el dictamen de cambio de fecha.
La Cámara había expuesto que “en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar, ordenando asimismo la suspensión del trámite de todas las causas que se encuentren en apelación en situación análoga a la planteada”.
Una ley nacional sancionada hace nueve años especificaba un pago extrajudicial a los damnificados que se iba a efectivizar en bonos del Estado. Luego, el Ejecutivo de la anterior gestión aseguró que por decreto pagarían en efectivo. Nunca se cumplió.
No se descarta que Ponce insista que se le cobre al Estado un interés por cada día de falta de pago, tal como lo había resuelto la Justicia. Pero hasta ahora no se planteó su ejecución, con ánimo conciliatorio.
La ley sancionada en 2015 establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge -según Ponce- la cifra final hoy estimada en $ 4 millones por damnificado. La cifra alcanzaría a 24 mil millones de pesos.
Ahora por vía judicial se intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Los damnificados ya habían renunciado a los juicios millonarios que habían entablado en contra del Estado, para adherirse a esta ley conciliatoria.
A la vez, el Estado realizó algunos pagos aislados, pero ninguno a este grupo de unos ocho mil vecinos.
Este reclamo llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presunta violación a los derechos humanos.
