Claudio Álvarez, Silvia Fermani, Ivana Álvarez y Florencia Álvarez son el núcleo de la familia referente de Generación Zoe en la ciudad de Villa María. Están todos imputados y detenidos en la causa judicial por presunta estafa y asociación ilícita y ahora aseguran que quieren “reparar” a los damnificados, aunque no precisaron el modo.
Su abogado presentará un recurso de apelación en el Juzgado de Control de los tribunales de Villa María.
Esto dio a conocer el abogado de la familia, Javier Marco. En diálogo con Radio Villa María, adelantó que esta semana posiblemente interponga una apelación en el Juzgado de Control.
“Me han manifestado una gran preocupación, no solo por la situación procesal que están viviendo sino por una necesidad de ellos que ha surgido, que obedece a querer reparar de alguna forma a los damnificados en esta causa”, expresó Marco.
El letrado explicó que a la iniciativa “hay que valorarla de manera positiva” y que está lejos de buscar cambiar la situación procesal, ya que el delito del que se los acusa es autónomo y no permite realizar acuerdos con los damnificados.
“Es más que nada una necesidad moral que tienen con los ahorristas y a eso nos vamos a abocar en los próximos días”, anticipó el abogado, sin ofrecer más detalles. Además, consideró que se podría llegar a reparar en alguna medida.
Indicó que tiene que ver con la preocupación que la familia Álvarez le expresó por la situación de quienes pusieron dinero en Zoe. “Han confiado, más allá de la empresa, en ellos. Son gente conocida”, añadió Marco.
En las indagatorias frente a la fiscal Companys, meses atrás, los Álvarez apuntaron contra Leonardo Cositorto, el jefe de la organziación a nivel nacional, indicando que las directivas venían desde su oficina en Buenos Aires.
A la vez, Cositorto se ha desligado, replicando que en la oficina de Villa María se tomaban algunas decisiones sin su aval. Ese contrapunto marcó un distanciamiento de ambas partes en su estrategia ante la Justicia.
Respecto al avance de la causa, en los últimos días la fiscal Juliana Companys ordenó nuevos allanamientos y hubo detenciones en Carlos Paz, Córdoba y La Plata, donde también funcionaron oficianas de Zoe.
En la provincia de Córdoba, había sede sedes de Zoe en Capital, Carlos Paz, Villa María, San Francisco y Corral de Bustos.
