La Cámara Federal de Córdoba, con las dos salas penales, convocó para este viernes a ministros nacionales “con poder de decisión” y al abogado Mario Ponce, que representa a casi ocho mil riotercerenses que demandaron al Estado por presunto daño moral, a raíz del atentado sufrido en Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 con las explosiones de la Fábrica Militar.
A casi 29 años de aquella tragedia, el Estado realizó algunos pagos por daños primero por vía administrativa y luego a una parte de las demandas por vía judicial. Pero quedó pendiente este grupo masivo, representado por un solo abogado, para el que el Congreso sancionó a fines de 2015 una ley de pago extrajudicial que hasta ahora no se efectivizó.
La Cámara Federal convocó a Ponce y a representantes del Ministerio de Defensa de la Nación, del Ministerio de Economía de la Nación y de la estatal Fábrica Militar de Río Tercero. Esa resolución fue firmada por el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres.
La convocatoria para que intervenga la Cámara fue a instancias del querellante Ponce. Se iba a realizar semanas atrás, pero se postergó a pedido del Gobierno.
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La Cámara había expuesto que llegen a esta instancia “en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar, ordenando asimismo la suspensión del trámite de todas las causas que se encuentren en apelación en situación análoga a la planteada”.
Una ley nacional sancionada hace nueve años especificaba un pago extrajudicial a los damnificados que se iba a efectivizar en bonos. Luego, el Ejecutivo de la anterior gestión aseguró que por decreto pagarían en efectivo. Eso nunca se cumplió.
No se descarta que Ponce insista que se le cobre al Estado un interés por cada día de falta de pago, tal como lo había resuelto la Justicia.
La ley sancionada en 2015 establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge -según Ponce- la cifra final hoy estimada en $ 4 millones por damnificado. La cifra alcanzaría a unos 24 mil millones de pesos.
Ahora por vía judicial se intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Los damnificados ya habían renunciado a los juicios millonarios que habían entablado en contra del Estado, para adherirse a esta ley conciliatoria de 2015.
Este reclamo llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presunta violación a los derechos humanos.
En diálogo con La Voz Ponce declaró que “la convocatoria de la Cámara demuestra un compromiso de la Justicia con la resolución de este problema”.
Al mismo tiempo pidió que “el Gobierno envíe funcionarios con poder de decisión, porque el Estado tiene una sola alternativa que es pagar, porque tiene que cumplir con la ley y hay decisiones judiciales que se lo imponen”.
Agregó que “no puede seguir transcurriendo el tiempo sin que esto se resuelva”.
Con más énfasis, profundizó: “El Estado es eterno, pero las personas tenemos un plazo de vida, por eso no puede continuar esta situación, más allá de quien gobierne el país. El Estado tiene que hacerse responsable de una vez y dejar de eludir el cumplimiento de una ley que lo obliga a pagar”.
