El Gobierno nacional reactivó la investigación iniciada meses atrás sobre un supuesto acuerdo empresarial para fijar los precios de las prepagas. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a siete empresas de medicina prepaga, a la confederación que las agrupa y a su expresidente, Claudio Belocopitt, tras encontrar indicios de cartelización.
Entre las compañías investigadas se encuentran Galeno Argentina SA, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical SA, Omint SA y Osde. Estas empresas habrían establecido acuerdos para aumentar los precios de sus cuotas por encima de la inflación acumulada. Según datos oficiales, en los primeros 11 meses de 2024, las prepagas incrementaron sus tarifas un 190%, frente a una inflación de 112% en el mismo período.
Carolina Accomazzo, abogada de salud, contextualizó esta imputación dentro de un panorama de irregularidades que afecta directamente a los afiliados. “Desde el dictado del DNU 70/23 y la desregulación del sistema de salud, las empresas de medicina prepaga comenzaron a aumentar sus cuotas de manera indiscriminada, lo que derivó en esta investigación por cartelización”, explicó en diálogo con La Voz.
“Esto vuelve a surgir, porque la realidad es que muchas prepagas no ajustaron sus cuotas y comenzaron a aumentar por encima de los índices de inflación que venía anunciando el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”, sostuvo Accomazzo, y agregó: “Por este motivo sigue la investigación de la CNDC por cartelización, la cual por supuesto va a llevar a un proceso largo, hay plazos que hay que cumplir, información que van a tener que brindar las empresas de medicina prepaga denunciadas e investigadas”
“La investigación es la misma que se inició a mediados de este año, que finalizó y generó la imputación de estas prepagas, y por supuesto a partir de ahora hay un nuevo procedimiento que se debe cumplir, pero quería dejar claro que no es una nueva investigación, sino que es la misma en una etapa posterior, que es la imputación”, manifestó la letrada.
El caso actual, que involucra a empresas como Galeno Argentina SA, Swiss Medical SA y Osde, entre otras, se centra en la sospecha de que estas entidades pactaron subas coordinadas en sus cuotas, desestimando los índices de inflación y afectando a millones de usuarios.
Accomazzo recordó que, en una instancia anterior, la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud intervinieron para retrotraer los valores de las cuotas a diciembre de 2023. Sin embargo, varias empresas continuaron aplicando incrementos por encima de la inflación, lo que reactivó la investigación de la CNDC. “Este proceso, ahora en etapa de imputación, será largo y exigirá a las empresas investigadas brindar información detallada sobre sus prácticas”, afirmó la especialista.
Aunque las sanciones podrían incluir multas significativas o la obligatoriedad de devolver montos cobrados indebidamente, Accomazzo subrayó que el impacto en las cuotas dependerá de la resolución final. “Por ahora, las prepagas no deberían aumentar por encima del índice de precios al consumidor (IPC), pero lamentablemente esto no siempre se cumple”, añadió.
Cambios en el sistema de aportes: ¿cuál es el impacto real?
Otro aspecto clave es el reciente cambio en el sistema de derivación de aportes, que podría influir en el costo de las cuotas. A partir de diciembre de 2024, los trabajadores en relación de dependencia pueden derivar sus aportes directamente a una prepaga, eliminando la intermediación de una obra social. Según Accomazzo, esta “destriangulación” podría reducir los costos entre un 3% y un 7%, aunque el impacto real dependerá de cómo las empresas implementen esta normativa.
Esos porcentajes son los que se cobran actualmente en concepto de “comisión o llamado peaje”. “No es un monto significativo, pero sí debería verse reflejado en el monto final de la cuota de la prepaga, una vez ejercido el derecho de opción para comenzar a derivar los aportes de forma directa”, explicó Accomazzo.
No obstante, la abogada advirtió sobre posibles riesgos contractuales. “Si un afiliado decide continuar con la misma prepaga, debe asegurarse de que no le impongan nuevas cláusulas que perjudiquen su antigüedad, prestaciones o costos”, explicó. También resaltó la importancia de asesorarse antes de firmar cualquier contrato nuevo.
Afiliados vulnerables: ¿qué pasa con los monotributistas y con los jubilados?
En cuanto a los sectores más vulnerables, como monotributistas y jubilados, Accomazzo aclaró que este cambio no los beneficia directamente. “Para derivar aportes de manera directa, las prepagas deben estar registradas específicamente para aceptar a estos grupos. Si no lo están, los afiliados deberán seguir utilizando la intermediación de una obra social”, precisó.
Además, destacó que los jubilados enfrentan restricciones similares, ya que sólo pueden optar por prepagas que estén en el registro especial de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Esto deja a muchos afiliados en una situación de incertidumbre y obliga a un seguimiento cercano de las normativas”, agregó.
Accomazzo enfatizó que el proceso judicial en curso marcará un precedente en el sector. “Si se comprueba la existencia de cartelización, podría significar un cambio en las reglas del juego para las prepagas, obligándolas a transparentar sus prácticas y a respetar los índices de ajuste establecidos”, señaló.
Prepagas vs. obras sociales
Sin embargo, insistió en que los afiliados deben mantenerse informados y reclamar ante cualquier irregularidad. “Es fundamental que se asesoren antes de tomar decisiones y, de ser necesario, recurran a la vía judicial para proteger sus derechos”, concluyó.
La investigación sobre la cartelización en las prepagas eleva las tensiones entre la regulación estatal y los intereses empresariales en el sector de la salud. Mientras tanto, millones de usuarios esperan claridad y justicia en un sistema que aún enfrenta múltiples desafíos. Lo claro por el momento es que todos los afiliados no se verían afectados directamente, por lo menos en el corto plazo.
