Los 5 de cada mes, Paola Fernández y otras madres se reúnen frente a la Jefatura de Policía de Córdoba. Rezan y reiteran sus dos pedidos de siempre: el desarme de los policías fuera de su horario laboral y la atención externa –fuera de la institución– de las pericias psicológicas y psiquiátricas de los agentes.
Saben de lo que hablan. Paola tenía dos hijos –Tobías (19) y Morena (12)– que el 5 de noviembre de 2013 fueron asesinados por su padre, Ariel Pedraza, con balazos que salieron de su arma reglamentaria (era sargento del Éter).
Inmersa en su dolor, Paola busca que lo que le pasó sea el último capítulo de una serie de tragedias similares.
En diciembre de 2014, el jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Julio Suárez, prometió que Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud) comenzaría a realizar las pericias psicológicas y psiquiátricas de los uniformados. Pero eso nunca sucedió.
Ahora, Paola logró que su reclamo tenga eco en la Legislatura. La legisladora Liliana Montero (Frente Cívico), ingresó anoche un proyecto que, de aprobarse, establecería un "Sistema integral de atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de Córdoba".
Esto significa la implementación de una evaluación "de aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar social en la cual conste como mínimo una descripción de la personalidad, aptitud para portar armas o condiciones y antecedentes psiquiátrico-psicológicos", entre otros informes.
Plantea que esa atención se debe dar tanto en el ingreso del agente, como durante su permanencia en el sistema, o incluso para su seguimiento tras el retiro.
Y, lo más importante: dejaría de ser una evaluación que hace la propia Policía –como hasta ahora, sin éxito, según Montero– para ser realizada por un equipo externo.
El proyecto propone tres alternativas para conformar estos equipos: que lo haga la Universidad Nacional de Córdoba –a través de sus facultades–, o bien los profesionales que trabajan en el Estado provincial, pero fuera de la Policía; o bien otros equipos que se conformen para tal fin.
Cada grupo estaría integrado por un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social. Y sus dictámenes tendrían carácter vinculante para el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Casos resonantes
2006. En barrio Cerveceros, Cándido González asesinó a sus cuatro hijos antes de quitarse la vida. Tenía varias denuncias por malos tratos.
2008. Sebastián Vera fulminó de cuatro balazos a su exnovia, Paola Sosa.
2012. Mauricio Marcón mató a su expareja, María Soledad Torres.
2013. David Sosa asesinó de un tiro a su pareja, Andrea Fernández, y luego se suicidó.
Armas. En todos los casos, usaron sus armas reglamentarias.
