Su desconcierto fue mayúsculo. De forma repentina, sufría de estreñimiento, conjuntivitis, espasmos musculares, inflamaciones, neuropatías y hasta un cuadro bacterial. O al menos esas afecciones buscaba combatir el médico que le había prescrito una larga lista de fármacos.
El diagnóstico, a juzgar por los medicamentos, era inquietantemente llamativo, por la simultaneidad de padecimientos, su diversidad y en un muy dilatado lapso. Pero eso era totalmente falso.
El paciente para el cual habían prescrito los ocho fármacos para sus “dolencias” –en un período de un mes– quedó sorprendido cuando su médico de cabecera real le advirtió que en el sistema web del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-Pami) tenía cuatro recetas cargadas a su nombre firmadas por el galeno Roberto Antonio Fardín (70).
El paciente actuó con rapidez y presentó una denuncia penal, que derivó en la investigación encabezada por el fiscal federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Maximiliano Hairabedian. El denunciante dijo desconocer a Fardín. Negó haberle pedido asistencia médica alguna, así como haber recibido de él o de terceros recetas de medicamentos.
Recientemente, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) a favor de Fardín por defraudación contra la administración pública y falsificación de recetas médicas.
El médico deberá abonar dos millones de pesos al Hospital Nacional de Clínicas y realizar tareas comunitarias no remuneradas en la institución Sullai con una carga semanal de seis horas, durante seis meses.
Decenas y decenas de recetas, ¿para quiénes?
De la lista de ocho fármacos que Fardín había recetado a nombre del denunciante (sin que este lo supiera, porque negó haber sido tratado por aquel), sólo consumía uno efectivamente por su problema de salud.
El fiscal trazó un modus operandi a partir de las múltiples recetas firmadas por el imputado santafesino en un período extenso: entre julio de 2017 y octubre de 2019. Lo imputó por nueve hechos de defraudación contra el Pami, entidad que pagó un total de $ 54.195 (a valores de entonces).
Fardín llegó a emitir 254 recetas electrónicas en las que prescribió 469 medicamentos de diverso tipo para diferentes dolencias o problemas de salud: hipertensión, esofagitis, alteraciones digestivas, hipercolesterolemia, alopecia, entre otras tantas.
En todos los hechos, para Hairabedian, Fardín seguía la misma operatoria: emitía recetas electrónicas a diversos “pacientes” que no eran tales, porque negaron mayoritariamente conocerlo. En siete de los 10 casos, el médico extendió las recetas a personas que nunca se habían atendido con él y que ni siquiera lo conocían.
El estafador habría prescripto las recetas en períodos extensos para disimular que los “pacientes” (que no eran tales, ya que mayoritariamente no sabían quién era Fardín), según cada caso y de acuerdo con su “padecimiento”, “necesitaban” los fármacos de manera mensual o regular. De esta forma, podía extender las recetas durante muchos meses para que, luego, personas no identificadas las presentaran en distintas farmacias y adquirieran los medicamentos.
El caso más llamativo fue el de un “paciente” al que, en un período de algo más de un año, le prescribió 66 recetas por 130 medicamentos. Sin embargo, el hombre declaró que nunca conoció a Fardín.
En tres de los 10 casos que las beneficiarias (todas mujeres) de las recetas sí habían sido atendidos por el médico, ellas relataron que no eran sus pacientes sino que sólo una vez habían tenido contacto con Fardín.
El fiscal Hairabedian logró establecer que el médico emitió recetas electrónicas utilizando su clave y usuario, y consignó falsamente los datos de diferentes afiliados para la provisión de variados medicamentos por parte de las farmacias. Sin embargo, como sostuvieron en las declaraciones los afiliados a los que Fardín usó su identidad para emitir las recetas, ellos no se atendían con él o desconocieron las recetas, y hasta negaron, en algunos casos, consumir con regularidad esos medicamentos e incluso haber concurrido a determinadas farmacias.
Se probó que las direcciones IP utilizadas para la emisión de las recetas apócrifas (desde el sistema informático Clave Única Pami –CUP–) a nombre del denunciante correspondían al propio Fardín. El galeno quedó muy comprometido porque las recetas electrónicas sólo pueden ser firmadas y selladas por el profesional prescriptor, a quien el Pami le asigna previamente un usuario y una clave que solo él debería conocer.
La receta contiene los datos impresos relativos a la Unidad Operativa (UGL), número de receta, número de afiliado y su apellido y nombre, fecha de emisión, medicamentos, cantidad recetada, diagnóstico y los datos del médico prescriptor (nombre, apellido y matrícula profesional).
Luego, cada médico inserta su firma y sello. Cuando la receta se presenta en una farmacia, se inserta el código del comercio. Así, a partir del número de receta electrónica, el Pami puede identificar al usuario del sistema CUP que la emitió, la identidad de la persona a la que corresponde el usuario y la dirección IP relativa a la computadora desde donde se generó la receta.
“Por tal motivo –justificó Hairabedian– aunque sólo se cuente con los datos de las IP utilizadas para efectuar las recetas en nombre” del denunciante, “se entiende que todas las demás recetas apócrifas fueron realizadas por Fardín porque fueron emitidas desde su usuario, el cual posee código de prestador y se encuentra asociado” a su correo electrónico.
Una de las mujeres que aparecieron falsamente como beneficiarias de 32 recetas por 59 medicamentos declaró que sólo una vez Fardín le extendió fehacientemente una receta. Pero que lo hizo porque su médica de cabecera no estaba en ese momento.
“Máximo, lo habré visto en mi vida unas tres o cuatro veces. Ni sabía cómo se llamaba. Había mucha gente que iba ahí a buscar recetas”, detalló la mujer. Posteriormente, alguien se presentó en dos farmacias y retiró los 59 medicamentos a su nombre.
“La afiliada dio a entender que Fardín hacía recetas sin conocer ni atender (a los concurrentes al consultorio), y que cuando concurrió a su consultorio, observó la presencia de mucha gente que iba ahí a ‘buscar recetas’ y a ‘hacerse atender’”, advirtió el fiscal.
El Pami descubrió que Fardín se había excedido –por normativa– al emitir recetas electrónicas, por lo que fue bloqueado para continuar extendiéndolas, “lo que demuestra que sabe que realiza más recetas médicas de las que se encuentra facultado”, puntualizó el instructor.
La defensa del prescriptor serial pidió la probation, el Pami se opuso (consideró que la reparación ofrecida no era integral) y la fiscalía solicitó al juez del Tribunal Oral N° 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, que pidiera a la obra social que precisara el monto de la defraudación.
No obstante, no se determinó una cifra aproximada del perjuicio sufrido. Con el dictamen favorable del fiscal Maximiliano Aramayo Sánchez, el juez concedió la probation por dos años. De este modo, Fardín deberá abonar $ 2 millones al Hospital de Clínicas y realizar las tareas comunitarias en la institución Sullai.
Condenaron a un reincidente delincuente cordobés en Buenos Aires
En otro caso, el cordobés Claudio Germán Taborda (dijo dedicarse a la carpintería y albañilería) fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular en vehículos.
Debido a condenas anteriores, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, de San Martín, le impuso una pena unificada de cinco años y tres meses de cárcel.
El 24 de octubre de 2017, los efectivos observaron que la moto en la que Taborda circulaba no tenía la chapa patente colocada.
Cuando identificaron al sospechoso, les mostró la cédula de una Yamaha XTZ-L25. Ante la imposibilidad de poder visualizar los números de motor y cuadro, lo trasladaron a la comisaría.
Finalmente se pudo establecer que los números de cuadro y motor se encontraban adulterados y que los números originales correspondían a otra moto denunciada como robada.
Taborda sumó así una nueva condena de varias, ya que había sido sentenciado en 2016, 2018 (robo agravado por el uso de arma de fuego apta; y robo agravado, por su comisión en poblado y en banda), 2019 y 2021.
