Faltan turnos en el sistema de verificación policial vehicular en las plantas oficiales y cada vez más crece un circuito paralelo, con servicios en concesionarios que se ofrecen a valores mucho más altos, pero con menor tiempo de espera.
Se trata de una problemática que se arrastra hace largos años y por la cual se ensayaron varias soluciones, sin lograr efectividad ninguna de ellas. Y ya ha derivado en pedidos de informes en la Legislatura provincial y la admisión del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, de que se tiene que revisar cómo funciona el sistema.
Turnos completos, que no se usan
Las quejas de los usuarios son recurrentes y se registran a diario en los edificios policiales donde se presta el servicio, tres de ellos ubicados en la Capital.
Según información oficial, la planta central de verificación ubicada en avenida Duarte Quirós al 4100, barrio las Palmas, la más importante de la ciudad de Córdoba, emite alrededor de 160 turnos diarios.
Sin embargo, menos del 20% de esos turnos son aprovechados efectivamente por los usuarios, de acuerdo con lo que pudo corroborar La Voz.
La mayoría de esos turnos se pierden, por inasistencias.
Consultado por la situación, Quinteros fue concluyente: “Vamos a transparentar todo el sistema y que se terminen las especulaciones sobre los turnos”.
Servicio de verificación policial “fuera de planta”: el circuito donde siempre hay turnos
Operarios de Duarte Quirós y otras plantas verificadoras sugieren la existencia de una posible maniobra de acaparamiento de turnos por parte de terceros, que luego no concurren a las citas para generar un cuello de botella en el sistema, que beneficie la contratación del servicio exprés.
Conseguir un turno en las verificadoras, a raíz de esta saturación, demora al menos 30 días, mientras que en los canales privados, aunque con un costo muy superior, el trámite puede concretarse en 24 horas.
La verificación policial es un requisito obligatorio para la transferencia de vehículos (automóviles, motos o camionetas particulares).
El costo oficial es de $ 13 mil, a lo que se suma el formulario 12, indispensable para concretar la operación.
En la planta de barrio Patricios, zona noroeste de la ciudad de Córdoba, ese formulario es vendido en la puerta por un agente, a un costo adicional.
En la de Duarte Quirós, en el oeste de la Capital, se deriva a los conductores a librerías de la zona, donde el formulario se ofrece a un costo de entre $ 20 mil y $ 22 mil.
A la par del sistema oficial, creció una oferta privada denominada “servicio fuera de planta”, que realiza la verificación en menor tiempo pero a un costo que puede superar los $ 100 mil.
Según confirmaron fuentes de distintas concesionarias y gestorías locales, los trámites se realizan incluso los fines de semana, en entre cinco y 10 minutos.
Suele haber uno o dos turnos por semana, en el que se atienden, en promedio, 16 verificaciones. Aquí la disponibilidad de turnos es abundante.
Al igual que en las plantas policiales, los propietarios pueden enviar a un tercero con la documentación del vehículo.
En otros casos, directamente se le entrega la llave a un gestor, que se encarga de todo el procedimiento sin que el titular del vehículo tenga que intervenir, a cambio de una cifra que supera en mucho los $ 100 mil.
Cómo funciona el pago del servicio de verificación por “fuera de planta”
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia explicaron que el monto que abona el dueño de un vehículo por un servicio privado está compuesto por varios ítems.
La caja pública recibe sólo $ 13 mil –es decir, el valor de la tasa– y se traslada el costo de $ 50.300 por un turno adicional de un policía, que equivale a cuatro horas de trabajo.
Lo que sucede en la práctica es un poco más complejo.
“Un contrato de servicio, si bien es por cuatro horas de trabajo, en estos casos se cobra por auto. Una hora se corresponde a un auto. Por lo tanto, la concesionaria o la gestoría tiene que pagar tantos adicionales como autos tenga para verificar cada día”, detalló una fuente que conoce el sistema.
El resto del dinero que abona cada contribuyente, según el funcionario consultado, queda en poder de los gestores y las concesionarias, que cobran por este servicio.
Si se tiene en cuenta el monto total que cobra la mayoría de las grandes concesionarias ($ 110 mil), el contribuyente termina abonando: $ 13 mil por la tasa, aproximadamente $ 20 mil por el formulario 12 y quedarían $ 76.700 en manos de la firma que presta el servicio gracias a la disponibilidad de turnos con que cuentan.
De estos $ 76.700, la firma debe abonar a la planta verificadora central $ 50.300 como tantos servicios adicionales deba contratar. “Una concesionaria grande puede requerir 16 turnos por día. En este caso, debe abonar cuatro turnos, a razón de $ 201.200”, detalló la fuente.
Sin embargo, las concesionarias cobran a cada cliente $ 110 mil por este servicio, por lo que con dos tarifas de las 16 –siempre según el promedio estimado por el funcionario– llegan a cubrir el monto de los adicionales. Quedan un poco más de $ 1.760.000 en esa jornada, un monto nada despreciable. De este monto, hay que descontar $ 13 mil de tasa y aproximadamente $ 20 mil por formulario por cada auto. Multiplicado por 16, da $ 528 mil. Limpios, entonces, un poco más de $ 1,2 millones.
Una planta casi vacía, pero sin turnos de atención
La contracara del ritmo frenético que se registra en las concesionarias y las gestorías, que todas las semanas completan sus turnos diarios, en la planta central de verificación un alto oficial comentó que “las instalaciones están vacías”.
“Los usuarios llegan y ven la planta vacía y piden ser atendidos, pero no podemos recibirlos porque los turnos ya fueron asignados. En un alto porcentaje, los vehículos no asisten”, aseguró la fuente.
Este medio pudo constatar que en una mañana corriente (la planta central atiende hasta las 16) se atienden entre 10 y 20 autos. Esto a pesar de que los turnos están otorgados.
Las frecuencias dependen de los adicionales contratados en la planta de Duarte Quirós: algunas lo hacen martes y jueves; otras, durante los fines de semana.
Pedido de informes en la Legislatura: cuestionan la falta de turnos
El presidente del bloque legislativo de Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad provincial.
“El tema nos inquieta porque es la Policía de la Provincia la que tiene la facultad de realizar la verificación de automotores y aparece repentinamente una empresa, aparentemente privada, que estaría realizando esa tarea”, sostuvo Agrelo.
Agrelo detalló que enviaron personal de su equipo a realizar averiguaciones y que constataron al menos el funcionamiento de una empresa que se hace cargo de la compra del formulario 12, el pago de las tasas al iniciar y finalizar la verificación, la gestión ante la división de inspección vehicular y que prestaba el servicio en la planta.
Al horario lo saben el día antes, ya que deben coordinar primero con el policía que va a hacer la verificación, que va a su local.
El legislador también se refirió al aspecto legal y financiero de este servicio paralelo: “Queremos conocer si la Provincia tercerizó el servicio, si está autorizado, si la tasa que cobran queda para la empresa que está prestando esta verificación o va a las arcas públicas. Ese es el interés nuestro: clarificar cuál es el esquema jurídico y económico en que se ha montado esta planta de verificación”.
Cambios tras el pedido de informe
Luego del pedido de informes, desde el 1 de agosto la Provincia implementó un nuevo sistema de validación de turnos.
Ahora, las personas que no abonen la cita dentro del plazo de 24 horas perderán automáticamente el derecho a ser atendidos, que será liberado para otro usuario, según confirmaron en la planta verificadora de Duarte Quirós.
Además, el pago de la tasa oficial de $ 13 mil se realizará únicamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), vinculada al usuario contribuyente, para evitar que se pueda colapsar las reservas desde una sola cuenta.
Quinteros sostuvo que este es el primer paso para continuar trabajando en la optimización del sistema y para garantizar que haya disponibilidad de citas.
“Así vamos a lograr que unos vivos dejen de acaparar turnos y, por sobre todas las cosas, para que los usuarios encuentren una solución en el sistema, que sea transparente y de utilidad”, sostuvo el ministro.
En la planta de Duarte Quirós coincidieron: “El principal objetivo de este nuevo mecanismo es liberar los turnos que son acaparados por usuarios que no cumplen con los requisitos finales o que no asisten a la cita, y reducir las demoras que a principios de año superaban los 40 días, y que hoy rondan los 30 a 35 días”.
Se espera que, al liberar los turnos no pagados, se amplíe la disponibilidad para quienes realmente necesiten realizar el trámite.
Cómo funciona el circuito privado: $ 110 mil y turnos diarios
Este medio contactó a distintas firmas que ofrecen el servicio exprés. Así se pudo constatar el servicio que prestan los intermediarios.
Entre las distintas ofertas, se registraron servicios que incluyen turno de verificación, formulario 12 completo y resuelto por autoridad policial, y gestión ante la división policial por un precio final de $ 110 mil, todo en una concesionaria.
Hay amplia disponibilidad de turnos; y si un cliente necesita entregar su vehículo en forma de pago por otro usado o un cero kilómetro, con seguridad obtiene una cita para el domingo siguiente en el que cierra su trato.
En otra gestoría, se ofrecen condiciones similares, pero el monto es menor: $ 88.625.
En este mismo caso, los turnos se ofrecen de tres a cinco días corridos. “Lo único que precisamos es la cédula verde del vehículo”, confirmaron.
Otra firma aseguró tener lugar disponible para el día siguiente de la consulta. “Tengo lugar para verificar mañana a las 14.15. Para confirmar, debe enviar foto del título o cédula y seña de $ 45 mil. El precio total es de $ 75 mil, y está todo incluido (formulario, timbrado, arancel y honorarios). Se ofrece un café gratis a los clientes”.
En este caso, la firma aclara que si el propietario no asiste a la cita, pierde la seña, sin derecho a reembolso.
Incluso, algunos de estos servicios se prestan en locales con sala de espera y atención personalizada: “No hace falta que venga el titular. Puede venir un amigo o un familiar. Estacionás, esperás cinco a 10 minutos y seguís con tu día, luego de recibir la atención y disfrutar de las comodidades de la sala de espera. El servicio tiene un costo total de $ 110 mil”.
Y agregaron: “La verificación la hace un policía de la división de inspección vehicular que viene a nuestro local. Al otro día, nosotros vamos a la planta a buscar el formulario 12 completo y lo traemos para que lo retires”.
¿Tercerización encubierta?
La preocupación institucional ahora apunta a esclarecer si el servicio de verificación está siendo tercerizado de manera informal.
Una alta fuente de Seguridad señaló, sin dudarlo, que se debe revertir esta disparidad en la disponibilidad de turnos entre el servicio en planta y los trámites que se realizan por fuera. “Esto está mal y debe cambiar”, declaró.
En su pedido de informes, Agrelo también consultó si existen investigaciones internas, registros de empresas autorizadas o sumarios por las irregularidades detectadas. No trascendió que hubiera alguno de estos asuntos pendientes.
Entre la información solicitada, se pide conocer la situación de firmas identificadas para saber si cuentan con habilitación para prestar este tipo de servicios.
