Tres madres que perdieron sus hijos en el Hospital Materno Neonatal presuntamente asesinados por la enfermera Brenda Agüero solicitaron a través de su abogado Carlos Nayi que la investigación se encuadre en violencia institucional, de género y obstétrica, en una nueva presentación realizada ante el fiscal Raúl Garzón.
Ya la violencia obstétrica había sido mencionada en varios relatos de las mujeres, pero la novedad que resulta más llamativa es el encuadre de violencia institucional, una figura que tomó relevancia pública a partir de la condena a los policías que mataron a Blas Correas, un crimen que el tribunal consideró un caso de violencia institucional policial.
En concreto, el texto presentado por el estudio de Nayi solicita el encuadre de los asesinatos de bebés y las distintas figuras que se le atribuyen a los funcionarios (encubrimiento, omisión de deberes o falsedad ideológica) en “un contexto de violencia de género en su modalidad institucional y de violencia obstétrica, de conformidad a la Ley nacional 24.685 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
“Las víctimas de los hechos investigados en la presente causa sufrieron violencia física, psíquica y simbólica por parte de agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones y no resulta menor el lugar en el que se suscitaron los hechos delictivos, esto es, en el Hospital Materno Neonatal, un centro de salud pública en donde mujeres en un especial momento de vulnerabilidad quedan a disposición de los médicos y enfermeras del lugar a la espera de recibir un tratamiento adecuado”, fundamenta, en una parte, el pedido.
Considera la querella que es un agravante que los funcionarios habrían utilizado “sus investiduras para desde ese lugar de poder y asimetría frente a las víctimas, construir mendaces versiones de lo ocurrido y orquestar una serie de actos tendientes al liso y llano encubrimiento de la verdad real”.
Sobre la violencia obstétrica, se fundamenta que “las madres fueron víctimas de prácticas deshumanizantes como la omisión de la atención oportuna y eficaz, la obstaculización del apego precoz sin que existan razones médicas urgentes y justificadas, la falta de información, insensibilidad al dolor que estaban sintiendo como así también recibieron regaños, burlas, ironías, amenazas, insultos y juicios subjetivos cuyo único objetivo era humillar, coartar o minimizar a las pacientes”.
El marco para esta solicitud es la de parto respetado que establece que hay violencia obstétrica cuando “el personal de salud sobre el cuerpo tiene un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
En este caso, se considera que se vulneró el derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto, a que se respete su intimidad, a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. y a recibir toda la información necesaria, en un lenguaje claro, sobre su estado y la evolución del parto y del bebé. Y también a que “existió un trato humillante y degradante hacia las madres y una protocolización innecesaria que socavo sus derechos fundamentales como mujeres gestantes”.
El pedido de la querella es que este encuadre involucre a todos los imputados, desde la considerada autora material Brenda Agüero, al exministro de Salud provincial Diego Cardozo y el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal -imputados por omisión de deberes- y la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, detenida e imputada por encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes.
Los otros imputados en la causa son la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringelgheim, la exjefa de Enfermería Alicia Ariza, la exjefa de Obstetricia Martha Gómez Flores, la médica Adriana Morales y el ex subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama.
Nueva declaración de Liliana Asís
La exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, ampliará su declaración indagatoria este jueves. Detenida en Bouwer, la médica, de 74 años, espera que el fiscal Raúl Garzón defina su situación procesal: si confirma o no la prisión preventiva y, en el caso de que la ratifique, si acepta o no el pedido que hizo su defensor, Franco Vittozzi, del beneficio de la prisión domiciliaria.
Lo que se espera de la nueva declaración de Asís es saber si el presunto encubrimiento que le endilga Garzón fue decidido por ella o recibió indicaciones de algún superior para no llevar a la Justicia las sospechas que existían en el hospital por las muertes sin explicación de recién nacidos.
