En medio de un contexto de incertidumbre y de resentimiento del servicio de apoyo a la discapacidad, representantes de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de todo el país presentaron una moción para suspender temporalmente las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Si bien fue derogada la Resolución N.º 187/2025 —que establecía un nuevo baremo para las auditorías—, los controles continúan bajo procedimientos anteriores, generando incertidumbre y vulneración de derechos.
“Reconociendo que la auditoría de beneficios constituye una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, entendemos que dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”, manifestaron en una carta dirigida al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.
En la petición que fue aprobada por mayoría en el marco de la 103° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) instaron a una revisión urgente de los procedimientos, actualmente en curso.
La moción recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, garantiza el derecho a la protección social. Y señala que cualquier procedimiento que pueda afectar ese derecho debe ser revisado para asegurar su cumplimiento.
“Teniendo en cuenta los informes provinciales y regionales que han identificado deficiencias graves en la implementación de los procesos de auditoría vigentes, los aspectos más preocupantes son la falta de accesibilidad en la forma de notificación, el uso excesivo de carta documento como medio de citación que no contempla formatos accesibles ni mecanismos alternativos que garanticen la efectiva recepción, comprensión y respuesta por parte de las personas con discapacidad, afectando su derecho a la información y al debido proceso”, indicaron.
De esta manera los firmantes entienden que estas deficiencias comprometen principios fundamentales como el trato digno, la igualdad ante la ley, la accesibilidad, la no discriminación y el derecho a un nivel de vida adecuado, en directa contravención con los artículos 12, 13, 19, 21 y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y creen que el actual proceso de auditorías podría configurar un retroceso en la garantía de derechos sociales ya adquiridos, en infracción al principio de no regresividad consagrado en la misma Convención.
¿Nuevo procedimiento?
Mientras no se interrumpe el proceso de auditorías, desde el Ejecutivo advirtieron que se estudia un nuevo procedimiento que se confirmará en las próximas semanas.
En la moción se solicitó la creación de una mesa de trabajo interjurisdiccional en el seno del Cofedis, con participación federal y de la sociedad civil, para revisar los mecanismos de auditoría.
