El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó el procesamiento del exintendente de Córdoba Ramón Javier Mestre y de varios de sus funcionarios por la contaminación del río Suquía. La causa se basa en el mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande, lo cual habría llevado a la contaminación del río con desechos tóxicos.
La causa está caratulada como “Gastaldi, Omar Arsenio; Salum, Matías Alejandro; Bardagi, Daniel Andrés; Grión, Luis Emilio; Rustan Gabriel y Otros sobre infracción ley 24.051″.
Según el documento firmado por Senestrari, hay pruebas que indican que, debido a la deficiente operación de la planta, el agua del río Suquía contenía niveles extremadamente altos de coliformes fecales y Escherichia coli, superando los límites permitidos por la normativa ambiental. El fiscal señaló que los residuos vertidos en el río son sustancias tóxicas que pueden causar daños graves a la salud humana y al medio ambiente.
El pedido de Senestrari causó sorpresa entre los abogados que defienden a Mestre y a sus exfuncionarios porque el fiscal recibió la causa recién hace un mes, luego de una deriva que incluyó el apartamiento del juez Sánchez Freytes y vía amparo de una fiscalía en Villa María. Según comentaron los representantes legales, la causa había llegado con un sobreseimiento a la decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que con el voto unipersonal de la vocal Liliana Montesi ordenó que se siga investigando. “¿Cuál es el apuro del fiscal para pedir un procesamiento sin incorporar prueba nueva, ni cumplir la indicación de seguir investigando que ordenó la Cámara?”, planteó uno de los abogados de los exfuncionarios de la gestión municipal radical.
El planteo de Senestrari tendrá que ser resuelto, al regreso de la feria, por el juez de Villa María Roque Ramón Rebak, porque los jueces federales de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja y Alejandro Sánchez Freytes se apartaron, por distintos motivos, del proceso, y está aún vacante el juzgado 3.
Entre los exfuncionarios de la intendencia de Mestre sobre los que también se pidió el procesamiento están Omar Gastaldi, exsecretario de Infraestructura; el exsubsecretario Matías Salum; Daniel Bardagi, exdirector de Redes Sanitarias; Sebastián Rocca, exsubsecretario de Ambiente; Alejandra Toya, exdirectora de Impacto Ambiental; Luis Grión, exsubdirector de Mantenimiento de Redes; Gabriel Rustan, exsubdirector de la Edar y Carlos Poncio, exsubdirector del Observatorio Ambiental.
En los fundamentos del pedido, Senestrari hace referencia al informe presentado por el perito oficial en agosto de 2021 reveló que en julio de ese año, las muestras tomadas aguas abajo de la planta Edar de Bajo Grande mostraron niveles de contaminación 186 veces superiores al máximo permitido para coliformes totales, 930 veces para coliformes fecales y 930,000 veces para Escherichia coli.
Además, el informe del Instituto de Virología Dr. José María Vanella concluyó que el río Suquía contenía partículas virales infectivas y genomas virales, incluyendo enterovirus viables y genomas de noravirus y picobirnavirus, todos indicadores de contaminación fecal de origen humano.
Los fundamentos agregan que la situación se agrava por la interjurisdiccionalidad de la contaminación, ya que se detectaron sustancias contaminantes en la laguna Mar Chiquita, donde desemboca el Suquía. Los informes técnicos elaborados por diversas instituciones, como el Centro Químico Aplicado Cequimac y el Laboratorio Central del Hospital de Clínicas, junto con testimonios de expertos, confirmaron la contaminación de origen fecal y los altos niveles de fósforo total, lo que contribuyó al proceso de eutrofización de la laguna.
En otro párrafo, se señala que el declive en el funcionamiento de la planta Edar de Bajo Grande, según Daniel Edgardo Isicaro, capataz del sector mantenimiento, comenzó alrededor de 2013 debido a una acumulación de fallas y falta de cumplimiento de los pedidos de mantenimiento.
Siempre siguiendo los fundamentos, se describe que Gustavo Guillermo Ibarra, jefe del Laboratorio de la planta, describió en 2017 una serie de problemas técnicos graves, incluyendo sensores rotos, canales inoperativos, y bombas y generadores de energía fuera de servicio, lo que implicaba que la planta dejaba de funcionar al cortarse la luz y los líquidos sin tratar se vertían directamente en el río.
En 2022, el querellante Roberto Federico Kopta, en representación del Foro Ambiental Córdoba, también instó al procesamiento de los imputados, destacando que la expansión de la red cloacal durante la gestión de Mestre agravó la situación al aumentar la carga de la planta Edar sin realizar las inversiones necesarias para su correcto funcionamiento.
La Cámara Federal de Apelaciones, al revocar una resolución anterior que disponía el sobreseimiento de los imputados, recomendó que el juez federal a cargo lleve a cabo la instrucción de la causa con urgencia para evitar dilaciones en el proceso y definir la situación procesal de los encartados.
La acción penal surgió en 2018 fruto de tres denuncias, una presentada por el Foro Ambiental Córdoba, principal impulsor por estas horas de la causa. Las otras dos habían sido realizadas por vecinos de Chacra de la Merced y el actual funcionario municipal, Santiago Gómez.
Más críticas
“De las probanzas de la causa se ha determinado que la caca viene de Carlos Paz, transita por todo el cauce del río, y por todos los municipios, entre ellos el de Córdoba, y así hasta llegar a la desembocadura. También determina que desde hace muchos años se produce este efecto, y se ha producido inclusive en el gobierno municipal del hoy gobernador. Por eso, es una maniobra con fines publicitarios el escrito del fiscal, que tampoco da cumplimento con lo que dice la cámara”, opinó otro abogado que representa a los exfuncionarios. Su opinión es textual, pero pidió reserva de identidad para evitar perjudicar a sus clientes.
