En los fundamentos de la sentencia del juicio del Neonatal, los vocales de la Cámara Séptima del Crimen incorporaron un par de párrafos en el que remiten al Ministerio Público Fiscal (MPF) antecedentes para que se investiguen otros posibles delitos, cometidos por empleados o autoridades de ese organismo, responsable de la acusación pública.
“Existen dos cuestiones que surgieron del debate y que podrían guardar relación con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”, comienza el texto firmado por los jueces José Daniel Cesano, Laura Huberman y Patricia Soria.
Piden al Ministerio Público Fiscal que investigue con quiénes el Ministerio de Salud “articulaba” antes de denunciar
El primer hecho parte “de la situación referida por la testigo Marcela Beatriz Quaglia, según la cual, el día 7 de junio de 2022, personal de la Unidad Judicial N° 18, no habría querido tomar su denuncia".
En su declaración en juicio, Quaglia incluso refirió malos tratos. Y es por esto que la segunda denuncia por muertes ocurridas durante esa guardia terminó siendo llevada a la Justicia por un policía que estaba trabajando como adicional de seguridad en el Neonatal. En principio, se queda aquí el pedido de investigación, no abarca la actividad -escasa- de la primera fiscalía que intervino, luego de ordenar las autopsias, que estaba siendo subrogada por la fiscal Silvana Fernández, en reemplazo de Jorgelina Gutiez, que entonces se encontraba de licencia.
Pero el punto que despierta mayores suspicacias en Tribunales es la segunda remisión, que en el fallo se describe de este modo: “La situación referida por los testigos Andrés Biscotti y Mariana Figueroa. Biscotti, con fecha 7/2/2023, realizó un informe, remitido al fiscal de Instrucción interviniente, en el que consignó que, en un pen drive secuestrado al acusado (Pablo) Carvajal, en donde éste hacía un relato de lo acontecido después del 7/6/2022, Carvajal refería que el 8/6/2022 había mantenido una comunicación con un integrante del Ministerio Público Fiscal, a quien le habría trasmitido lo que, el día anterior, la acusada (Liliana) Asís le había informado a él. Por su parte, la abogada Figueroa manifestó en debate que, luego de haberle remitido un proyecto de denuncia a Carvajal, se comunicó con éste para preguntarle si la había presentado (a la denuncia), a lo que Carvajal le habría contestado que ‘estaba articulando con un fiscal’”.
Lo que se pide es que se individualice quién es el fiscal aludido dos veces por quien era el secretario de Salud provincial, quien resultó la única autoridad ministerial condenada por encubrimiento agravado.
“De considerar procedente, realice la investigación respectiva o las medidas que estime correspondan”, cierra la indicación, que no ordena nada, sino sugiere, un modo más suave de abordar lo que en el juicio varias partes denominaron la ausente “pata judicial” en el proceso que puso en el banquillo las responsabilidades funcionales.
