Recibir un diagnóstico de cáncer provoca un impacto que puede poner en jaque el estado emocional de cualquier persona. ¿Qué pasa si además de esta noticia, el paciente se entera de que no hay medicación? ¿Qué pasa si se encuentra con un trámite engorroso o tiene que vender su auto para acceder al tratamiento?
En Córdoba, como en el resto del país, persisten las dificultades de pacientes oncológicos para acceder a las drogas que necesitan para sobrevivir.
Testimonios en primera persona dan cuenta de la dura realidad que atraviesan los pacientes. Un drama que pone en jaque al sistema de salud.
“La incidencia de cáncer en Argentina es similar a la de los países desarrollados, pero acá la mortalidad es mayor”, explica Alejandro Rubio, presidente de la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba.
La dificultad para acceder a un tratamiento y a un diagnóstico puede provocar un aumento en la mortalidad y una disminución en la sobrevida. En algunas ocasiones, se opta por drogas menos efectivas pero de fácil acceso, con tal de garantizar la continuidad.
Los más afectados
Los afiliados de obras sociales más pequeñas, como algunas sindicales, se encuentran en mayores apuros. Las cuotas aumentan al ritmo de los incrementos salariales, pero el precio de los medicamentos sube por encima de la inflación.
En segundo lugar se encuentran las personas que no tienen cobertura social. Fuentes de distintos servicios oncológicos y asociaciones de pacientes aseguran que siempre fue engorroso el trámite para conseguir medicación de alto costo. El cambio es que, desde la asunción del presidente Javier Milei, hay más negativas a la hora de cubrir una terapia.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclaran que son las provincias las encargadas de garantizar la medicación de las personas, ya que las jurisdicciones no delegan sus facultades en salud, por constitución. Las provincias, al igual que las obras sociales pequeñas, aluden que sus magros presupuestos no alcanzan para abastecer las demandas de una población que, además de medicación oncológica, necesita otros tratamientos de alto costo y prestaciones, como las de discapacidad.
“La mayor parte del fondo solidario que se creó para asistir a las obras sociales se invierte en discapacidad. Es muy poco lo que queda para tratamientos de alto costo. Las obras sociales pequeñas corren el riesgo de desfinanciarse”, explican desde la Superintendencia de Seguros de Salud, la entidad nacional que regula el funcionamiento de las obras sociales y prepagas.
En Córdoba, el año pasado se registraron 130 reclamos de afiliados que sufrieron trabas para acceder a medicación oncológica. En lo que va del año, la oficina ubicada en calle Deán Funes al 700, de la ciudad Capital, reportó alrededor de 40 pedidos de intervención.
Desde Nación aseguran que se implementan mecanismos para agilizar los trámites que están trabados, para que no pasen más de 45 días desde el pedido hasta la provisión. Reiteran que son las provincias las encargadas de garantizar la salud de los ciudadanos.
En la práctica, pacientes y agentes de salud manifiestan que las demoras son mucho mayores.
Estos son los testimonios en primera persona:
“Tuve que salir a mendigar medicación”
Paola Machado tiene 43 años, vive en Pilar y era empleada doméstica. En 2021 le diagnosticaron cáncer de mama, fue intervenida y necesitó quimioterapia.
El año pasado, su organismo generó otro tumor maligno en el sitio donde la habían operado y le prescribieron ocho sesiones más de quimio, con dos medicaciones.
“Cuando llamé a la obra social, me dijeron que si me daban esa medicación, ellos se fundían”, cuenta Paola.
La paciente relata que las drogas que necesitaban son las estándares. Pero una de ellas costaba 12 millones de pesos.
La fecha para la quimio ya estaba lista, pero la medicación no aparecía.
“Empecé a moverme y conseguí que me donaran las drogas para la primera sesión porque la mutual no me cubrió ninguna”.
Paola acudió a Apradoc, la asociación de voluntarias en apoyo al paciente oncológico que funciona en el Hospital de Clínicas. También recibió ayuda de la Fundación Amazonas y de la organización Corazón de Mujer de Córdoba.
Para las primeras sesiones, Paola recurrió a medicación donada que voluntarios de otras provincias mandaban en camiones con custodia de la cadena de frío: Mar del Plata, Buenos Aires. También recibió una donación proveniente de Río Ceballos.
Para las dos últimas sesiones, presentó un amparo con un abogado de Capital Federal. La obra social se vio obligada a proveer la medicación. La inversión corrió por cuenta de la mutual y del Estado, tras el amparo judicial.
“Tener que salir a mendigar por una medicación te genera un gran desgaste. Te pega en lo anímico”.
Paola recibió la última sesión en febrero de este año. Aunque ya terminó la quimioterapia, las secuelas quedan. Hoy sufre crisis de ansiedad, producto del estrés que vivió durante su tratamiento.
Un tratamiento que llegó tarde
Impotencia, tristeza y desgaste son las tres palabras que se repiten en el relato de Estela –su nombre es ficticio porque pidió reserva de identidad–. La mujer de 57 años se encuentra hoy en un tratamiento hormonal, después de haber tenido cáncer de mama con metástasis en los huesos.
Estela está inmersa en un trámite digno de una película de ficción. En febrero comenzó a llenar formularios para acceder a la medicación en el Banco Nacional de Drogas. Adjuntó fotos de la receta, historia clínica y estudios que respaldaban su diagnóstico.
Un mes más tarde (el 5 de marzo), la Provincia le avisó que el medicamento no estaba disponible en el Banco. Que tenía que solicitarlo a Nación.
En aquel momento se dirigió a la Dadse, una dependencia oficial hoy reemplazada por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria del Ministerio de Salud de la Nación.
Estela llenó otro formulario, adjuntando en el orden solicitado (todo en un mismo PDF) las recetas, historias clínicas, estudios complementarios, informes de un asistente social y las negativas de cobertura de Anses, municipio y Provincia.
Una vez que tuvo todo listo, tras esperar otro mes, se dio con una noticia inesperada: el medicamento que necesitaba “apareció en el Banco Nacional de Drogas”. Vuelta ahora a realizar el trámite que ya había hecho en febrero.
“Tengo la posibilidad de acceder a una computadora o a un celular. Pero hay gente que está postrada en una cama con una enfermedad terminal para hacer este trámite que da vergüenza”.
Estela fue diagnosticada en 2021. Desde entonces, las demoras y el papelerío siempre fueron los mismos. Sin embargo antes, “el medicamento aparecía” y en cambio “ahora te dicen que no”.
La paciente tuvo que interrumpir el tratamiento en varias ocasiones, con el riesgo de que su tumor se vuelva resistente a las drogas.
Y cuenta con tristeza el resultado fatal que tuvo una de sus amigas, que también tenía cáncer de mama con metástasis en los huesos y en el hígado: “Le ayudé a hacer el trámite. La medicación le llegó, dos meses después, cuando ella ya estaba muerta”.
Los que pueden, tienen
Asociaciones científicas y organizaciones que nuclean a pacientes oncológicos aseguran que no hay problemas de abastecimiento en la medicación. El drama es la falta de financiamiento.
En la cadena de más desfavorecidos se encuentran los empleados de las obras sociales pequeñas –cuyas cuotas aumentan al ritmo de las subas salariales y por debajo del de la medicación–. Le siguen las personas sin cobertura. Finalmente, las prepagas están cumpliendo, ya que sus aranceles aumentan libremente por decreto presidencial.
Alejandro Rubio, presidente de la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, considera que debería existir un programa específico que garantice los diagnósticos y tratamientos oportunos para pacientes con cáncer.
El especialista asegura que no sólo hay problemas para conseguir drogas que garanticen tratamientos. También hay demoras para acceder a un diagnóstico oportuno, en especial, en el sector público del interior provincial.
Por caso, el cáncer de colon –segundo más frecuente en la provincia– está subdiagnosticado. “Hay gente que llega con el intestino ocluido a la guardia por falta de diagnóstico”, revela.
Rubio agrega que no hay problema de abastecimiento: quienes pueden pagar acceden a la medicación. Este drama agudiza la desigualdad en salud. “Hay personas que ni siquiera pueden costear un abogado que coloque un amparo en la Justicia”, determina.
¿Cómo funciona el sistema?
El sistema de cobertura social en Argentina está pensado como un mecanismo solidario: quienes perciben ingresos más altos aportan más.
La Superintendencia de Seguros de Salud regula el Fondo Solidario de Redistribución, un programa al que ahora también deben aportar las prepagas.
A partir de 2023, se creó un “sistema único de reintegros por gestión” que debería asistir a las obras sociales pequeñas que no pueden solventar medicamentos de alto costo. Sin embargo, desde la Superintendencia aseguran que ese fondo solidario tiene un presupuesto limitado, que la medicación es cara y que además debe solventar las distintas prestaciones previstas por ley.
Desde la oficina de Córdoba advierten que las obras sociales están demorando autorizaciones para medicación oncológica. En la práctica, estas drogas se entregan con retraso.
Respuesta oficial
Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación indicaron a La Voz que son las provincias las encargadas de garantizar la medicación oncológica. “Si una jurisdicción no puede, entonces debe hacerlo la Nación. Es más un uso y costumbre que una delegación explícita porque las provincias no asumen sus responsabilidades”.
Voceros de la cartera sanitaria nacional reconocieron que el “trámite es engorroso” porque el paciente debe recibir primero la negativa de su municipio, luego la de su provincia, para después solicitar el trámite a Nación.
Informaron que para agilizar el proceso, la Dadse pasó a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y cambió su nombre: ahora se llama “Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria”.
“Si en 30 días no hay respuesta, automáticamente se acepta la solicitud. Lo que antes demoraba tres meses, hoy tarda máximo 45 días”.
La Voz consultó con el Ministerio de Salud provincial, pero no obtuvo respuestas.
Las asociaciones científicas y organizaciones que nuclean a los pacientes aseguran que este problema es de nunca acabar. “Uno se tira la pelota con el otro. Al final, el hilo se corta por lo más delgado”, resumió la paciente Paola Machado.
