El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción judicial colectiva que exige al Poder Ejecutivo certezas ante el escenario de abandono de gran parte de las políticas de género.
El pedido de la medida cautelar fue presentado el viernes 28 de junio y quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira.
Frente al despido del 85% de los trabajadores del ex Ministerio de la Mujer y de organismos dedicados a la lucha contra la violencia de género, estas cinco organizaciones exigen al Ejecutivo información sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres. Estas obligaciones estatales están especificadas en la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La acción declarativa de certeza se presenta en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, exhortando al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia.
De esta manera, las organizaciones demandan claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a esas obligaciones; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido. “Es la primera vez que se presenta una acción colectiva de esta naturaleza en la era Milei”, indicaron en un comunicado.
“El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia el cierre de organismos y el desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza. Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia”, explicaron.
Legislación
El organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones que surgen de la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es (o era) la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, órgano al que quedó reducido el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y que depende del Ministerio de Justicia.
Según un comunicado oficial de ese Ministerio, se habría procedido al cierre de dicho organismo. Pero como la decisión no se publicó en el Boletín Oficial, las organizaciones indican que se desconoce si el cierre se efectivizó.
Una situación idéntica sucede con respecto a la renuncia de su titular, Claudia Barcia, ya que no hay un acto expreso de aceptación de renuncia como subsecretaria del área.
“Con la eliminación definitiva”del organismo, las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de 30 años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin una institución a cargo de las políticas de equidad de género”, indicaron en el comunicado.
Para ELA, NUM, Fundeps, MxM y Feim, el accionar del PEN y el Ministerio de Justicia no solo vulnera derechos individuales, sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal.
“Las organizaciones demandantes entienden que tal situación de incertidumbre jurídica provoca un estado de indefensión y falta de certeza para las mujeres, niñas y adolescentes que necesiten acceder a los programas y políticas que dependen actual y directamente del funcionamiento de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género”, explicaron.
Por ello, solicitan que cese el estado de incertidumbre y que “se otorgue una medida cautelar que ordene al Estado abstenerse de efectuar una reducción o retracción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada al servicio de acceso a justicia y protección de violencia de género, hasta tanto de certeza de cómo va a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de violencia de género y acceso a la justicia”.
