La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que se continúe investigando la demora en la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la pandemia.
Esta decisión revoca un fallo anterior del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias a fin de año.
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La resolución de la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, señala que “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”.
Los jueces consideran crucial analizar estas negociaciones, especialmente en comparación con la rapidez con la que se gestionaron acuerdos con otros laboratorios.
Sobre las denuncias
La investigación se basa en dos denuncias presentadas en 2021. La primera fue realizada por un grupo de diputados nacionales de la oposición, quienes solicitaron que se investigara por qué el gobierno no había concretado la compra de la vacuna de Pfizer.
La segunda denuncia fue iniciada por familiares de cuatro personas que fallecieron por coronavirus.

La demora en la adquisición de las vacunas contra el Covid-19 generó un intenso debate público en Argentina durante la pandemia. El contraste con otros países de la región que accedieron a las dosis de Pfizer con anterioridad alimentó la polémica interna.
El gobierno de Alberto Fernández priorizó inicialmente el plan de inmunización ruso Sputnik, lo que suscitó interrogantes sobre las razones detrás de esta decisión en detrimento de otros laboratorios de reconocimiento internacional.
Finalmente, en septiembre de 2021, Argentina recibió 20 millones de dosis de Pfizer. Datos oficiales indican que más del 90% de los argentinos fallecidos por coronavirus no estaban vacunados o no contaban con las dosis de refuerzo recomendadas.
El tribunal federal considera fundamental que “la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”.
Los jueces concluyeron que “esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.
En Argentina, los primeros casos de coronavirus se reportaron en marzo de 2020, y desde entonces fallecieron más de 130 mil personas.