“Hasta el último suspiro tengo mis derechos”, reclamaba Solange Musse (35) en una carta publicada horas antes de su muerte. Han pasado más de dos años y la Justicia todavía no dio respuestas sobre la responsabilidad de quienes impidieron que la joven, con internación domiciliaria en Alta Gracia por un cáncer terminal, pudiera despedirse de su padre, Pablo Musse.
Aquel 16 de agosto del 2020, en plena pandemia de Covid-19, Musse, junto a su cuñada, una persona con discapacidad, viajó desde Neuquén a Córdoba, para darle el último adiós a su hija. Pero, a 370 kilómetros de su meta, autoridades policiales y del Centro de Operaciones de Emergencia les prohibieron el paso en Huinca Renancó y los hicieron regresar, escoltados. Solange falleció cuatro días después.
En las últimas horas, la Cámara de Apelación de Río Cuarto confirmó que el fiscal Luis Marcelo Saragusti debe continuar la investigación. Declaró inadmisibles los últimos recursos interpuestos por las partes.
Consideró que los elementos reunidos hasta el momento son “insuficientes” para arribar al estado intelectual de probabilidad requerido, en relación con la hipótesis contenida en la imputación.
Los jueces Carlos González Castellano, Emilio Andruet y Pablo Bianchi, interpretaron que del probatorio “surgen dudas que no han sido despejadas por la instrucción” y ciertas “inconsistencias” por la prescindencia de medidas probatorias.
Convalidaron la decisión del Juzgado de Control de Huinca Renancó, que el 6 de octubre pasado había considerado incumplida la investigación penal preparatoria y declarado que no existía mérito suficiente para elevar la causa a juicio ni para sobreseer a los imputados.
El Tribunal consideró que el Juzgado de Control resolvió adecuadamente que debe proseguirse con la investigación. Juzgó que “las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por quién que persisten ante la prescindencia de los medidas probatorias indicadas, tornan insostenible la existencia de elementos de convicción suficientes idóneos en cuanto tales para afirmar la probable verificación de los extremos de la imputación”.
En su momento, la querella también había instado a profundizar la pesquisa en torno a la posible intervención de otros funcionarios públicos en el hecho, pero también dejó sentado su reclamo de celeridad y la preocupación por la prescripción.
Hasta el momento, los imputados son cuatro: Eduardo Javier Andrada (director del Hospital) y Analía Morales (integrante de la mesa epidemiológica del COE), considerados probables coautores del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; al médico policial Sergio José Alí, posible partícipe necesario del mismo delito, y el sargento Darío Javier Mansilla, como probable autor de omisión de deberes del oficio.
Test y accionar dudosos en el sur de Córdoba
Como se recordará, el 16 de agosto del 2020, a las 6.30, el padre de Solange, Pablo Gustavo Musse, llegó al control sanitario de Huinca Renancó y le impidieron continuar el viaje.
El hombre viajaba de Neuquén a Alta Gracia, para ver a su hija Solange, quien estaba con internación domiciliaria por un cáncer terminal. Venía acompañado por su cuñada, Paola Lorena Oviedo, una persona con discapacidad por paraplejía espástica tropical y cuadriplejía espástica con parálisis cerebral. La mujer tiene domicilio en Alta Gracia.
A la altura del kilómetro 527 de la ruta nacional 35, a Musse y Oviedo los hicieron esperar más de dos horas hasta que abrió el puesto para testeo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Según se informó en su momento, al padre le practicaron un test rápido, que debía confirmarse con PCR, y le dio positivo o “dudoso”. A Oviedo le dio negativo. Según el relato judicial del hecho, tres de los imputados (Alí, Andrada y Morales) en conjunto habrían acordado impedirle continuar el viaje. A las 13 le comunicaron que lo escoltarían para que regresara a su domicilio en Plottier, Neuquén.
Según trascendidos, los funcionarios habrían desatendido la directriz que ordenaba, para estos supuestos impostergables, una escolta hasta Alta Gracia, domicilio de la persona discapacitada (Oviedo) y de residencia de quien “por su padecimiento límite, hacía impostergable su presencia”.
También existiría un protocolo que, eventualmente, podría haber obligado a trasladar a Musse al hospital de Río Cuarto, si se confirmaba que padecía Covid-19.
Fuentes de la investigación revelaron que en el parte policial que daba cuenta de que Musse sería escoltado hasta el límite interprovincial, se habría omitido consignar los datos y la incapacidad de desplazamiento de Oviedo, situación que configuraría una excepción a las prohibiciones de circulación previstas por el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. El mayor cuestionamiento a las autoridades es que se omitió considerar las causas de fuerza mayor para el desplazamiento.
En su momento, los padres de Solange también presentaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales.
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