Hace poco más de un año esto parecía increíble, inverosímil, irreal: hubo una asesina serial de recién nacidos en Córdoba, según concluyó un estudio minucioso de Policía Judicial que llevó al fiscal Raúl Garzón a adosar en la atribución de los homicidios concretados y los intentados de los que acusa a la enfermera Brenda Agüero la frase “en contexto de serialidad criminal”.
Las evidencias que tanto esperaba Garzón para elevar la causa contra Agüero a juicio lo convencieron también de agravar la imputación al exministro de Salud, Diego Cardozo y a los exfuncionarios que tuvieron alguna responsabilidad funcional.
A trazo grueso: de la omisión de deberes de funcionario público, una acusación menor, un no hacer, Garzón unificó a la mayoría de los exfuncionarios en la figura de encubrimiento agravado, que sí es un hacer, revela una intención más que una omisión, castiga la voluntad de ocultar antes que el dejarlo pasar frente a sus narices por impericia o negligencia.
¿Supone Garzón una complicidad entre los exfuncionarios y Brenda Agüero? Para nada. Ni él ni nadie sospecha eso. El encubrimiento que se les endilga a Cardozo y 10 exfuncionarios que estaban bajo su cadena de mando en la línea jerárquica que iba del Ministerio a la sala de Neonatología del hospital es político: querer controlar el daño reputacional de la gestión por lo que saldría a la luz de estas muertes inexplicables de recién nacidos en el Neonatal.
Causa Hospital Neonatal
No fue inocuo. Garzón preguntó a los expertos en qué casos correspondía pedir una autopsia. En las muertes ocurridas en marzo y en abril los peritos no dieron una respuesta concluyente, pero en mayo ya fue diferente: en la muerte de IG, nacido sano, con más de 3 kilos, descompensado y en un shock mortal en apenas 8 horas, ni siquiera se hicieron análisis de laboratorio. No haber hecho la autopsia, no haber llevado el caso dudoso a la Justicia, para el fiscal creó las condiciones para que exista una guardia como la del 6 de junio de 2022, en la que murieron dos bebas y otras dos se salvaron de milagro.
Se deslizó: en esas fechas no se sospechaba de un acto intencional, sino alguna explicación médica. La principal hipótesis fue un lote de vitamina K, algo que en la causa quedó descartado con contundencia. Pero aún en esa creencia, si se pensaba que alguien había provisto un medicamento en mal estado, si se sopesó que fallaron los controles de calidad farmacológicos y si se aplicaron había en todo eso algo más que un problema médico: existían potenciales delitos contra la salud pública.
En mayo el subdirector médico del hospital, Alejandro Escudero Salama, se reunió con el jefe de la morgue judicial, Moisés David Dib, y el fiscal Guillermo González. La versión naif que se dio de ese encuentro informal fue que Escudero Salama pidió consejos sobre cómo obrar frente a casos en los que se detectaron pinchazos extraños en recién nacidos. Hay que decirlo aquí: no fueron solo pinchazos, en esos mismos casos hubo descompensaciones que por muy poco no terminaron en muertes.
Dib, que fue quien reveló la existencia de esa reunión, dijo que se aconsejó a Escudero Salama pedir una investigación judicial. Una semana después, ocurrió la muerte de IG. No se puede entender como un simple no hacer, está convencido el fiscal.
¿Se quiso controlar el relato? ¿Se pensó que como pudo haber ocurrido en buena parte de la pandemia se podrían ocultar detalles inconvenientes? ¿Se buscó armar un paquete cerrado, con control de daños sobre las responsabilidades funcionales, antes de ir a la Justicia? ¿Jugaron los médicos al detective?
Cardozo, que no ofreció hasta ahora nunca su explicación, tendrá esa oportunidad si se confirman las imputaciones y llega a juicio. Y sino él, hay otros 10 involucrados que podrán responder los mismos interrogantes.
