Ya hay dos causas judiciales que parten de las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal. Y todo hace presumir que pronto serán tres. Si ya era complejo de comprender cómo se investiga en la Justicia esto, ahora será laberíntico.
La imputación del exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, haría insostenible que la investigación por las responsabilidades funcionales permanezca en la fiscalía que investiga los presuntos homicidios, a cargo de Raúl Garzón.
Cardozo fue imputado junto a quien era subdirector de gestión hospitalaria en el Neonatal, Alejandro Escudero Salama, por “omisión de deberes de funcionario público”. La misma figura y el agregado de la presunta “falsedad ideológica” les endilgó Garzón a la exdirectora del hospital Liliana Asís, la exjefa de Neonatología Marta Gómez Florez y la médica Adriana Morales
Si, como suponen en Tribunales, los abogados que designe Cardozo debutan en su defensa pidiendo la mudanza de las acciones al fuero Penal Económico, se produciría un segundo desprendimiento en la investigación, que ya tiene una causa paralela por la acusación del propio Garzón de la omisión de denuncia por una reunión realizada en mayo en el despacho de su colega Guillermo González, y en la que habrían participado Escudero Salama y el jefe de la morgue judicial, Moisés David Dib, que fue quien se lo contó a Garzón en la declaración que hizo en la causa por las muertes de los bebés.
Penal Económico -antes conocido como Anticorrupción- es el fuero especializado en delitos de “guante blanco” y aquellos que afectan a la administración pública y donde hay involucrados funcionarios. Si hasta antes de Cardozo era discutible la competencia, parece difícil de sostener una jurisdicción diferente ahora, salvo que Garzón pueda mostrar la completa indivisibilidad de las investigaciones, un argumento que parece él mismo haber descartado al girar las actuaciones contra su par González por la reunión de mayo, un poco menos de un mes antes de que llegara la primera noticia a la Justicia, luego de que murieran dos bebas y otras dos se salvaran de milagro en la fatídica guardia del 6 de junio.
El anticipo que hizo el abogado de Escudero Salama, Claudio Orosz, de que este prestará declaración en forma amplia, puede apurar las definiciones de competencia. Mejor que declare ante el fiscal que en verdad lo investigará.
La causa criminal
Mientras tanto, hay una presa: Brenda Agüero, la enfermera acusada de matar al menos a dos bebés el 6 de junio, inyectándoles alguna sustancia que elevó el nivel de potasio en sangre hasta hacerlo incompatible con la vida. En los próximos días, el fiscal Garzón tendrá que decidir la situación procesal de esta: si le dicta o no la prisión preventiva. Los peritajes psicológicos, psiquiátricos y socioambientales no llegarían a tiempo con sus conclusiones para robustecer o descartar sus sospechas.
¿Hay alguna hipótesis alternativa a los asesinatos en serie de recién nacidos? Desde algunos sectores se sugirió que estas muertes podrían ser producto de ensayos clínicos de fármacos en etapa de investigación y que la presencia de potasio podría explicarse por su poder para ocultar otras drogas.
Tomemos, por un momento, esta conjetura en serio. En el Hospital Materno Neonatal no había registrada ninguna investigación clínica de fármacos, según confirmaron desde el Registro Provincial de Investigaciones en Salud (Repis) y el Ministerio de Salud provincial.
Si se hicieron ensayos experimentales de drogas, no siguieron los lineamientos que llevan todos las investigaciones clínicas, reguladas desde 2009 en Córdoba por la ley 9.496. En esa ley se establece que cualquier proyecto de este tipo tiene que ser presentado, aprobado y controlado por el Comité Institucional de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud (Cieis) de cada centro de salud, y también elevado al Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud (Coeis) e inscripto en el Registro Provincial de Investigaciones en Salud (Repis). A su vez, también debe tener aprobación de la Anmat, que controla no sólo a los investigadores sino a los patrocinadores de cada estudio.
Ahora bien, ¿para qué podría hacerse un estudio financiado por algún laboratorio que no pueda ser usado por ese patrocinador para obtener autorizaciones para su uso clínico?
Y aun sin existir un propósito verosímil, queda la cuestión de la factibilidad: ¿cómo podría hacerse un estudio clínico en secreto, sin involucrar a una enorme cantidad de personas, tanto para hacer las pruebas como para, luego, ocultar las consecuencias de sus efectos adversos?
Quienes eligen no creer, por entender fantasiosa la hipótesis de una enfermera asesina serial -como si el mal contra los niños y niñas no existiera-, eligieron como conjetura alternativa predilecta no una explicación más simple, más racional, más factible y verosímil, sino lo que al parecer es una construcción conspirativa hilvanada como una “fake news”.
