Para dilucidar qué pasó con los bebés fallecidos de manera inexplicable en el hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo la autopsia es el peritaje clave. En ese centro de salud se hacen las autopsias clínicas, en las que el servicio de anatomía patológica indaga cuáles pueden haber sido las razones médicas que expliquen el fallecimiento de un recién nacido.
Las autopsias judiciales se hacen en Medicina Forense, fuera del hospital. Están indicadas cuando hay sospechas de criminalidad o violencia en esa muerte y en el Neonatal son relativamente inusuales. Se piden en casos muy particulares: mamás que llegan sin controles al parto, o realizados en alguna institución de la que no hay constancia, y cuyos bebés están menos de 12 horas en el hospital.
Pero en los cinco fallecimientos sospechosos de neonatos en el Ramón Carrillo, solamente hay autopsias sobre dos. Fueron las bebas nacidas el lunes 6 de junio pasado, Pilar y Angeline, a quienes se les detectó hiperpotasemia “incompatible con la vida”.
En esa guardia, dos recién nacidas también se descompensaron de forma súbita, aunque lograron ser mantenidas con vida. En esa guardia detectaron que el potasio podría ser el responsable de las muertes y fueron médicas de esa guardia las que caminaron hasta la Unidad Judicial que está a metros del Neonatal a hacer la denuncia, que quedó bajo secreto de sumario y recayó en la fiscal Jorgelina Gutiez. Así, se pudo proceder a una autopsia judicial.
¿Y en los tres casos previos? Las explicaciones del ahora exministro de Salud Diego Cardozo y de su equipo se amparaban en la negativa de la familia. “La familia nunca autoriza”, decían los funcionarios. Sonaba razonable el rechazo, que en el marco del enorme dolor y vacío para la mamá y sus allegados, no se permitiera la intervención sobre el cuerpito del recién nacido.
Pero los hechos no fueron así. Si bien en las historias clínicas que analiza el fiscal Raúl Garzón se lee “se solicita autopsia, la familia no autoriza”, hoy se sabe que hubo un desaliento marcado de parte del Neonatal para que no se hicieran las autopsias, ni siquiera la clínica.
Según surge de testimonios de dos de las tres mamás que perdieron sus bebés, del abogado de la tercera y de médicas neonatólogas que estuvieron en esos partos –y que conversaron bajo reserva de identidad con este diario- se buscó de forma expresa disuadir que se hiciera la autopsia para explicar las razones de la muerte de esos bebés. De haberse procedido a tiempo, quizás se podría evitado la muerte de otros bebés porque de modo más elocuente hubiese surgido la intencionalidad.
Los testimonios
“Mi bebé estaba en terapia y me hablaban de autopsia, yo sólo quería que lo salvaran, ¿cómo podía ser que me dijeran eso con mi bebé vivo?”, se pregunta Vanesa Cáceres. Su bebé, Francisco, fallece el 18 de marzo y es el primero de la serie que hoy está en investigación judicial. “Finalmente, cuando muere se me acerca el doctor (Sergio) Lynch y me dice que si queríamos, se podía hacer una autopsia, pero que va a demorar una semana y que es probable que no salga nada, porque los cables son muy finitos y yo en ese momento de shock no quiero que lo toquen más, sobre todo si me dicen que puede que no salga nada”, relata.
“Si ellos están viendo que había algo raro, ellos tienen que exigir una autopsia y no darme a mí la opción de elegir, porque estoy en carne viva y no quiero que me lo toquen más”, agrega Vanesa.
Su bebé Francisco nació a las 11.46 por cesárea programada y a la hora presentó bradicardia, shock cardiogénico e hiperpotasemia de 6,53 mEq/l. Fue internado en terapia y fallece finalmente a las 11 horas de vida. Fue el primer caso que llamó la atención en el Neonatal. De hecho, la referente de la Comisión de Seguridad y Calidad del Servicio de Neonatología realiza entrevistas a los profesionales Silvana Cagliero, Eugenia Quiroga y Raquel Gómez, se revisan procesos y protocolos sin que se hayan detectado irregularidades.
Poco más de un mes después se produce la segunda muerte inexplicable: la de Benjamín Bustamante, que nace a las 8.13 del 23 de abril. Tenía 39 semanas de gestación, 3,310 kilos y condiciones excelentes según el test de Apgar. Si bien fue parto natural, el papá ingresó recién a la sala de parto cuando ya había nacido, que le permitieron conocerlo. La mamá, Damaris, denunció que la obligaron a estar siempre acostada y que le decían que si algo le pasaba al bebé, la culpa iba a ser de ella. Cuenta que lo alcanzó a tener media hora en brazos y que se lo llevaron porque advirtieron que no estaba bien. Efectivamente, a eso de las 10 el bebé ingresa a incubadora y luego pasa a UTI. La historia clínica dice que presentó bradicardia, shock cardiogénico y acidosis metabólica severa. A las 15 hizo un paro cardíaco, hacen maniobras de reanimación, pero fallece 18.25.
“La jefa de Neonatología se acercó a mí para decirme que los bebés en ese caso no se salvaban, que lamentaba mucho la situación y nos hablaron de autopsia”, contó Damaris a los medios. “Nos dijeron que si hacíamos una autopsia no nos iban a dar con certeza el resultado de lo que había pasado, que no valía la pena hacer una autopsia”, agregó.
La autopsia es útil por dos razones. La primera, porque le indica al centro de salud qué pasó con ese bebé que nació sano, si fallaron los procesos internos, si hubo errores o si existieron problemas clínicos no detectados en el embarazo. A la familia, una explicación objetiva de las causas puede reparar el dolor, pero además, aportar información genética que colabore en la planificación familiar futura. Desde esta perspectiva, buscar la verdad se transforma en una obligación ética de la institución sanitaria, por eso es tan relevante que los profesionales sean claros en informarle a la familia el aporte significativo que puede tener revelar la autopsia. “No va a salir nada” no va precisamente en ese sentido, incluso si después ocurriera eso.
Un agregado: cuando un bebé fallece, es obligación de la institución elevar un reporte inmediato (en horas) a la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, que elabora las estadísticas de mortalidad materna e infantil para toda la provincia. Tampoco esa cartera, dirigida hasta la salida de Cardozo por Marcela Yanover habría pedido explicaciones más exhaustivas.
La tercera muerte se produce el 23 de mayo. Este caso es importante porque la institución ya estaba en alerta de que debía darle paso a la Justicia. En el primer caso de Francisco, en marzo, se hizo entrevistas a los profesionales participantes, pero en el de Benjamín –de abril– se había hecho una reunión interdisciplinaria entre 14 profesionales, en lo que se llama “análisis de causa raíz”. No se encontraron razones, pero se apuntó a una posible falla en la vitamina K, se decidió no separar el binomio madre-niño y verificar la vacunación materna con Covid.
El 1° de mayo a un bebé le detectan pinchazos en la otra pierna a la que le habían puesto la vitamina K. El 6 de mayo, la jefa de Neonatología Marta Gómez Flores y la referente de Seguridad, Adriana Moralez, le envían carta por escrito a la directora Liliana Asís y al vicedirector Alejandro Escudero Salama pidiendo una reunión urgente ante la “gravedad” de la muerte de un niño sano sin explicación. Se referían a Benjamín Bustamante. La reunión se hace y Asís les informa que la situación estaba ya en conocimiento del Ministerio de Salud.
El 16 de mayo, Escudero se reúne con el fiscal Guillermo González y con el titular de Medicina Forense, David Dib. Esa reunión fue denunciada por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, quien sostiene que González debió haber tomado intervención activa en esos hechos ya por entonces graves. Las partes aseguran que la gravedad de los hechos apareció después, que por entonces no se había armado la línea de tiempo que vinculara estas dos muertes con otros cinco casos similares que lograron sobrevivir y que la recomendación de ambos a Escudero fue que diera intervención a la Justicia. Dib le declaró a Garzón expresamente que recomendó que se buscara pruebas.
La prueba por excelencia es la autopsia. Pero cuando Ibrahim fallece, el 23 de mayo, tampoco se recomendó el peritaje. El abogado de la mamá le dijo a este diario “que una médica le dijo que hiciera la autopsia, pero otros la presionaron por el no argumentando que iba a tener más sufrimiento, y que por eso no lo hizo”. El letrado reveló además que le pidió al fiscal la exhumación del cuerpo para la realización del peritaje y que serán querellantes. “Además de saber qué pasó, quiere la exhumación porque le entregaron un féretro cerrado y porque le dijeron que el hospital se las arreglaba con la empresa de sepelios, y ahora tiene dudas de si es su hijo”, agregó el abogado. La mamá pidió reserva de identidad absoluta.
La renuencia a buscar la verdad en la muerte del recién nacido sano es una tendencia marcada en Argentina, que presenta una tasa de 15% de autopsia neonatal, cuando en países desarrollados se ubica entre el 52 y el 67%.
“Nosotros pedimos tres veces la autopsia, ninguna familia la autoriza, pero para pedirla tenés que pasar por mis jefas y no es fácil”, contó una doctora a este diario.
Si bien Asís, Gómez Flores y Escudero declinaron hablar con este diario, el desaliento de la autopsia puede responder al temor de que saltaran errores médicos que evidenciaran mala praxis, las demandas que pudieran derivar de eso y la posibilidad de que se mancillara la reputación del Neonatal.
