Liliana Asís está detenida desde el 25 de febrero pasado. Fue directora durante 12 años de la maternidad más relevante de la provincia de Córdoba, donde se atienden casos de altísima complejidad de buena parte del país. Estaba imputada desde el 19 de agosto de los delitos de omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, hasta que el fiscal Raúl Garzón le agregó la imputación por encubrimiento agravado y ordenó su detención. Asís es infectóloga, tiene 74 años de edad y forma parte de La Carrillo Salud, una agrupación militante filocamporista del peronismo local. Hasta horas antes de ser detenida participaba de ese grupo con comentarios y emoticones.
No se la juzga de mala praxis, ni de haber manipulado a los bebés, ni por haber cometido errores en la sala de partos, porque esa no era su tarea. Su responsabilidad fue haber permitido que no uno, ni dos, ni tres, sino 13 bebés fueran atacados en un período de apenas cuatro meses en la maternidad que estaba bajo su gestión, pese a que tuvo algunos indicios tempranos de semejante irregularidad. Cinco de esos bebés murieron. Pese a diferentes indicios que la fiscalía ha recopilado, Asís no valoró, relativizó y hasta pretendió ocultar lo que estaba pasando puertas adentro del Neonatal.
Asís se presentó ante Garzón el jueves pasado. Habló una hora, casi sin responder preguntas y pidió volver en 15 días. Aspira a que le otorguen, antes de hablar, la prisión domiciliaria. En principio, eso no sucedería hasta que vuelva a explayarse y cuente lo que prometió.
Las pistas
Asís tenía dos celulares, uno particular y otro del Ministerio de Salud. Al particular lo entregó, pero al oficial dijo que lo había devuelto al Ministerio. Luego de un largo derrotero de los investigadores por la burocracia de Salud, apareció: lo tenía la funcionaria, había sido reseteado dos veces y cambiado el chip. De todos modos, más que escribir hablaba y buena parte de las conversaciones que se produjeron después del 19 de agosto, fueron intervenidas por la fiscalía y contienen información comprometedora. Con este antecedente el fiscal ordenó la prisión.
A continuación, los 10 argumentos que complican a Asís:
Sabía que eran casos inexplicables. Francisco Bustamante fallece el 23 de abril, sin que se encontraran explicaciones. Un día después, a la beba Luna, le detectan un hematoma en la zona donde se había colocado la vitamina. El 28 de abril se hace un análisis de causa raíz (ACR) y se llegó a la conclusión de que “difícilmente” haya sido la vitamina K la desencadenante de las descompensaciones. El ACR es una especie de “tormenta” de ideas en la que se barajan hipótesis sobre lo sucedido. Participaron los profesionales Obdulio Paredes, Martha Caratti, Martha Gómez Flores, Adriana Moralez, Francisco Terrera, Sabrina Perassi, Mónica Páez, Alicia Ariza, Isabel Villafañe, Liliana Asís, Claudia Ringelghein, Silvana Cagliero, Cecilia Torrellanos y Marité Calzada.
La vitamina quedó descartada por completo con los dos casos siguientes: a la beba Isabella le ven un pinchazo sangrante en la parte de atrás de la piernita izquierda, siendo que la vitamina se coloca adelante. El 1° de mayo, al bebé Gino le encuentran dos pinchazos sangrantes, uno atrás y otro delante de la pierna derecha: la vitamina K había sido colocado en la izquierda. Lo que se le endilga es que, a sabiendas de lo extraño y grave que estaba pasando, Asís no reaccionó: no cambió nada y dejó que todo siguiera su curso.
Acompañamiento de un familiar. Tampoco es que “nada” hicieron. Algo sí, mínimo, sutil, pero que revela que ya sabían dónde podían producirse los ataques: revisaron el protocolo y permitieron que un familiar ingrese al parto, una posibilidad que habían vedado con la pandemia y pese a que era mayo del 2022, no habían revisado. Tampoco fueron tan generosos: minutos antes del alumbramiento (y no en la previa de las contracciones) le abrían la puerta a la pareja o familiar para presenciar el momento y, sobre todo, estar presente en la sala de recuperación. A esa habitación envían a la mamá y al recién nacido las dos horas inmediatamente posteriores al parto, para su higiene y recuperación. Después pasan ambos a una sala común. Así, el 9 de mayo, un memo interno recordó las normas del parto respetado en casos de bajo riesgo, indicando que el familiar tiene que pasar también a recuperación y puede alzar al bebé. Muchos advierten que podría haber dispuesto cámaras en el lugar o haber sido más precisa frente a los familiares, indicando –por ejemplo- que sólo la neonatóloga podía alzar al bebé.
Relativizó los avisos. Asís no atendió los rumores, las sospechas y el elefante blanco gigantesco que significaban bebés lesionados sin explicación, pese a variados comentarios que circulaban en la institución. También desoyó las advertencias formales. El 6 de mayo, las médicas Gómez Flores y Adriana Moralez le presentan (con copia a Escudero Salama, subdirector administrativo) una carta pidiendo una reunión “urgente” dada la gravedad de los hechos: la muerte de un recién nacido y la denuncia por maltrato institucional presentada por una familia. Ambos hablan luego de esa carta. Según Escudero Salama, Asís le dijo que “Adriana exagera a veces y que no se puede mezclar todo”.
Sin distancia. No hay dudas de que Asís era una funcionaria dedicada a su profesión: tan comprometida que en los fatídicos cuatro meses de ataques a bebés da la sensación de que su instinto básico fue preservar “su” hospital, que no se lo mancille. Es el problema cuando las personas se enquistan en las instituciones: les terminan haciendo daño. Es una falla común en la gestión de los recursos humanos, acentuada quizás por la continuidad del mismo partido de gobierno.
Asís ejercía un modelo de gestión verticalista: nada se podía hacer sin su consulta o autorización. Había moldeado a su imagen y semejanza a la organización entera. Intervenía en todo, en muchos casos sin dar demasiadas explicaciones. Cuentan algunas médicas que una vez permitió que un residente, sin vivienda, durmiera durante semanas en el hospital. Tenía algunos “protegidos” que le reportaban a ella y repartía las horas extras como una forma de compensación. Tan propio lo sentía a “su” hospital que no fue capaz de hacer lo básico que indica el manual de un funcionario público: poner en conocimiento de sus superiores de la situación. Pensó que podía acallarlo y luego, junto a las autoridades del Ministerio de Salud, pensaron que lo podían resolver puertas adentro para presentarle el caso cerrado al Ministerio Público Fiscal, según les recomendó el fiscal adjunto José Gómez Demel. Una cosa podría salvarla: que diga que recibió instrucciones de arriba para no denunciar el caso de Ibrahim Guardia, del 23 de mayo. Por eso es tan relevante que hable.
Obligó al silencio. Diferentes testimonios indican que Asís decidió que nada saliera a la luz. Una de las obstetras declaró que Asís les pidió que se borren las fotos de las heridas devenidas de los pinchazos que tenían algunos profesionales. “Tengan cuidado con quiénes hablan”, dice una que le dijo Asís. Cuando alguien con cierta jerarquía le pidió explicaciones, dijo que “la justicia se estaba ocupando”.
Desalentó las autopsias. Las mamás de Francisco, Benjamín e Ibrahim revelaron que los mismos profesionales las desalentaron a pedir una autopsia judicial, para lo que debe mediar antes una denuncia. Les decían que el proceso demoraría una semana, que era demasiada intervención sobre el cuerpito y que, en definitiva, nada claro se iba a saber. Las médicas seguían instrucciones de Asís respecto de las autopsias. En el caso del 23 de mayo, la mamá de Ibrahim dijo que Gómez Flores le dijo que hiciera la autopsia, pero la pericia médica: es una que se hace en el hospital, de corto alcance y claro está, ajena a cualquier mirada de la Justicia.
Nunca aceleró los procesos. El 9 de junio, Genoveva Ávila y Marcela Yanover desembarcan en el Neonatal para hacer las entrevistas al personal de la guardia uno, la que había estado en la fatídica guardia del lunes 6 de junio en el que cuatro bebés fueron atacados. Entrevistan al personal y deciden dar licencias y dispensar luego a 23. Escudero Salama es designado el 25 de julio como instructor de la causa por parte de Pablo Carvajal, secretario de Salud y recién el 8 de agosto Escudero inicia una ronda de entrevistas con los que estaban dispensados de concurrir a trabajar.
Evitó confrontar con el gremio. No está claro cuándo las autoridades sospecharon de Brenda Agüero. Tres enfermeras refieren, en su testimonial, que Brenda les había comentado (ella misma) lo siguiente: “Andan diciendo que la de los ataques a los bebés soy yo”. Es decir que en la institución había rumores sobre su presunta autoría, reconocidos por la misma enfermera. Otra profesional testimonió que fue Marta Gómez Flores, jefa de Neonatología, la que le comentó, al pasar en su oficina: “¿Cómo hacemos para acusarla si no tenemos pruebas?, el gremio nos mata”. Asís, en las escuchas telefónicas, rememora la misma inquietud.
Ignoró un principio básico: participar a la Justicia. Muchos señalan que si Asís hubiese hecho una advertencia formal ante el área central del Ministerio, al menos su responsabilidad por omisión estaría licuada. No sólo no lo hizo, sino que después de un encuentro clave que sucedió el 16 de mayo, tampoco actuó. Ese 16, en la oficina del fiscal Guillermo González, se reunieron Escudero Salama, el fiscal Guillermo González y el titular de Medicina Forense, David Dib. Escudero declaro que fue a verlo a González para tratar la violencia obstétrica dentro de Salud, aunque Dib ni menciona eso en el temario: dijo que ambos hablaron de la “preocupación” que contó Escudero en cuanto “a niños que tenían pinchazos” y que él consultó “qué hacer con la situación”. Dib testimonió que le recomendó darle intervención a la Justicia, “por lo que era lógico que hubiera una denuncia policial”, le aconsejó pormenorizar detalles en las historias clínicas y tomar medidas de seguridad, como cámaras. Escudero Salama declaró que al día siguiente le transmitió a Asís lo conversado en esa reunión. Pero apenas siete días después de ese encuentro, se moría otro bebé: Ibrahim Guardia. No hubo denuncia judicial ni autopsia. Toda esa cadena de silencio continuó hasta el 6 de junio, cuando cuatro bebas fueron atacadas: dos murieron y dos lograron sobrevivir y no fue posible ya ocultar la situación. Otra vez la duda: ¿en mayo quiso denunciar y le pidieron que no lo haga?
Desaparición de la prueba. La investigación considera que el peor error de Asís fue haber permitido que esos bebés fueran sepultados sin que se conociera fehacientemente la causa de la muerte. Los casos de Francisco y Benjamín podrían haber estado en el marco de la duda razonable, pero no el de Ibrahim. Sin cuerpo (la degradación inmediata impidió recabar resultados) será difícil saber qué pasó. Por eso se le imputó el encubrimiento agravado.
Los formularios A y B que informan de la muerte de un niño menor a un año son considerados por la fiscalía como documento público. Se presentan ante el Ministerio de Salud para la elaboración de las estadísticas de mortalidad infantil. A los de Francisco y Benjamín los firmó Asís junto a Marta Gómez Flores. Al de Ibrahim lo firmó Asís y Adriana Moralez, quien consignó que lo hacía en ausencia de Gómez Flores, que estaba de carpeta médica. Por esa firma están imputadas las dos médicas. “Insuficiencia cardíaca irreversible”, dice el de Benjamín. “Muerte súbita”, el de Ibrahim. Para la investigación judicial, se aventuró una causa de la que no se tenía certeza. Por eso la falsedad ideológica.
