La investigación del fiscal Raúl Garzón de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la Provincia concluyó en que hubo una asesina serial: la enfermera Brenda Agüero. Esa parte de la causa ya fue elevada a juicio, y la oposición fue resuelta ya por el Juzgado de Control. Está firme.
Ahora, Garzón decidió elevar a juicio las responsabilidades funcionales que, con la figura de encubrimiento agravado, tienen a la cabeza de los acusados al exministro provincial de Salud Diego Cardozo y a la exdirectora del hospital público ubicado en la ciudad de Córdoba, Liliana Asís.
Tras la primaria acusación por omisión de deberes de funcionario público, que es una acusación menor, un no hacer, Garzón decidió acusar a los exfuncionarios por la figura de encubrimiento agravado, que sí es un hacer y que revela una intención más que una omisión: castiga la voluntad de ocultar, antes que el dejarlo pasar frente a sus narices por impericia o negligencia.
¿Supone Garzón una complicidad entre los exfuncionarios y Brenda Agüero? Para nada. El encubrimiento que se endilga a Cardozo y los otros exfuncionarios que estaban bajo su cadena de mando desde el Ministerio a la sala de Neonatología del hospital es político: querer controlar el daño reputacional de la gestión, por lo que saldría a la luz de estas muertes inexplicables de recién nacidos en el Neonatal.
Esta explicación supone, además, otra cosa: que Cardozo no actuó por indicación de nadie más. Nadie de “más arriba”. Es probable que la limitación no sea de la teoría explicativa, sino de hasta dónde llega la prueba.
De todos modos, ya es un “montón”. Hay un caso que es antecedente y a la vez espejo en el mundo: el asesinato de bebés en un hospital de Inglaterra, por el que fue enjuiciada y condenada la enfermera Lucy Letby. En ese caso, recién ahora, después de ser condenada Letby, se abrió una investigación contra las autoridades del hospital por sus posibles responsabilidades y negligencias que permitieron actuar a la enfermera por más de dos años.
Para el fiscal Garzón, Cardozo, Asís y los demás funcionarios y médicos pudieron estar en shock hasta las muertes de marzo y abril, los dos casos que inician la serie atribuida a Brenda Agüero. Pero en mayo ya fue diferente: en la muerte de IG, nacido sano, con más de tres kilos de peso, descompensado, y en un shock mortal en apenas ocho horas, ni siquiera se hicieron análisis de laboratorio.
No haber hecho la autopsia, no haber llevado el caso dudoso a la Justicia, para el fiscal creó las condiciones para que exista una guardia como la del 6 de junio de 2022, en la que murieron dos bebas y otras dos se salvaron de milagro. Una noche que fue la apoteosis criminal, el momento en que explotó el goteo de casos y en unas pocas horas pudieron morir cuatro recién nacidos sanos.
De nuevo: Garzón no atribuye a Cardozo y al resto de los exfuncionarios y funcionarias el absurdo de considerarlo instigador o autor intelectual de las muertes. Pero sí entiende que por su intención de mantener las cosas en secreto, sin dar aviso a la Justicia, generó las condiciones para que Brenda Agüero siguiera matando. El hermetismo, incluso, impidió que se generaran evidencias y eso complicó llegar a la verdad. Por caso, no hay autopsias de las primeras tres muertes de la serie.
En esas fechas no se sospechaba de un acto intencional, sino que se pensaba en alguna explicación médica. Estaban jugando a Dr. House, no a CSI. Se sospechó de un lote de vitamina K, no de una enfermera asesina.
Pero aun en esa creencia, si se pensaba que alguien había provisto un medicamento en mal estado, si se sopesó que fallaron los controles de calidad farmacológicos y si ese medicamento había sido aplicado, había en todo eso algo más que un problema médico: existían potenciales delitos contra la salud pública. Tendrían que haber informado a la Justicia.
Eso, incluso, se reafirma si se cree el relato naif acerca de qué se habló en la reunión secreta de mayo entre el subdirector médico del hospital, Alejandro Escudero Salama, el jefe de la morgue judicial, Moisés David Dib, y el fiscal Guillermo González.
Según el relato de los participantes, Escudero Salama pidió consejos sobre cómo obrar frente a casos en los que se habían detectado pinchazos extraños en recién nacidos. Dib, que fue quien reveló la existencia de esa reunión, dijo que se aconsejó a Escudero Salama pedir una investigación judicial. Una semana después, ocurrió la muerte de IG. Y nadie la denunció. Ni siquiera se hizo una autopsia sobre ese cuerpito.
¿Se quiso controlar el relato? ¿En beneficio de quién? ¿Se buscó armar un paquete cerrado, con control de daños sobre las responsabilidades funcionales, antes de ir a la Justicia? ¿O se acordó con alguien de la Justicia? ¿Se tomó la decisión de mantener el tema en secreto sin consultar con nadie más?
Cardozo, que no ofreció hasta ahora su explicación (y en algún momento trascendió que tiene otra historia para contar), tendrá esa oportunidad si llega a juicio. Y si no él, hay otros 10 involucrados que podrán responder los interrogantes que deja una acusación que tiene límites contenidos en el edificio del Pablo Pizzurno, donde funciona el Ministerio de Salud provincial, a unas 20 cuadras del Centro Cívico, la sede del poder provincial.
