El planteo que hizo Franco Vitozzi, el abogado de la exdirectora del hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, fue consensuado y será acompañado por al menos otros dos defensores de los funcionarios imputados por el fiscal Raúl Garzón en la causa, con el exministro de Salud provincial Diego Cardozo a la cabeza.
Vitozzi planteó la semana pasada la incompetencia de Garzón y el pedido de apartamiento para que se desglosara la causa y para que la parte que corresponde a las responsabilidades funcionales pasara al fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Garzón corrió vista esta semana a todas las partes y ya los abogados defensores de Cardozo, tanto como los que asisten al exsecretario de Salud Pablo Carvajal, adelantaron que acompañarán el pedido de cambio de jurisdicción. La posibilidad de que se desglose la causa o se remita en conjunto al fuero Anticorrupción es fuertemente resistida por las madres que perdieron a sus hijos en el Neonatal.
La presentación de Vitozzi es un secreto a voces y fue acordada con los representantes de Cardozo y de Carvajal, quienes no quisieron ser ellos quienes impulsaran el apartamiento de Garzón. Ninguno de los abogados –ni los exfuncionarios involucrados– quiso hacer declaraciones.
También están imputados, por omisión de deberes de funcionario público, la exjefa de Neonatología del Neonatal, Martha Gómez Flores; la médica Adriana Moralez, y el vicedirector administrativo del Neonatal, Alejandro Escudero Salama. El abogado de Escudero, Claudio Orosz, ya respondió que no está de acuerdo: “consideramos que no tiene sentido desglosar la investigación para atender la situación de sólo tres personas”, puntualizó. No se conoce la opinión de los otros abogados.
Vitozzi planteó la incompetencia de Garzón porque considera que los delitos que se le imputan a Asís, su defendida, están contenidos dentro del listado que son competencia del fuero Penal Económico y Anticorrupción, como lo señala la ley que lo creó, la 8.835. “El delito funcional atribuido a mi asistida es parte del catálogo que expresamente prevé el legislador para ser investigado por este fuero”, señala, en su escrito de cuatro carillas al que accedió La Voz, Vitozzi.
Remarca que la ley establece que la competencia para estos tipos delictivos es “exclusiva y excluyente”.
Piden el desglose
El punto principal que ataca Vitozzi es la necesidad de que la causa permanezca unida: tanto la investigación de los homicidios como las responsabilidades funcionales.
“En el caso concreto, el delito que se le atribuye prima facie a mi defendida es una conducta que no presenta conexidad alguna con el delito principal que se le atribuye a la imputada Brenda Agüero: homicidio calificado reiterado y tentativa de homicidio calificado en concurso real. Los hechos conexos tienen dos presupuestos independientes: si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o bien procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad”, plantea el abogado de Asís.
Para el letrado, es claro que eso no se da en este caso. No hay complicidad ni voluntad de encubrir a quien está acusada del delito principal.
“Ninguna de estas circunstancias se encuentra en la imputación que pesa sobre mi asistida”, remarca Vitozzi, quien afirma que las imputaciones, tanto la omisión de deberes de funcionario público como la falsedad ideológica, son competencia de Anticorrupción.
“Además de las razones legales, existen razones prudenciales o de economía procesal que aconsejan el desglose de las actuaciones y su remisión al fuero competente, que se relacionan con el objeto procesal diferenciado en ambas líneas investigativas, las que requieren diferente abordaje estratégico”, señala Vitozzi.
“Más allá de la intuitiva vinculación inicial entre los delitos que se le atribuyen (a Asís) y el delito principal, no existe jurídica ni fácticamente relación que permita una tramitación conjunta”, enfatizó Vitozzi, antes de pedirle a Garzón que se declarara incompetente.
Cómo sigue
Garzón tiene que contestar el pedido de Vitozzi y recoger lo que opinen los abogados de todas las partes. Si admite el pedido, tiene que remitir la parte sobre las responsabilidades funcionales al fiscal General, quien determina a quién le asigna la competencia, entre los dos fiscales del fuero Penal Económico y Anticorrupción, Franco Mondino o Matías Bornancini.
Si no acepta el desglose, Vitozzi –y, al menos, Gabriel Matheu, el representante de Cardozo– podría recurrir en queja a la Fiscalía General, que puede confirmar a Garzón o redistribuir la competencia con Mondino o con Bornancini.
El planteo de Vitozzi fue “una invitación” a Garzón a hacerse a un lado. Podría haber planteado –y no lo hizo– un pedido de excepción de investigación, una formulación que ya no es resuelta por el fiscal ni directamente por un juez de control.
No hay tiempos perentorios para que Garzón responda por su competencia en esta parte de la investigación, pero se cree que se pronunciaría la semana próxima. Mientras tanto, es poco probable que se avance en cualquier medida que involucre a los seis funcionarios imputados.
La situación de Brenda Agüero
Por pedido de sus nuevos abogados, la enfermera Brenda Agüero no ampliará esta semana su declaración indagatoria, para responder por todas las muertes y las supuestas tentativas de homicidio de recién nacidos en el Neonatal. Agüero había declarado, en forma amplia, cuando sólo estaba acusada de dos casos, las muertes ocurridas en la guardia del 6 de junio.
Garzón dictó la prisión preventiva de Agüero, por esos primeros dos hechos, y al mismo tiempo le amplió la acusación. El ya exdefensor de la enfermera, Luis Obregón, se opuso a la preventiva y el caso terminó en un juzgado de Control, que aún no decidió si confirma la prisión o rechaza el dictamen de Garzón.
