El escenario de la salud en Calamuchita tiene algunas particularidades: es una de las regiones de la provincia de mayor crecimiento poblacional, agrega una fuerte presencia de visitantes por turismo y, aun a pesar de eso, no cuenta ni con una clínica privada con internación. Todas las prestaciones quedan en manos de un hospital público provincial, más las muy elementales que puedan arrimar algunos dispensarios municipales.
Ese cuadro no se pinta tan distinto en el resto del interior cordobés.
En 20 años, ese interior pasó de 400 clínicas privadas con internación a menos de 100. Sólo en la decena de ciudades más grandes quedan servicios privados de salud, aunque cada vez más complicados.
Es obvio que, en ese marco, la demanda para la salud pública no deja de crecer. A la que presta la red de hospitales provinciales, se suma la atención en centros de salud municipales: en cada pueblo o ciudad cordobesa hay servicios sanitarios de los municipios.
Esa demanda (y necesidad) de la población choca de frente con un discurso y un debate que se va instalando: los municipios –rezan desde no pocos sectores– deben gastar sólo en servicios esenciales, para los cuales cobran tasas.
Históricamente se resumía esa función de los gobiernos locales en cobrar tributos para cubrir el ABL: alumbrado, barrido y limpieza.
Pero la realidad hace rato que se llevó puesto ese reduccionismo.
Los gobiernos nacionales y provinciales fueron transfiriendo más funciones a las administraciones locales y, a la par, cada comunidad fue demandando a sus municipalidades más y más tareas.
Así, los municipios pasaron a prestar también servicios de salud, como encarar obras públicas, ayudar a sostener escuelas, generar acciones culturales, montar guardias locales –porque con la Policía no alcanza–, crear controles de ambiente y de otros rubros y, ni hablar, salir a dar respuestas de asistencia social.
Seguramente en muchos municipios –quizá en la mayoría– haya ineficiencia en el gasto. Es probable que en algunos se vean excesos de uso político-partidario que distraen recursos. Es posible que unos cuantos adeuden administraciones más racionales y austeras.
Pero reclamar que los municipios sólo junten presupuesto para las prestaciones de ABL dibuja una postal en sepia: desteñida y antigua, pero también inaplicable.
Por caso, si los vecinos no acceden a servicios básicos de salud, ¿quién se hace cargo?
Si los municipios toman esa tarea, porque no hay otro estamento estatal cercano y a los privados no les resulta sostenible ese “mercado”, ¿cómo se financia ese gasto?
