El exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, se presentó este miércoles en Tribunales II acompañado por sus abogados defensores, Lucas Filiberti y Germán Matheu. Pasadas las 12.30, el exfuncionario subió por las escaleras hasta el segundo piso, donde lo esperaba el fiscal de instrucción de Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón para tomarle la declaración indagatoria.
Sin embargo, por consejo de sus abogados defensores, Cardozo se abstuvo a declarar. Así lo confirmó Germán Matheu, quien no quiso hacer declaraciones para mantener el secreto del sumario. “Hemos sido intimados por la Fiscalía a la reserva de las actuaciones, por secreto profesional y por el estado de sumario de la causa. Es por eso que nos vemos imposibilitados a prestar declaraciones o brindar información alguna en este momento”, explicó el abogado defensor.
Después de ingresar al despacho del fiscal, Cardozo escuchó los fundamentos de la imputación. El exministro está acusado de haber omitido los deberes de funcionario público. Alrededor de una hora más tarde, salió sin hacer declaraciones a la prensa, que montaba guardia frente a la oficina de Garzón desde el mediodía.
Cardozo saludó y manifestó: “Por recomendación de la defensa y porque rige el secreto de sumario, no voy a hacer declaraciones por el momento”. Y se retiró.
Una de las posibilidades es que el exfuncionario haya optado por escuchar los fundamentos de la imputación y prepare la defensa para declarar más tarde. En esta instancia, un imputado puede abstenerse a declarar, declarar y no responder o declarar y responder todas las preguntas.
También optaron por abstenerse a declarar las tres profesionales del hospital Neonatal que fueron imputadas por omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La exdirectora del centro de salud, Liliana Asís; la exjefa de Neonatología, Martha Gómez Flores y la coordinadora del área de Seguridad del Paciente, Adriana Morales no declararon la semana pasada, también por recomendaciones de sus abogados defensores. En estos casos se sospecha que el documento falsificado habrían sido certificados de defunción.
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Resta ahora que declaren el exvicedirector del Gestión Administrativa, Alejandro Escudero Salama y el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal. Ambos están imputados por omisión de deberes de funcionario público. En el caso de Escudero Salama, su abogado defensor (Claudio Orosz) informó que el lunes pasado se presentó en la fiscalía para conocer el detalle de la imputación. Y que, en función de eso, se presentarán a declarar con abundante prueba, para demostrar la inocencia del exvicedirector de Gestión Administrativa.
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En paralelo, continúa la pericia interdisciplinaria para Brenda Agüero, detenida desde el 20 de agosto e imputada por homicidio calificado. Estos peritajes tienen como objetivo analizar cuestiones que tienen que ver con la salud mental de la enfermera, así como su entorno social. Por eso participan psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, tanto del cuerpo oficial de la Fiscalía como los peritos de parte. Se realizarán entrevistas a familiares y allegados, para conocer el entorno y los vínculos que la agente tenía con sus seres queridos, a los fines de recabar la mayor cantidad de información posible.
Es posible que este peritaje se defina en octubre, explicaron desde la defensa de Brenda. Se espera que la semana que viene, el fiscal Garzón defina la situación procesal de la enfermera. Decidirá si dicta la prisión preventiva o si la libera. En ambos casos, puede seguir investigando hasta que decida elevar la causa a juicio o dictar el sobreseimiento.
La principal hipótesis de la investigación, al comienzo, fue la de un presunto asesinato intencional de bebés. Conforme avanzaba la investigación, el fiscal de instrucción se encontró con funcionarios que no denunciaron a tiempo estos fallecimientos ante la Justicia y falsificación de documentos públicos, al parecer, certificados de defunción.
La búsqueda de un patrón común
Al comienzo de la investigación, la causa arrancó con un listado de cinco muertes y ocho bebés sobrevivientes cuyos alumbramientos se dieron en el hospital Neonatal desde el 18 de marzo hasta el 6 de junio.
Una de las claves en el avance de la investigación será determinar si existe un patrón común entre esos decesos y las lesiones de los bebés que sobrevivieron. No será fácil ya que la Justicia intervino después de que se produjeran tres de las cinco muertes bajo la lupa. Los fallecimientos del 18 de marzo, del 23 de abril y del 23 de mayo fueron anteriores a la primera denuncia judicial, que se produjo el 6 de junio.
La fiscalía cuenta con dos autopsias, de los bebés que fallecieron el 6 de junio. Como los profesionales del hospital se negaron a firmar el certificado de defunción, por protocolo, se da aviso a la Justicia que comienza a investigar esas muertes de “etiología dudosa”.
Sin embargo, de los bebés que fallecieron antes de junio, no hay autopsias. El fiscal cuenta con las historias clínicas y los testimonios de los familiares, pero no puede obtener información a través de la exhumación de los cadáveres, porque todos los valores toxicológicos y las pruebas que se pueden recolectar de esa pericia se diluyen con el tiempo.
En el listado original con el que Garzón arrancó la investigación también aparecen ocho niños que habrían quedado con algún tipo de lesión. ¿Existe algún patrón común entre todos los fallecidos y los que quedaron con esas lesiones? ¿Se pueden constatar esas lesiones? ¿Fueron todos víctimas del mismo proceder insidioso provocado una misma persona o recibieron distintos tratamientos que responden a diferentes procedimientos médicos? Constatar qué tipo de medicación y a qué dosis se empleó en los 13, será clave.
El fiscal tiene en su poder las historias clínicas y los testimonios de los familiares, entre otras pruebas. También puede ordenar una pericia a los bebés que tienen supuestas lesiones, exámenes clínicos no invasivos, con el soporte de un apoyo interdisciplinario de un equipo que contenga a las familias. Sin embargo, algunos abogados patrocinantes no están de acuerdo para no revictimizar a los niños. Hasta el jueves, ninguno había recibido la notificación del fiscal de querer ordenar una pericia a los bebés que quedaron con lesiones.
