Desde hace décadas Córdoba ha provisto de piedra y minerales a buena parte del país. Se estima que la actividad moviliza unos 1.500 camiones diarios de material. El precio de esta actividad económica deja sus huellas en las sierras de Córdoba: cientos de canteras y minas que parecen dolorosas mordidas en las montañas y los ecosistemas.
El sector minero defiende esta actividad como imprescindible para la vida moderna y asegura que están buscando la manera de remediar las marcas en el paisaje y minimizar el impacto en el ambiente.
Sin embargo, es una actividad cada vez más resistida por la ciudadanía. En la actualidad las zonas más calientes están en Sierras Chicas y Paravachasca. Vecinos de estas regiones aseguran que la actividad se ha incrementado en los últimos años con el objetivo de alimentar de materia prima al desarrollo inmobiliario y a la obra pública, incluidas las polémicas autovías serranas.
Una encuesta a 224 municipios de Córdoba indica que 52 de ellos presentaban en su zona canteras que requieren remediación. La encuesta fue realizada por la Secretaría de Ambiente de Córdoba para su Diagnóstico Ambiental de 2021.
Cuántas canteras hay en Córdoba
Desde la Secretaría de Minería de Córdoba detallan que en la actualidad existen 137 emprendimientos mineros activos, de los cuales 78 son canteras que extraen arena, piedra para construcción y rocas ornamentales. También hay 21 minas de minerales.
El resto son plantas que procesan estas materias primas, aseguraron desde esta dependencia a través de un correo electrónico y en respuestas a un pedido realizado por La Voz. Pero la autoridad también reconoce otras 400 plantas “vigentes”, esto es, canteras con aperturas y cierres temporarios, según el nivel de demanda del producto en el mercado.
Y el número se incrementa a cerca de tres mil para los emprendimientos registrados con un informe de impacto ambiental, documento exigido por ley desde 1998,por lo que deberían realizar una remediación. Desde 1916, el registro de minas (excluyendo a canteras de áridos) supera las 11 mil concesiones en Córdoba.
Minería, una actividad que deja huellas
Generación minera más sustentable
Gonzalo Martínez, tercera generación minera dentro de la empresa Fluorita S.A., asegura que la actividad tiene “mala fama”, y agrega que se ha hecho muy poco para defender su rol en la vida moderna.
“La gran mayoría de las cosas que nos rodean vienen de los minerales. E incluso la actividad agropecuaria es una bomba extractora de minerales, pero no es tan cuestionada”, ejemplifica.
Sin embargo, cree que hay un cambio de conciencia en el sector. “Hay una necesidad, pero también un compromiso y una forma de pensar que está cambiando. Es algo que está pasando en otros rubros, porque el cambio es generacional. Es indispensable tener la licencia social y ser sustentables para trabajar”, asegura.
Para Gonzalo el mayor impacto que tiene la minería en Córdoba es la contaminación visual. “Es lo más agresivo en una provincia donde ha crecido el turismo que necesita de esos paisajes”, opina.
Silvia Navarro Ramos, bióloga que realizó su tesis doctoral de Conicet sobre remediación de canteras, reconoce que la minería cordobesa tiene menos impacto que los megaproyectos de la cordillera. Sin embargo, explica que tras la actividad de canteras el sitio queda muy degradado.
“Es como si le hubieran sacado un bocado a la montaña. Ese material es almacenado en otro lugar. El lugar presenta muchas pendientes y mucha exposición solar, todo erosionado, no hay ni un solo árbol”, detalla.
El pasivo ambiental que no se remedia
El impacto ambiental inicia desde que la cantera comienza a producir: explosiones, polvo en suspensión y movimiento de camiones por caminos que a veces no son aptos para el transporte pesado.
Pero el daño se transforma en un pasivo ambiental “eterno”, si la cantera deja de funcionar y no hay remediación del lugar. Las autoridades provinciales precisaron que hasta 1995 la normativa no tenía en cuenta el impacto ambiental de la actividad, pero desde hace algunos años, la remediación forma parte del proceso.
Sin embargo, en la normativa este concepto es amplio, ya que puede consistir en reconstituir el ambiente original (con su flora y fauna autóctonas), pero también reutilizar el lugar con fines recreativos, urbanización o para realizar agricultura o turismo.
Los vecinos de las zonas afectadas aseguran que no hay remediación. “Están los socavones como hace 10 o 15 años, cuando las canteras dejaron de producir. Y son sitios de categoría roja para la ley de bosques”, detalla Diego Aranda, vecino de Los Aromos e integrante de la Asamblea Paravachasca.
Navarro Ramos asegura que el destino final de una cantera debería ser restaurar el sitio a su ecosistema original, sobre todo, para emprendimientos amparados bajo la ley de bosque actual, que permite la actividad minera incluso en zonas con bosques de máxima conservación.
“La restauración debe ser parte del proyecto minero. Si se genera una impresionante huella ambiental con la actividad, debo tratar de revertirla luego y de reducir el impacto mientras la cantera está en producción”, señala.
La experta sabe del rol importante que tienen los minerales en la vida moderna. Para ella la salida es mejorar el trabajo conjunto entre las mineras y los ecólogos que estudian como restaurar el lugar y hacer la actividad más sustentable. “En Argentina hay mucho por hacer, pero mucha resistencia desde las empresas”, afirma.
Sobre esto punto, desde el Gobierno de Córdoba detallan que en los últimos 20 años se han mejorado los mecanismos de control sobre las explotaciones mineras con vistas a disminuir su impacto final. Otros aspectos que se controlan mejor, según las autoridades, son el uso de explosivos para evitar vibraciones, la emisión de material particulado a la atmósfera y los ruidos generados durante la extracción y el procesamiento.
Ponen como ejemplo que la mayoría de las canteras disponen de viveros propios para regenerar la flora autóctona. “La producción forestal excede 10 o más veces la reposición de la superficie que eventualmente puede afectar por año”, aseguran desde Minería.
Más minería, más resistencia social
Diego, de la Asamblea Paravachasca, asegura que la resistencia social ha crecido debido a que también han aumentado emprendimientos mineros, por lo que la gente convive cada vez más cerca de los socavones y de las explosiones.
Desde el Gobierno de Córdoba aseguran que los “roces” entre las mineras y los vecinos se generan porque la mancha urbana avanzó. “Hay establecimientos llevan radicados más de 50 años y originalmente estaban alejados de las áreas pobladas”, explican.
Desde la asamblea se plantean la pregunta: ¿minería para qué? “El aumento de la actividad tiene que ver con un modelo de producción y consumo. Las canteras están alimentando autovías y desarrollos inmobiliarios de barrios privados. Hay que repensar ese modelo y si no hay alternativas de construcción”, apunta Diego.
Además, reclama que los municipios y la provincia tengan una política territorial que promueva un ordenamiento ambiental y urbano para evitar conflictos y daños, que luego no se remedian y afectan a la población.
La Secretaría de Minería reconoce que en algunos casos no ha sido suficiente el trabajo de las autoridades locales y de las empresas mineras con la comunidad para explicitar el importante impacto económico que la actividad genera en las comunidades. “Y tampoco se difunden las medidas para minimizar los efectos negativos como el ruido, polvo en suspensión, vibraciones, etcétera”, señalan.
Normativa minera poco profunda
Navarro Ramos sostiene que la normativa está lejos de ser la ideal. “Las leyes refuerzan la idea de que la remediación debe servir para retener el suelo, pero la restauración ecológica es mucho más, es tratar de devolver al lugar lo que había antes”, explica.
Según la experta, las leyes no profundizan en cómo debe hacerse esa restauración. Por ejemplo, no exigen que se haga con especies autóctonas. “Tampoco se tiene en cuenta a la opinión pública. Nadie quiere que le instalen una minera al lado de su casa. La licencia social es muy importante en otros países”, señala.
Desde Minería coinciden en que hay falencias normativas: “Si bien de su articulado pueden desprenderse algunas previsiones que resultan aplicables, existe un vacío legal desde la órbita nacional respecto a la fijación de estándares y obligaciones para el cierre de actividades mineras”, aseguran desde el Gobierno de Córdoba.
Y aclaran que debido a que la reforma del código de minería entró en vigor en 1997, la gran mayoría de los pasivos ambientales mineros previos a la sanción de esta reforma, no son objeto de tratamiento por parte de Minería de la Provincia.
