Las últimas dos semanas en Córdoba estuvieron marcadas por graves hechos de violencia de género contra las mujeres. Por un lado, un escándalo por lo que dijo una joven cordobesa, Jazmín C. en el Senado en una supuesta retractación por haber denunciado a su padre por abuso sexual, una acusación que de falsa no tiene nada, según la Justicia, que difundió el fallo con todas las pruebas en su contra.
Por el otro, dos femicidios en 24 horas que nos recuerdan que la violencia machista necesita cada vez más políticas públicas para prevenirla, en un contexto de retracción total de inversión en la problemática.
Y la retracción no es sólo económica sino también simbólica. El Gobierno nacional ha instalado la idea de que los ministerios, secretarías y organismos dedicados a prevenir y erradicar la violencia de género eran gastos innecesarios y reductos de militancia política, como dijo el Presidente en su discurso de este martes a un año de su gestión.
Lo que no recuerda Javier Milei es que hay mujeres que están llamando a la línea 144 y no reciben respuesta porque redujeron en un 80% el personal; lo que no recuerda el Presidente es que una mujer en situación de violencia necesita –en muchos casos– una ayuda económica temporaria para poder separarse de quien recibe agresiones constantes. La dependencia económica de sus parejas es una de las mayores trabas para poder salir del círculo de la violencia.
Pero sería reduccionista endilgarle este abandono político y simbólico a la problemática sólo a una figura presidencial. Hay todo un arco social y político que no quiere hacerse cargo del problema y aprovecha el contexto.
Por caso, la senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, presentó ante una comisión del Senado un proyecto de ley para aumentar las penas por las falsas denuncias, sobre todo en casos que tienen que ver con violencia de género y abuso.
Mientras en la Justicia las fiscalías no dan abasto para investigar femicidios, abusos sexuales y otros hechos violencia de género, el Congreso cree que es necesario concentrarse en este momento en lo que se cree –pues no hay cifras oficiales– sería menos del 1% del total de denuncias, según consultas a distintas fiscalías que trabajan en la temática. Y que, para el caso, aducen que en muchas de ellas hubo condenas pues el Código Penal ya prevé multas y penas para este delito.
Instalar la idea de que las denuncias falsas son tantas que merecen un proyecto de ley para endurecer sus penas, es al menos, irresponsable en este contexto. Pero lo es peor aún la revictimización de personas para lograr apoyos a esta idea. Ese fue el caso de Jazmín C, una joven que denunció en 2020 a su padre por haberla abusado en forma reiterada cuando tenía entre 6 y 10 años. Fue llevada al Senado por Losada y allí leyó un escrito en el que decía que todo había sido un invento.
La Justicia condenó al padre de Jazmín C. en 2023 a 15 años de prisión luego de toda la prueba en su contra que incluía cuatro entrevistas y peritajes a la joven que dieron cuenta no sólo de los abusos sufridos, sino de las consecuencias que estos trajeron en su salud mental y de la desprotección que decía sentir por parte de su madre, quien no le creía. Profesionales de distintas disciplinas que intervinieron en la causa manifestaron en off the record una gran angustia al ver la exposición a la que sometieron a esa joven que hoy tiene 18 años.
Por su parte, especialistas en abuso sexual infantil recuerdan que la retractación es una etapa común en el camino de la revelación de un abuso por parte de niños y niñas: responde a múltiples factores, pero el principal es que ven que su develamiento causó angustia y enojo en sus seres queridos, la disolución de una familia y el cambio rotundo en sus vidas, así ahora estén alejados de ese abusador.
La realidad habla por sí misma
En Córdoba ocurrieron 14 femicidios en lo que va del año, según el conteo que realiza La Voz, los últimos dos ocurrieron el 10 y 11 de diciembre, con una diferencia de 24 horas.
En uno de ellos, el de Jésica Domínguez, fue asesinada esperando el juicio contra su expareja. Contaba con botón antipánico, restricción de acercamiento y consigna policial. Aún así su pareja la asesinó e intentó quitarse la vida.
Esto deja en claro que las medidas de protección a la víctima aunque sean múltiples no terminan con la problemática pues el problema no está en la víctima sino en el agresor: hasta que no se trabaje en desarmar las conductas controladoras, machistas y violentas de los varones, las mujeres seguirán siendo asesinadas.
Para ello se necesita, de inicio, un fuerte compromiso social y político que en la actualidad parece muy lejano de lograr.
