En el Centro de la ciudad de Córdoba se protesta por salarios o por planes sociales. En los barrios, por inseguridad. En el noroeste de la Capital, la delincuencia ya hastió a los vecinos, que no pueden dejar un auto estacionado en la calle sin perder la goma de auxilio o lo que tengan a mano en el asiento trasero, como experimentaron dos diputados nacionales que comían un asado en una casa en barrio Urca. En el sudeste, el temor son los asaltos callejeros y los motochoros. Y en el sur-sur, los robos a punta de pistola y todo lo demás.
Pero no es un fenómeno sólo capitalino ni de las grandes ciudades. Las protestas se repiten en pequeños pueblos que quizá nunca habían experimentado inseguridad, y en zonas rurales donde se reiteran robos de silobolsas, maquinarias y equipos o ganado.
La inseguridad y la violencia se convirtieron en el tema que más preocupa en un país que rozó el 100 por ciento de inflación el año pasado y en 2023 va por el mismo camino. Es el dato.
La proximidad de las elecciones, a su vez, pone a la inseguridad y a las propuestas de soluciones de pensamiento mágico en el centro de la agenda de discusión pública.
La última gran cosa -”the next big thing”, dicen en inglés- es tratar de parecerse a Nayib Bukele, el carismático y discutido presidente de El Salvador.
Luego del éxito viral de las imágenes del traslado de los hipertatuados pandilleros que son parte de las peligrosas maras de ese país, sólo vestidos con calzoncillos blancos a una cárcel de máxima seguridad, dirigentes locales se pronunciaron por soluciones “a lo Bukele” para atender el caos rosarino y el menos difundido del Conurbano bonaerense.
Es así como surgió el pedido de que se involucre el Ejército, algo que no está permitido por la Ley de Seguridad Interior y es para muchos uno de los mayores legados de la restauración democrática del 1983: después de la dictadura, los soldados nunca más debían investigar y reprimir a civiles.
Decir que hay “ejércitos narcos” es asumir un argumento similar al que esgrimieron los represores para justificar el empleo de todos los recursos del Estado para torturar y asesinar a integrantes de organizaciones políticas, aquellas que habían optado por la lucha armada y también las que sólo ejercían el derecho constitucional de reclamar.
Incomunicar a los detenidos porque en Rosario -y también en el caso del joven descuartizado por sicarios de Malvinas Argentinas, en Córdoba- se ordenan crímenes desde los calabozos es otro reclamo del momento. Tratar de resolver ese problema con una ley o una orden política es inocuo para quien obtiene ese y otros beneficios de la corrupción penitenciaria, y es un límite más para aquellos pocos internos que en verdad están en el camino para el que fueron pensadas las cárceles: la resocialización. ¿De qué manera podría reintegrarse a vivir en esta sociedad una persona incomunicada de su entorno afectivo y sin conocer las más mínimas herramientas digitales?
Las pistolas Taser plantean otro tema parecido. Después de una larga controversia, el Gobierno nacional le permitió al gobierno porteño comprar 60 armas eléctricas. ¿Son la solución a la inseguridad? Córdoba tiene dos Taser desde hace 16 años y las usó seis veces, todas en casos de personas con desequilibrios mentales que se habían atrincherado y tomado como rehenes a sus propias familias. ¿Resolverían el problema que preocupa a los vecinos que tienen miedo en barrios y poblados?
En la experiencia de Córdoba, en verdad podrían ser más útiles para tener algún caso menos de gatillo fácil y brutalidad policial, porque el disparo apresurado o excesivo no generaría consecuencias letales.
En otros momentos, surgieron como “soluciones” bajar la imputabilidad a jóvenes y adolescentes que delinquen, cuando siguen siendo una mínima parte los delitos que son atribuidos a menores de 18. O elevar las penas para algunos delitos.
La política de seguridad de Córdoba sigue desde hace varios años el modelo colombiano -el paradigma opuesto al de Bukele-, que busca disputar los territorios al delito y al narco, reforzar la presencia del Estado allí donde es fuerte el cartel o la banda e integrar a los vecinos en la estrategia de prevención.
El menú actual combina la Policía Barrial, la creación de polideportivos, los centros barriales de participación,las alarmas comunitarias, los grupos de WhatsApp conectados con la Policía y las cámaras de videovigilancia.
Pero hay algo en la idea que no estaría funcionando en la realidad, porque los vecinos se cansaron de hablar por WhatsApp con el comisario y están protestando en las calles.
