Andrea Sisa es una vecina de La Falda, en el Valle de Punilla, que desde hace 20 años vive con su madre en una casa sobre calle Presidente Illia.
En barrio Villa Edén se vive con la paz y la tranquilidad que suele atraer a los turistas que llegan a esta ciudad y recorren ese pintoresco sector poblado de árboles añosos y casonas centenarias.
Para Andrea, todo cambió hace poco más de un año cuando la vida tranquila mutó a escenas que describe como de una película de terror.
La mujer denunció que su vecino arrojó de manera reiterada agroquímicos y productos tóxicos sobre su propiedad, provocando la muerte de plantas, árboles, animales domésticos y afectando su propia salud y la de su madre.
La causa se tramita en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, donde el 2 de febrero pasado las mujeres denunciaron formalmente a su vecino por usurpación y daños, en un expediente que ya acumula peritajes, actas notariales, informes técnicos y reclamos a distintas áreas del Estado.
Según la presentación, los primeros ataques se dieron en marzo de 2024. Desde entonces, se registraron más de diez episodios de contaminación intencional, verificados por Bomberos, la Municipalidad de La Falda, el programa policial Ojos en Alerta y el laboratorio provincial Ceprocor, que confirmó la presencia de pesticidas prohibidos en suelos y aguas.
Un documento público labrado por una escribana evidenció y dejó asentado de manera oficial el muestreo y el estado del inmueble.
Sin embargo, las denunciantes aseguran que ninguna autoridad municipal ni provincial ejecutó medidas efectivas hasta ahora para frenar el daño ambiental y humano.
El reclamo, en primera persona
“Vivimos respirando veneno. Todo lo que tocamos está impregnado. Y nadie hace nada”, lamentó Andrea, que agregó que ya el 17 de julio de 2024, un ingeniero agrónomo relevó el predio y constató daños visibles en la vegetación.
Luego, la Municipalidad de La Falda, en un acta fechada el 30 de septiembre, confirmó el deterioro en el terreno.
En octubre de 2024, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba verificó el uso de agroquímicos ilegales. Un mes después, el Ceprocor tomó muestras, cuyos resultados fueron comunicados el 7 de enero de 2025: dieron positivo en sustancias tóxicas.
El informe fue remitido a los ministerios de Bioagroindustria, de Ambiente y de Salud de la Provincia, pero –según las víctimas– “no hubo ninguna respuesta concreta aún”.
El 22 de enero pasado, funcionarios provinciales volvieron al lugar y constataron que la contaminación persistía y que no se había hecho ninguna remediación ambiental.
Pocos días más tarde, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda del vecino en el que la Policía Judicial secuestró bidones con restos de agroquímicos. El Ceprocor, en junio pasado, confirmó también que el contenido de esos recipientes coincidía con los productos detectados en la casa de las Sisa.
Entre la burocracia y los expedientes
En mayo, las denunciantes solicitaron al Concejo Deliberante y a la Municipalidad de La Falda información sobre el Código Ambiental local. El municipio respondió que el expediente “solo contenía la denuncia” y que no tenía competencia para ejecutar tareas de remediación.
También pidieron estudios sobre las napas de agua subterráneas, ante el riesgo de contaminación para todo el barrio.
“Hace más de un año que pedimos ayuda. El olor, el polvo, los síntomas físicos son cada vez peores. Y seguimos viviendo entre químicos”, señaló Andrea.
El 16 de octubre pasado, el vecino denunciado fue indagado por la fiscalía. La próxima instancia está prevista para el 13 de noviembre, cuando se le realizará una pericia interdisciplinaria para evaluar su situación psicológica.
Mientras, las víctimas reclaman que se cumpla el artículo 302 del Código Procesal Penal, que habilita a los fiscales a disponer medidas urgentes de protección ambiental, entre ellas la restricción de acercamiento, la remediación del suelo y el retiro de los elementos contaminantes
“El caso es muy novedoso en materia penal, y el perjuicio que han sufrido las víctimas es enorme”, sostuvo Martín Capdevila, abogado de las mujeres denunciantes.
“Además, tiene una dimensión a causa de los niveles de contaminación detectados que comprometen la salud pública de los vecinos”, agregó el letrado.
“Destacamos el compromiso de la Fiscalía de Cosquín con la investigación, no así respecto de las autoridades del municipio de La Falda, ni de los ministerios provinciales quienes, hasta hoy, se niegan a intervenir en la urgente remediación del daño ambiental provocado, pese a que la Justicia se los ha ordenado hace un mes”, expresó Capdevila.
Un interrogante, de unos y otros, es cuál sería la causa detrás del arrojo frecuente de tóxicos en una vivienda.
