En la semana que pasó hubo cuatro policías detenidos por delitos: uno por robo, otro por ser parte de una organización delictiva, uno más por violencia de género y un cuarto por abuso sexual con amenazas de arma de fuego a una empleada de limpieza.
Estos casos se suman a la reciente detención de una operadora del 911 de la Policía por filtrar datos a una banda que robaba autos, y al apresamiento de un oficial que trabajaba en la alcaidía de Río Cuarto, por varios casos de abuso sexual.
Llama la atención que, en esta pequeña muestra, la incidencia de los delitos de corrupción policial –ser parte de bandas criminales– sea igual que la de los uniformados acusados de delitos sexuales.
En lo que va del año, ya son nueve los policías imputados por abusos sexuales, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.
En una institución con 22 mil hombres –hay hombres y mujeres, pero la mayoría absoluta son hombres–, que haya nueve casos recientes de delitos sexuales no es un dato estadísticamente significativo. Pero sí obliga a prestarle atención, por un aspecto que sí es estructural: el abuso sexual es, antes que nada, un abuso de poder; y un policía está en muchas ocasiones en una posición de asimetría con una víctima, con un detenido o con otro policía de menor jerarquía.
La autoridad policial es necesaria. Pero estos hechos -y muchos más del pasado en la institución- generan la evidencia de la necesidad de incorporar dentro de las formaciones de conducción perspectivas de género y algún mecanismo de prevención de abusos de poder. Una suerte de brigada de educación sexual integral (ESI), en particular para quienes van ascendiendo en las jerarquías y acumulando más poder.
La sociedad entera tiene aún sesgos patriarcales, hay discriminación, distintas formas de abuso o de intimidación y una variada gama de inequidades en contra de las mujeres y de las diversidades. El personal que integra una fuerza de seguridad sale de esa misma sociedad. Pero, por tradición machista, puede ser incluso peor.
Hay casos que parecen exhibir un “momento de verdad”, alejado del discurso controlado hacia lo políticamente correcto ya filtrado por las distintas instancias de las cadenas de mando y de supervisión política.
Se refiere aquí el caso de la imputación y el pase a retiro del comisario inspector Mario Véliz, exjefe de Tránsito de la Policía, quien fue denunciado por un sargento primero homosexual por distintos actos de hostigamiento y maltrato. “Mandalo a ese putito a la marcha gay, que ahí se siente bien”, cuenta el abogado del oficial, Jesús César Calvo, que Véliz decía de aquel cuando casi 10 años atrás lo tenía como subordinado en el Cabildo, en el Centro de la ciudad de Córdoba, al asignarle la cobertura de las marchas de orgullo. Luego se volvieron a cruzar en la Caminera y allí el jefe le hacía limpiar los baños y le daba un móvil sin aire acondicionado ni calefacción, sólo para molestarlo.
Al sargento hostigado, le asignaron un lugar en el Polo de la Mujer. Este caso es seguido de cerca por muchos policías gays, entre ellos algunos jefes, que sufrieron postergaciones, maltratos y muchos de ellos no se animan a “salir del clóset” para poder continuar en la institución.
Si la calle no ofreciera un campo minado de inseguridad y violencia urbana, la Policía debería entregarse de lleno a la depuración y a la introspección. A “deconstruirse”, como se decía hace un tiempo, que hoy parece cancelado. No deja de ser necesario.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, acepta que estos casos no son aislados, pero entiende que tampoco son mayoritarios y resalta que fueron dados a conocer por la propia Policía y que por su instrucción nadie esconde ni protege a ningún “delincuente disfrazado de policía”, como reitera cada vez que puede.
“Esta no es una crisis; es una oportunidad para enviar un mensaje claro: acá no existe espíritu de cuerpo mal entendido. En la calle, espalda con espalda, pero que nadie espere que se esconda nada ni se busque tapar un delito”, remarcó.
No esconder la basura debajo de la alfombra no está mal para empezar. Pero sería mucho mejor que los policías dejaran de delinquir y abusar de la autoridad que se les confió. Hasta aquí, casi el único renglón en el que hay menos policías acusados es el del abuso de armas o gatillo fácil, y tiene una sola explicación: la provisión de armas no letales Byrna, que disparan balines de goma o de gas, y que a pesar de que están siendo usadas a mansalva, no matan, y por lo tanto no generan denuncias, pases a situación pasiva, causas judiciales.
