Personas con discapacidad, sus familiares y trabajadores del sector se movilizan este martes en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente vetada por el presidente Javier Milei. Las protestas, impulsadas por organizaciones como la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen lugar en diversos puntos del país, incluyendo Córdoba Capital, Cosquín y Río Cuarto.
En la capital cordobesa, la movilización se concentra en la Plaza San Martín desde las 12 del mediodía. En Cosquín, los manifestantes se reunieron en la Plaza San Martín a las 10:30, y en Río Cuarto, la protesta también comenzó a las 12 en la plaza central. La jornada incluye marchas, un paro y clases públicas para visibilizar la crisis que atraviesa el sector.
El veto presidencial, oficializado el lunes junto a otras leyes de impacto social, como el aumento a jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional, fue justificado por el Gobierno bajo el argumento de que las iniciativas implican un gasto para el Estado. Sin embargo, el sector de la discapacidad refuta esta postura.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) se remarcó que “el costo que tiene la implementación de esta ley no llega a un centésimo de punto del PBI”, asegurando que “no afectan al equilibrio fiscal”. En un contundente comunicado, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó: “Un veto total no es austeridad: es abandono”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría y buscaba mejorar el presupuesto destinado a salarios y pensiones, abarcando “múltiples realidades”. Además, la iniciativa pretendía garantizar las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral en un sector “totalmente golpeado por la crisis y el recorte de fondos”. El Foro advirtió que, ante el veto, “hoy, esas personas, están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre”.
Las organizaciones critican duramente al Gobierno, señalando que la “crueldad presidencial no tiene argumentos, el desequilibrio es social y no fiscal”. Además, expresaron su preocupación por el uso de dinero público para “deseos personales” del presidente, como viajes al exterior o su asistencia a eventos partidarios, mientras se ajusta a los sectores más empobrecidos.
La ley había generado “alegría y expectativas” tras el “apoyo unánime del Senado”. Ahora, la decisión final recae en ambas Cámaras del Congreso, que tienen la potestad de rechazar o sostener el veto presidencial. Para desestimar el veto, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en Senadores. El colectivo espera el mismo apoyo de Diputados que recibieron del Senado para revertir la medida.
Con la consigna “¡La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla!”, la lucha del colectivo por una vida digna continúa, exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones como garante de derechos para las personas con discapacidad.
