El desmonte ilegal en Córdoba acusó un freno en 2022, pero lejos estamos de aspirar a la “deforestación cero”. Para las autoridades es como soñar con una provincia con “delincuencia cero”.
Pero lo cierto es que el año pasado, la Policía Ambiental de Córdoba detectó 4.511 hectáreas de bosque nativo intervenidas ilegalmente. Es un 22,5% menos que lo ocurrido en 2021.
En 2022, la tasa de desmonte sin autorización se compara a una pérdida diaria de 16,66 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.
Los bosques nativos son claves para la regulación hídrica y climática de la región. Los valles serranos, el norte cordobés y el Parque Nacional Ansenuza dependen de estos ecosistemas para atraer a más visitantes.
En 2021 fueron afectadas 5.820 hectáreas, un pico en este monitoreo que había logrado una tendencia estable por debajo de las 5.000 desde 2019.
Victoria Muccillo, principal responsable de la Policía Ambiental, destacó que la disminución se observó principalmente en la práctica de rolado de mantenimiento en sectores de categoría amarilla según ley provincial 9.814.
Esta normativa, sancionada en 2010, dividió a los montes nativos en tres categorías según su grado de protección: rojo, amarillo y verde. En rojo se pintó a los ecosistemas mejor conservados y donde se pueden realizar pocas intervenciones autorizadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Muccillo cree que el descenso de estas prácticas puede deberse a tres causas. La primera de ellas, según la funcionaria, es una mayor presencia de Policía Ambiental en las áreas más afectadas. “Observamos que ya no hay intentos de intervenir áreas previamente afectadas. Es un indicador de que los sectores se han clausurado, permitiendo en muchos casos su recuperación natural”, asegura.
También señala factores climáticos. “La disminución de las precipitaciones desalienta la ejecución de este tipo de tareas por bajas probabilidades de éxito de los cultivos que se buscan desarrollar”, detalla.
Finalmente, cree que puede deberse a que 2022 “no era el año”. “Las tareas de rolado se realizan en intervalos que suelen fluctuar de tres a cinco años. En 2021 hubo más intervenciones de este tipo, por lo que podría ir incrementándose paulatinamente en próximos períodos”, advierte.
Muccillo explica que en la mayoría de los casos estas prácticas podrían implementarse con autorización previa. “Se ha trabajado y se trabaja para regularizar los campos y así lograr que ingresen al sistema y obtengan los permisos para trabajar”, señala.
Hay que aclarar que la Policía Ambiental sólo monitorea las intervenciones no autorizadas. La Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, habilita diferentes prácticas sobre el monte nativo que van desde un desmonte total para hacer una obra pública hasta rolados y desmontes selectivos en predios ganaderos. No se conocen datos sobre cuánta superficie anual es la afectada por estas intervenciones autorizadas.
Pérdida de nuestro monte
El monte nativo cordobés viene desapareciendo desde hace décadas.
Entre 2001 y 2019 se perdieron casi 170 mil hectáreas de cobertura boscosa, según el proyecto Montes (http://www.montesdecordoba.org). En tanto, el monitoreo de la Policía Ambiental detectó más de 48 mil hectáreas intervenidas desde 2016, fecha que comenzó a realizarse este relevamiento.
En los últimos años las intervenciones ilegales detectadas en Córdoba son de cuatro tipos:
- Zona al norte de Jesús María. Rolado y desmonte selectivos para ganadería.
- Noroeste. Desmonte para aprovechamiento forestal. Generalmente, suelen ser grupos de hacheros que van raleando de árboles un predio.
- Región de Mar Chiquita. Intervenciones de campesinos en remanentes de bosque o arbustales que pueden crecer en suelos más salinos.
- Sectores periurbanos en las Sierras. Desmontes totales para desarrollos inmobiliarios.
El año 2017 fue récord en desmonte ilegal porque se masificó el uso de químicos. Desde la Policía Ambiental aseguran que han bajado casi a cero esa práctica no autorizada.
Bosques de categoría roja
La Policía Ambiental pone el foco especialmente en los sectores rojos, porque se trata de los ecosistemas mejor conservados. En 2022, fueron afectadas 2.074 hectáreas bajo esta categoría.
De ellas, 719,6 hectáreas fueron desmonte total y 847,1 hectáreas se les aplicó un desmonte selectivo. El resto fueron prácticas menos perjudiciales como rolados de mantenimiento, apertura de picadas y cortafuegos.
Según Muccillo, estas intervenciones más drásticas suelen tener por objetivo generar nuevas tierras para actividades productivas. “La eliminación de la vegetación nativa que permite establecer cultivos o pastizales para la producción de granos y/o ganado”, señala.
Pero también puede tener como objetivo “limpiar” predios para dar paso a la consolidación de loteos, infraestructuras u otros proyectos de desarrollo inmobiliario. En el sector rojo, las intervenciones que autoriza la Secretaría de Ambiente son más acotadas, aunque puede permitir un desmonte total para obra pública.
De todas formas el desmonte ilegal está lejos de tener el impacto que anualmente tienen los incendios en Córdoba. El año pasado se quemaron 81.544 hectáreas, según la cifra oficial del Gobierno de Córdoba.
No obstante, la mayor parte fueron áreas cultivadas (46%) y luego matorrales y arbustales (26%), los cuales por lo general están en categoría amarilla. Y se quemaron 5.557 hectáreas de monte nativo en buen estado (7% del total del área afectada por los incendios.
Acelerar los tiempos de detección
Muccillo se hizo cargo de la Policía Ambiental en mayo de 2023, aunque por años fue parte de esta cartera que históricamente estuvo a cargo de Adrián Rinaudo, hoy legislador provincial.
La funcionaria se fijó como objetivo a corto plazo acelerar los tiempos de detección de las intervenciones ilegales. “Eso nos permitirá reducir la superficie desmontada y paralizar la actividad a tiempo para minimizar los daños ambientales. Para ello, trabajamos para que los sistemas de detección obtengan datos precisos y certeros”, indicó.
Según Muccillo, las herramientas que utiliza la Policía Ambiental “son muy eficaces, pero requieren del perfeccionamiento y actualización constantes”. El sistema de detección está basado en el monitoreo de imágenes satelitales, que se contrastan con información catastral y el registro de intervenciones autorizadas. A su vez, se suman trabajos de inspección y constatación a partir de sobrevuelos en aviones y por la vía terrestre.
Tras la detección de una intervención no autorizada se inicia un sumario administrativo al dueño del predio. Durante la investigación se fijan responsabilidades y sanciones como multas y la recomposición ambiental por medio de la reforestación.
Río Seco, el departamento más afectado
Río Seco, con 1.041,5 hectáreas, fue por lejos el departamento más afectado de las intervenciones ilegales en zona roja.
Según el proyecto Montes, en 2000 el departamento Río Seco tenía 145 mil hectáreas cubiertas con bosque nativo, el 21,5% de su superficie. Pero entre 2001 y 2019 perdió más de 27 mil hectáreas y desde 2019 hasta el año pasado la Policía Ambiental detectó desmontes ilegales en 2.534,6 hectáreas más.
Muccillo explica que las intervenciones en este distrito son difíciles de detectar porque muchas veces cuesta acceder a los predios. “Es un departamento que ha convertido importantes extensiones de bosques nativos a áreas de cultivos anuales o de pasturas exóticas para la actividad pecuaria en los últimos años”, señala.
Pero agrega: “La mayoría de los desmontes se dan en predios que no tienen una fisonomía de monte cerrado con ejemplares de gran porte, sino que frecuentemente se intervienen superficies con jarilla y palo azul, muchas veces utilizando fuego con el objetivo de promover el crecimiento de pasturas naturales que sirvan para el pastoreo de ganado”.
Luego de Río Seco siguieron Tulumba (316,1 hectáreas) y Río Primero (222 hectáreas), otros distritos que conservan más bosque. Cuarto se ubica San Justo (100,2 hectáreas). Las intervenciones en este departamento se realizan en zonas boscosas pegadas a la laguna Mar Chiquita y al río Xanaes.
Dónde denunciar. Para denunciar un desmonte, se puede llamar al 0800-777-0220 o 351-3108709 (WhatsApp). E-mail: Policia.Ambiental@cba.gov.ar. Desde la web y con usuario Cidi: denunciaspoliciaambiental.cba.gov.ar
La situación en otras provincias
El norte argentino es la principal región afectada por los desmontes. Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero fue la provincia más afectada por los desmontes en 2022 con 38.492 hectáreas intervenidas. “Más del 80% fueron desmontes ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en la categoría roja y amarilla”, indica el informe. La ONG tiene en cuenta el artículo 14° de la ley nacional 26.331, la cual indica que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías I (rojo) y II (amarillo)”.
En tanto, en Chaco se perdieron 36.159 hectáreas. Y le siguieron Formosa (22.664 hectáreas) y Salta (15.230 hectáreas).
