La decisión del Gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Educación Nacional N° 26.206 con la intención de penalizar el adoctrinamiento en las escuelas provocó cierto malestar y revuelo en los ámbitos educativos.
Desde distintos sectores consideran que las autoridades desconocen la realidad educativa y la manera en que se enseña y aprende en las aulas argentinas. Diversas voces creen que lo que se pretende con este proyecto, paradójicamente, es adoctrinar denunciando adoctrinamiento.
El tema se instaló en el debate público días atrás cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció también que el Ministerio de Capital Humano abriría un canal para que las familias denuncien este tipo de situaciones.
La intención de la Nación es modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional que establecen, por una parte, los fines y objetivos de la política educativa nacional y, por otra, determinan los deberes y los derechos. En el artículo 11 se destaca la importancia de los valores éticos y democráticos de la participación, la libertad, la diversidad cultural, la igualdad y el respeto de las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
El artículo 126 contempla cuestiones como la educación integral e igualitaria y el respeto de la libertad de conciencia de los alumnos en el marco de la convivencia democrática.
Los especialistas consultados por La Voz advirtieron que este tipo de medidas pueden resultar peligrosas y que pueden ser interpretadas como un amedrentamiento con la intención de generar temor y disciplinar a los docentes.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que en las aulas de Córdoba no se adoctrina.
Si bien el ministro Horacio Ferreyra dijo que sólo conoce el proyecto anunciado por Adorni por los comentarios periodísticos, enfatizó que en Córdoba no hay adoctrinamiento.
“En educación no se adoctrina sino que se forma en valores, se forma en respeto, en diversidad, se forma en la democracia y en poder trabajar las diferencias. En las instituciones educativas de Córdoba, desde Ciudadanía y Participación se trabajan estos contenidos de esta manera”, puntualizó Ferreyra. Agregó que la idea de adoctrinar no va de la mano de la educación.
“Las propuestas de Córdoba no apuntan a adoctrinar sino que apuntan a generar espacios de pensamiento crítico, de poder discutir, dialogar, de buscar los puntos en común, las diferencias para construir”, agregó.
La neutralidad no existe
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC-UEPC) explicó que enseñar moviliza siempre valores e intencionalidades. “No existe la neutralidad como tal. Por ejemplo, tomamos partido a favor de la igualdad, la democracia, la inclusión y el respeto por la diversidad. Quien enseña en un aula, lo hace en representación del Estado, que mediante definiciones curriculares nacionales y provinciales establece contenidos y finalidades educativas, en el marco de leyes educativas”, detalló.
Gutiérrez remarcó que quien enseña es un sujeto con posiciones y opiniones sobre esos mismos contenidos y, dijo, que esto es así desde los orígenes mismos del sistema educativo argentino. “Un problema existiría si la perspectiva del docente o su opinión se presentase como el único e indiscutible punto de vista posible, que lo hiciera en contra de los consensos de la comunidad científica o suprimiendo contenidos escolares garantizados por las leyes que el Estado sanciona a través de sus órganos democráticos, como leyes de medio ambiente, memoria, verdad y justicia o ESI (educación sexual integral), entre otras”, remarcó.
También explicó que sería un problema que las diferencias de opinión entre docentes y estudiantes se zanjaran con represalias en notas o que los estudiantes recibieran contenidos sin derecho a réplica y sin criticar nada. “Sólo quien desconoce absolutamente nuestras escuelas y jamás camina nuestras aulas podría creer que esta es la realidad de nuestro sistema educativo. En las escuelas del país y la provincia las y los estudiantes cuentan con múltiples espacios de participación que multiplican y diversifican las perspectivas sobre los contenidos enseñados”, subrayó el director del Iciec-UEPC. Agregó que, además, el sistema educativo posee equipos directivos y supervisores que, entre otras cosas, velan por el tratamiento adecuado de los saberes escolares.
“El adoctrinamiento tal como se ha instalado en el debate público es producto de la imaginación de quienes desconocen tanto las escuelas, como las leyes que rigen su funcionamiento y el sistema educativo. En Argentina tenemos escuelas profundamente plurales, con estudiantes que aprenden a convivir con las diferencias y a hacerlo de modo respetuoso y democrático. Escuchar una forma diferente de ver la sexualidad, el medioambiente en una escuela fumigada o aprender que es con la palabra y no con la violencia física que se deben resolver las diferencias, son los aprendizajes nodales de la escuela y son también lo mejor que tenemos para ofrecer, desde el nivel inicial, hasta el nivel superior, a nuestra ciudadanía”, aseguró Gutiérrez.
En este sentido, consideró que el proyecto de ley para penalizar el adoctrinamiento, junto al 0800 de denuncias que se quiere implementar, “sólo se pueden interpretar como un intento de amedrentar y disciplinar (y así, paradójicamente, adoctrinar) a la docencia, fragmentando su vínculo con la comunidad educativa y empobreciendo la educación”.
Por su parte, el especialista en educación Gabriel Brener explicó que adoctrinar es un acto de violencia sobre otra persona y que supone al menos dos partes, una que en forma arbitraria disciplina a otra que es mera docilidad. “Es el acto más opuesto a la libertad, porque se sostiene en la domesticación del otro como máxima pretensión”, definió.
Brener cree que la discusión de estos días propuesta desde el Gobierno podría entenderse como “un robo a palabra armada”. “Quienes se espantan y denuncian adoctrinamiento no hacen más que confirmar su devoción por la imposición de sus ideas como únicas”, planteó.
Y agregó: “Lo que cada vez es más notorio en quienes desean adoctrinar denunciando adoctrinamiento es la debilidad del argumento y la fuerza de la coerción. Y su especial devoción por generar obediencia y temor. Fíjense que lo único que proponen es la delación, una propuesta de mejora de la convivencia sobre la base de la anulación del otro o sus ideas”.
El experto subrayó que la escuela sigue siendo uno de los ámbitos más significativos de construcción de ciudadanía plural y democrática. “Aprender la libertad no es un acto portátil y virtual que solo se entiende en forma individual. La escuela es un lugar para aprender la libertad con solidaridad. Eso significa hacer efectivo el derecho exigiendo responsabilidad. Que sientas que tenés tanto el derecho a la igualdad como el respeto por tu diferencia. Y que valés, no como precio sino como persona”, sostuvo.
¿Adoctrinamiento? Una mirada desde la sociología y lo jurídico
La iniciativa del Gobierno nacional que prometió enviar un proyecto de ley para “penalizar” el adoctrinamiento en las escuelas aún no es más que solo una expresión discursiva. No se conocen detalles de ese proyecto ni los fundamentos de por qué se necesita una reforma en la ley 26.206.
Sin embargo, especialistas desde la sociología y el derecho constitucional plantean que es válido abrir la reflexión y el debate por los riesgos que implica instalar una idea como que existe a modo general adoctrinamiento y el riesgo de que el mecanismo de control pase solo por los padres o alumnos. Los especialistas coincidieron en que, ante un caso puntual considerado como adoctrinamiento, ya existen mecanismos administrativos para tratarlo y que ese control se acuerda en un marco institucional, con especialistas.
La socióloga María Inés Landa recuerda que en la experiencia y el proceso de la enseñanza “no hay una posición objetiva”. “Siempre hay una posición política, en los textos, o a quién enseña. Lo político siempre está. Debe ser un tema abordado en la escuela y dialogar en torno a las diferentes posiciones que existen, pero nunca excluirlo o negarlo”. Y agrega: “Dejar el control docente en mano de los padres me parece muy peligroso”.
La socióloga ejemplificó con la experiencia vivida en Brasil respecto a esta postura: “En el Gobierno de (Jair) Bolsonaro hubo persecución a docentes y profesores a raíz de implementar este tipo de formas de control sobre lo que dice el docente. Creo que sí tiene que haber control pero en el marco de un sistema institucional, tiene que estar elaborado en forma rigurosa con especialistas bajo una lógica de un sistema democrático, que me parece que es justamente lo que este gobierno está poniendo en jaque de cierta manera: esas lógicas democráticas que tienen que ver con el reconocimiento de una pluralidad de voces, de posiciones políticas”.
Por su parte, Leticia Medina, que es doctora en Ciencias Sociales de la UNC, secretaria adjunta de Adiuc y secretaria General de CTA, cuestionó el concepto de “neutralidad” en la construcción del conocimiento. Aclaró que es un trabajo permanente de la comunidad científica las propias formas de validación del conocimiento mediante el cual se aceptan o rechazan teorías a través, por ejemplo, del método científico.
A su interpretación, lo que está en juego en estas iniciativas gubernamentales “no es tanto la defensa de un conocimiento neutral o de un conocimiento verdadero, científico, sino que más el propio rol de la universidad, en este caso”.
“La universidad es una institución que parte de un ágora, de un espacio público en donde los problemas y las cuestiones y los proyectos individuales pueden procesarse como problemas colectivos, como problemas sociales que deben ser atendidos fundamentalmente por el Estado. Este proyecto político pareciera estar apostando cada vez más radicalmente a la individualización, alentando la resolución de problemas de manera individual lo cual atenta contra las posibilidades de la supervivencia de lo social”, explicó.
Medina citó al sociólogo Zygmunt Bauman, quien en su libro En busca de la política, dice en en la primera página: “¿Qué clase de libertad hemos conquistado si tan solo sirve para desalentar la imaginación y para tolerar la impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas?”.
Una mirada constitucional
El derecho a la educación, a la información y libre expresión está contemplado en la Constitución Nacional. Los abogados constitucionalistas consultados aclaran que de haber casos puntuales sobre adoctrinamiento, ya hay herramientas para sancionarlo.
Para el abogado constitucionalista Jorge Gentile no hay que confundir educar con adoctrinar. “No es válido ni acorde con los derechos que se imponga una ideología, doctrina o un proceder de un partido político o de una religión. Pero en la práctica ya podemos combatir eso, no hace falta ninguna ley. Hoy se podría iniciar un sumario que deberá tener las pruebas necesarias para demostrar que hubo realmente adoctrinamiento”.
El constitucionalista recordó que hubo momentos de la historia en la que sí hubo adoctrinamiento como el caso del gobierno de Perón en el que se otorgaba manuales en la escuela primaria con consignas como “Evita me ama”. “Sin embargo, muchas veces hay exageraciones y si el gobernador fue a un colegio ya se cree que eso es adoctrinamiento y no es así. O que un padre escuchó una opinión de un profesor que no le gustó. Hay que lograr el equilibrio entre el derecho a la información y no en la imposición de ideas. Hay que remitirse a lo particular de cada caso”, aclaró.
Por su parte, el abogado constitucionalista Félix López Amaya indicó que el derecho a aprender está contemplado en el artículo 14 de la Constitución y que con la reforma de 1994 se incorporaron los incisos 18 y 19 que tipifican y caracterizan cuáles son los límites y objetivos de la educación argentina. “Se planteó el progreso de la educación, la búsqueda de la unidad nacional y los principios de gratuidad, autonomía y autarquía de la universidad. Ese debe ser el marco del análisis que tendría que tener un proyecto legislativo de ese tipo”.
También dijo que la ley 26.206 (del año 2006) no ha sido cuestionada ni judicializada en estos años, por lo que si hubiese deficiencias constitucionales, ya se hubiesen planteado.
El jurista recordó que cualquier ley es infraconstitucional, es decir que no puede ir en contra de los principios allí planteados. “Frente a esta iniciativa de pretender penalizar hay que estar atentos porque actualmente existen mecanismos para el control de la calidad de la educación, los excesos o incumplimientos que afecten la libertad de expresión, la igualdad”, explicó.
Y concluyó: “No es necesario reglamentar una ley con un fin policíaco o condenatorio de conductas que ya están previstas”.
